El abogado del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Carlos Brito, dijo que la audiencia de cesación de detención preventiva para su cliente fue fijada para este miércoles a las 09:30 horas en el Tribunal Sexto de Sentencia de la Corte Superior de Distrito de La Paz.
Fernández guarda detención preventiva desde hace un año y ocho meses en la cárcel de San Pedro de La Paz, acusado de ser responsable de las muertes de varios campesinos afines al MAS en septiembre del año 2008, en Porvenir, Pando.
Brito dijo que en la audiencia se fundamentará la solicitud de libertad de Fernández y manifestó que la defensa espera que el Tribunal determine alguna medida sustitutiva a la detención preventiva para que el ex prefecto y ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia pueda asumir su defensa en libertad, cuando comience el juicio oral en su contra el 8 de junio próximo.
Explicó que la cesación de detención procede para Fernández porque está detenido más de 18 meses sin sentencia, en tanto que la abogada de las víctimas de estos sucesos, Mary Carrasco, insiste en que aún no pasó ese lapso de tiempo por lo que el ex prefecto debe continuar detenido.
Esta audiencia de cesación de detención fue suspendida a mediados de abril pasado porque el Ministerio Público recusó al juez del Tribunal Sexto de Sentencia, Rubén Martínez.
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=27611
12.5.10
Asamblea de Derechos Humanos condenó represión en Caranavi
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos a través de un documento condenó la represión que sufrieron los pobladores de Caranavi por parte de efectivos policiales, cuyo resultado fue dos muertos, 23 detenidos y varios heridos.
“La causa de la muerte de los dos jóvenes fue resultado de la intervención policial, es inadmisible cualquier uso de la violencia de parte del gobierno en contra del pueblo indefenso”, señala la nota emitida ayer por la entidad de defensa de los Derechos Humanos en Oruro.
Aseguran los miembros de ese ente, que las versiones de los personeros del gobierno no fueron claras ya que se argumentaba la existencia de problemas internos en la dirección campesina de la región de Caranavi, sin embargo, se alargó el conflicto sin tomar en sus manos la resolución del problema que a vista de la población nacional crecía.
“Lo mínimo que puede realizar un gobierno es crear condiciones favorables para lograr soluciones satisfactorias entre las partes en conflicto y detener estas movilizaciones a tiempo para no tener que hacer uso de la fuerza velando la integridad de los bloqueadores y evitar muertes”, manifiesta la nota de la institución.
Enfatizan que las dos muertes y la “tremenda represión”, significan la violación a los derechos humanos de los trabajadores, sorprendiendo y asombrando a la ciudadanía entera, pues “tomando en cuenta que el actual ministro de Gobierno Sacha Llorenti, otrora activista de DD.HH., no pudo prever los efectos de la intervención policial y la violencia con que fueron despejados los piquetes de bloqueo”.
REIVINDICACIONES
Asimismo, la Asamblea de los Derechos Humanos apoya la movilización que realizan aún algunos sectores de los trabajadores, en rechazo al 5 por ciento de incremento salarial.
“Esta medida a vista de los derechos humanos es justa ya que no es simplemente una aspiración sino que es parte de los derechos laborales normados en la constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diversos convenios internacionales que protegen a los obreros. Por lo que es una obligación estatal el cumplimiento de otorgar un salario justo y la jubilación digna, siendo legítimo el pedido de los trabajadores movilizados contra el gobierno”, según DD.HH. de Oruro.
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=27616
“La causa de la muerte de los dos jóvenes fue resultado de la intervención policial, es inadmisible cualquier uso de la violencia de parte del gobierno en contra del pueblo indefenso”, señala la nota emitida ayer por la entidad de defensa de los Derechos Humanos en Oruro.
Aseguran los miembros de ese ente, que las versiones de los personeros del gobierno no fueron claras ya que se argumentaba la existencia de problemas internos en la dirección campesina de la región de Caranavi, sin embargo, se alargó el conflicto sin tomar en sus manos la resolución del problema que a vista de la población nacional crecía.
“Lo mínimo que puede realizar un gobierno es crear condiciones favorables para lograr soluciones satisfactorias entre las partes en conflicto y detener estas movilizaciones a tiempo para no tener que hacer uso de la fuerza velando la integridad de los bloqueadores y evitar muertes”, manifiesta la nota de la institución.
Enfatizan que las dos muertes y la “tremenda represión”, significan la violación a los derechos humanos de los trabajadores, sorprendiendo y asombrando a la ciudadanía entera, pues “tomando en cuenta que el actual ministro de Gobierno Sacha Llorenti, otrora activista de DD.HH., no pudo prever los efectos de la intervención policial y la violencia con que fueron despejados los piquetes de bloqueo”.
REIVINDICACIONES
Asimismo, la Asamblea de los Derechos Humanos apoya la movilización que realizan aún algunos sectores de los trabajadores, en rechazo al 5 por ciento de incremento salarial.
“Esta medida a vista de los derechos humanos es justa ya que no es simplemente una aspiración sino que es parte de los derechos laborales normados en la constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diversos convenios internacionales que protegen a los obreros. Por lo que es una obligación estatal el cumplimiento de otorgar un salario justo y la jubilación digna, siendo legítimo el pedido de los trabajadores movilizados contra el gobierno”, según DD.HH. de Oruro.
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=27616
373 focos de calor quemaron más de 25 mil hectáreas de área forestal
373 focos de calor se registraron en abril lo que significó la quema de 25.121 hectáreas , actividad que dañó al ecosistema, según un informe de la Autoridad de Fiscalización Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
“Los 373 focos de calor se encuentran ubicados en los departamentos de Santa Cruz y Beni, incrementándose considerablemente en comparación con el registro que se tenía en el mes de marzo que eran solo 71. El departamento de Beni tiene mayor índice de incidencia, con 213 focos de calor, asimismo se aprecia que en el departamento de Santa Cruz se detectó 160 focos de calor”, se lee en el boletín institucional.
Entre los municipios con mayor incidencia de focos de calor están: Exaltación con 97, San Ignacio de Velasco con 47, Cuatro Cañadas con 37, Pailón con 36 focos de calor, en el resto de los municipios se detectaron focos de calor en menor cantidad. (Ver cuadro y mapa).
“Como se puede constatar este número, es bastante elevado y es preocupante ver este registro de focos de calor, que en tan solo un mes y en dos departamentos se presenta, ya que esto es el resultado de actividades como quemas y chaqueos, que ya se iniciaron en el territorio boliviano, se espera que estos focos de calor no se vayan incrementando, para conservar y preservar el ecosistema”.
El objetivo del accionar institucional se centra en la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. La ABT en la competencia que le corresponde y velando por el bienestar de todos, dispone las medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de los recursos forestales y de la tierra en forma contraria a su capacidad de uso mayor y aplicar sanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes.
http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483928319
“Los 373 focos de calor se encuentran ubicados en los departamentos de Santa Cruz y Beni, incrementándose considerablemente en comparación con el registro que se tenía en el mes de marzo que eran solo 71. El departamento de Beni tiene mayor índice de incidencia, con 213 focos de calor, asimismo se aprecia que en el departamento de Santa Cruz se detectó 160 focos de calor”, se lee en el boletín institucional.
Entre los municipios con mayor incidencia de focos de calor están: Exaltación con 97, San Ignacio de Velasco con 47, Cuatro Cañadas con 37, Pailón con 36 focos de calor, en el resto de los municipios se detectaron focos de calor en menor cantidad. (Ver cuadro y mapa).
“Como se puede constatar este número, es bastante elevado y es preocupante ver este registro de focos de calor, que en tan solo un mes y en dos departamentos se presenta, ya que esto es el resultado de actividades como quemas y chaqueos, que ya se iniciaron en el territorio boliviano, se espera que estos focos de calor no se vayan incrementando, para conservar y preservar el ecosistema”.
El objetivo del accionar institucional se centra en la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. La ABT en la competencia que le corresponde y velando por el bienestar de todos, dispone las medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de los recursos forestales y de la tierra en forma contraria a su capacidad de uso mayor y aplicar sanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes.
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Indígenas no permitirán que la carretera Villa Tunari-San Ignacio pase por el TIPNIS
Mojeños, yuracarés y chimanes no permitirán que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debido a que ocasionará problemas medioambientales y sociales, según anunció el representante de la Sub Central del mencionado territorio originario, Adolfo Moye.
“Es una amenaza para el territorio, para la preservación de los recursos naturales, se va a deforestar 1.500 hectáreas de árboles, afectará a las nacientes de varios ríos, a la flora y la fauna; hay riesgo de que las comunidades puedan desaparecer. Nuestro interés es mantener nuestro territorio íntegro”.
Moye dijo que ni siquiera se permitirá que bordeo el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. “Nosotros no creemos que con esa carretera llegará el desarrollo, porque ni si quiera el gobierno (de Evo Morales) ejecutó un proyecto de desarrollo social en el TIPNIS en los últimos cuatro años”.
Moye opinó sobre el tema, luego de que la ABC tiene previsto realizar a fines de este mes una audiencia pública con los representantes de los pueblos indígenas que habitan en el TIPNIS. Los mojeños, yuracarés y chimanes adelantaron que en esa instancia harán conocer su oposición a que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, pase por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure.
En el TIPNIS viven 64 comunidades, tres pueblos indígenas y entre 450 a 500 familias. Tiene una extensión de 1.091.000 hectáreas, fue titulado como TCO el 13 de junio de 2009 luego de 20 años de lucha de los pueblos originarios.
La carretera de 306 kilómetros, está dividido en tres tramos: Villa Tunari-Isinuta, Isinuta-Monte Grande de La Fe y Monte Grand e la Fe-San Ignacio de Moxos. Tiene un costo de 415 millones de dólares, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483928297
“Es una amenaza para el territorio, para la preservación de los recursos naturales, se va a deforestar 1.500 hectáreas de árboles, afectará a las nacientes de varios ríos, a la flora y la fauna; hay riesgo de que las comunidades puedan desaparecer. Nuestro interés es mantener nuestro territorio íntegro”.
Moye dijo que ni siquiera se permitirá que bordeo el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. “Nosotros no creemos que con esa carretera llegará el desarrollo, porque ni si quiera el gobierno (de Evo Morales) ejecutó un proyecto de desarrollo social en el TIPNIS en los últimos cuatro años”.
Moye opinó sobre el tema, luego de que la ABC tiene previsto realizar a fines de este mes una audiencia pública con los representantes de los pueblos indígenas que habitan en el TIPNIS. Los mojeños, yuracarés y chimanes adelantaron que en esa instancia harán conocer su oposición a que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, pase por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure.
En el TIPNIS viven 64 comunidades, tres pueblos indígenas y entre 450 a 500 familias. Tiene una extensión de 1.091.000 hectáreas, fue titulado como TCO el 13 de junio de 2009 luego de 20 años de lucha de los pueblos originarios.
La carretera de 306 kilómetros, está dividido en tres tramos: Villa Tunari-Isinuta, Isinuta-Monte Grande de La Fe y Monte Grand e la Fe-San Ignacio de Moxos. Tiene un costo de 415 millones de dólares, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483928297
Bolivia: Campesinos inconformes con los acuerdos adoptados por el Gobierno
El Gobierno del presidente Evo Morales anunció que solucionó los dos conflictos con los gremios campesinos, que ocasionaron las revueltas en los últimos días, sin embargo diversos sectores sindicales manifestaron su inconformidad con el convenio.
Cabe precisar que los conflictos fueron generados con la Central Obrera Boliviana (COB) y otro con el pueblo de Caranavi.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, y el vocero de Morales, Iván Canelas, informaron, por separado, sobre los acuerdos alcanzados, también en reuniones diferentes, con los líderes de la única central obrera de Bolivia y los dirigentes de Caranavi.
Por su lado, Coca manifestó que el convenio con la COB permite suspender la marcha sindical que se dirigía a La Paz desde el lunes y “todas las medidas que se realizaban en el país” contra la política salarial oficial.
La COB y sus sindicatos afiliados demandaban un incremento de los salarios mayor del 5% decretado por Morales y reformas a la ley de Pensiones de 1996.
Coca explicó que el Gobierno ratifica que dará un aumento de sólo el 5% para el conjunto de la masa salarial, pero que se aplicará una fórmula de distribución que permitirá mayores ingresos a quienes menos ganan.
Entretanto, en La Paz, el portavoz presidencial Canelas anunció un acuerdo para solucionar el conflicto del pueblo de Caranavi, que la semana pasada causó dos muertes y una veintena de heridos, y mantuvo bloqueada por 13 días una carretera que va de La Paz a la Amazonía.
En esas conversaciones, que duraron casi 9 horas continuas, participó el mismo presidente Morales, a quien los pobladores de Caranavi pidieron la construcción de una planta de cítricos allí, en lugar de la vecina Alto Beni.
Los vecinos de Caranavi argumentaron que Morales les prometió construir la planta en su pueblo.
http://www.servindi.org/actualidad/25624
Cabe precisar que los conflictos fueron generados con la Central Obrera Boliviana (COB) y otro con el pueblo de Caranavi.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, y el vocero de Morales, Iván Canelas, informaron, por separado, sobre los acuerdos alcanzados, también en reuniones diferentes, con los líderes de la única central obrera de Bolivia y los dirigentes de Caranavi.
Por su lado, Coca manifestó que el convenio con la COB permite suspender la marcha sindical que se dirigía a La Paz desde el lunes y “todas las medidas que se realizaban en el país” contra la política salarial oficial.
La COB y sus sindicatos afiliados demandaban un incremento de los salarios mayor del 5% decretado por Morales y reformas a la ley de Pensiones de 1996.
Coca explicó que el Gobierno ratifica que dará un aumento de sólo el 5% para el conjunto de la masa salarial, pero que se aplicará una fórmula de distribución que permitirá mayores ingresos a quienes menos ganan.
Entretanto, en La Paz, el portavoz presidencial Canelas anunció un acuerdo para solucionar el conflicto del pueblo de Caranavi, que la semana pasada causó dos muertes y una veintena de heridos, y mantuvo bloqueada por 13 días una carretera que va de La Paz a la Amazonía.
En esas conversaciones, que duraron casi 9 horas continuas, participó el mismo presidente Morales, a quien los pobladores de Caranavi pidieron la construcción de una planta de cítricos allí, en lugar de la vecina Alto Beni.
Los vecinos de Caranavi argumentaron que Morales les prometió construir la planta en su pueblo.
http://www.servindi.org/actualidad/25624
Conamaq analiza Ley Madre Tierra
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) discute la propuesta de la nueva Ley de la Madre Tierra con el objetivo de que los recursos naturales sean explotados de manera sostenible y con un manejo integral.
En el encuentro participan autoridades originarias, líderes y ex autoridades que conformaron seis grupos: gestión ambiental-evaluación de impacto ambiental, reparación, auditorías ambientales, indemnización; participación y control social-participación ciudadana en la gestión ambiental, control social, fiscalización ciudadana rural y urbana; cambio climático-causas, efectos o consecuencias, medidas para afrontar el cambio climático, adaptación al cambio climático y migración climática; recursos naturales renovables y no renovables; áreas protegidas: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nacionales, departamentales, municipales, indígenas, privadas y de gestión compartida, además del grupo de educación ambiental y capacitación, salud, investigación ambiental, régimen sancionatorio, infracciones, delitos y procedimientos.
La reunión es apoyada por la Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible, (Abdes), constituida por instituciones como AIPE, Unitas, Lidema y Fundación Tierra, mediante la firma de un convenio con el Pacto de la Unidad, para incidir en el anteproyecto de la Ley de la Madre Tierra.
Al final del encuentro, el Conamaq suscribirá un documento para la redacción final de la Ley de la Madre Tierra.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18962
En el encuentro participan autoridades originarias, líderes y ex autoridades que conformaron seis grupos: gestión ambiental-evaluación de impacto ambiental, reparación, auditorías ambientales, indemnización; participación y control social-participación ciudadana en la gestión ambiental, control social, fiscalización ciudadana rural y urbana; cambio climático-causas, efectos o consecuencias, medidas para afrontar el cambio climático, adaptación al cambio climático y migración climática; recursos naturales renovables y no renovables; áreas protegidas: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nacionales, departamentales, municipales, indígenas, privadas y de gestión compartida, además del grupo de educación ambiental y capacitación, salud, investigación ambiental, régimen sancionatorio, infracciones, delitos y procedimientos.
La reunión es apoyada por la Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible, (Abdes), constituida por instituciones como AIPE, Unitas, Lidema y Fundación Tierra, mediante la firma de un convenio con el Pacto de la Unidad, para incidir en el anteproyecto de la Ley de la Madre Tierra.
Al final del encuentro, el Conamaq suscribirá un documento para la redacción final de la Ley de la Madre Tierra.
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Fernández y Rea piden liberación por caso Porvenir
El ex prefecto Leopoldo Fernández y Roberto Rea Ruiz demandaron que cese su detención preventiva en el caso de la masacre de Porvenir, por lo que el Tribunal Sexto de Sentencia tiene previsto instalar hoy dos audiencias para considerar la procedencia o el rechazo de las solicitudes.
La ex autoridad pandina planteó que se le beneficie con la medida porque está recluido sin una sentencia condenatoria desde hace más de 18 meses.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, mencionó que el requerimiento está sustentado en la normativa legal, además de que su cliente está dispuesto a someterse a alguna medida sustitutiva si fuera necesario.
La abogada de los familiares de tres víctimas de los hechos del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, Mary Carrasco, declaró que pedirá el rechazo de la demanda porque en realidad sólo ha pasado 10 meses de la detención del ex prefecto.
La jurista explicó que es necesario tomar en cuenta todas las acciones legales que usó la ex autoridad pandina para intentar ser sometido a un juicio de responsabilidades. “Los jueces tendrán que definir quién tiene la razón. Nosotros demostraremos que Fernández no está más de 18 meses con detención preventiva”, expresó.
El caso del ex prefecto de Pando será tratado por la mañana, mientras que por la tarde se considerará la solicitud de Roberto Rea, quien denunció que la falta de atención médica en su reclusión agrava su estado de salud.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18924
La ex autoridad pandina planteó que se le beneficie con la medida porque está recluido sin una sentencia condenatoria desde hace más de 18 meses.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, mencionó que el requerimiento está sustentado en la normativa legal, además de que su cliente está dispuesto a someterse a alguna medida sustitutiva si fuera necesario.
La abogada de los familiares de tres víctimas de los hechos del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, Mary Carrasco, declaró que pedirá el rechazo de la demanda porque en realidad sólo ha pasado 10 meses de la detención del ex prefecto.
La jurista explicó que es necesario tomar en cuenta todas las acciones legales que usó la ex autoridad pandina para intentar ser sometido a un juicio de responsabilidades. “Los jueces tendrán que definir quién tiene la razón. Nosotros demostraremos que Fernández no está más de 18 meses con detención preventiva”, expresó.
El caso del ex prefecto de Pando será tratado por la mañana, mientras que por la tarde se considerará la solicitud de Roberto Rea, quien denunció que la falta de atención médica en su reclusión agrava su estado de salud.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18924
Un juez levanta el secreto militar por hechos de 2003
El Ministerio Público investiga la presunta destrucción de documentos de las Fuerzas Armadas por parte de las ex autoridades.
El juez octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Róger Valverde, ordenó el levantamiento del secreto militar para la investigación sobre la presunta quema y desaparición de documentos y archivos clasificados relacionados con los sucesos de septiembre y la masacre de octubre de 2003.
La autoridad judicial explicó que emitió la resolución respectiva el 7 de mayo del presente año con carácter inapelable para que se entregue la documentación recopilada entre septiembre y el 17 de octubre de 2003, en respuesta a una solicitud de la comisión de fiscales que está a cargo del proceso.
La autorización, agregó, da la facultad a los representantes del Ministerio Público para que demanden la información que requieran a las autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA), las que no podrán negarse a colaborar.
“La resolución incluye una notificación que hace conocer el Ministerio Público al Comando en Jefe de las FFAA de la Nación lo establecido, recordándole que no es apelable”, aseveró Valverde.
El administrador de justicia recordó que la solicitud para que se levante el secreto militar tuvo como fundamento un auto emitido el 16 de agosto de 2005 por la Corte Suprema de Justicia, que autorizó un pedido similar, pero esta vez para la indagación de los sucesos registrados entre septiembre y octubre de 2003.
Una comisión de fiscales, liderada por Milton Mendoza, investiga la posible destrucción y desaparición de documentos y archivos militares durante los dos últimos meses de la segunda gestión gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Los operadores de justicia iniciaron el proceso porque recibieron varias denuncias sobre la quema y la eliminación de instructivas, planes castrenses, órdenes de movimiento de tropas, memorias y otro tipo de material clasificado.
Los representantes del Ministerio Público indagan la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica y los posibles actos de destrucción y sustracción de archivos y documentos públicos que correspondan a las Fuerzas Armadas y que tengan relación con los sucesos de 2003.
Los principales investigados son el general Roberto Claros, ex comandante en jefe de las FFAA; el general Gonzalo Rocabado, ex jefe de Estado Mayor; el general Juan Véliz, ex comandante del Ejército; el general Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante general de la Fuerza Aérea; y el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval.
El fiscal Milton Mendoza estableció que lo sucedido con la información militar de las denuncias demuestra que existió una práctica similar constante hace varios años y una cultura de encubrimiento en las Fuerzas Armadas, puesto que siempre se borró rastros y evidencias para encubrir y dejar en la impunidad a los autores de cientos de muertes.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18922
Hay 5 bajas en el ayuno de campesinos sin tierra
El Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Santa Cruz (MST-SC) sufrió hasta ayer cinco bajas de las 20 personas que asumieron una huelga de hambre en protesta por el desalojo violento e ilegal de la hacienda Las Trillizas, en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz.
Edwin Arce, de la Comisión Política de la provincia Velasco del MST-SC, lamentó que ni autoridades nacionales ni regionales hicieron prevalecer el derecho propietario que tienen alrededor de 300 familias sobre las Comunidades Campesinas Agroecológicas Tierra Hermosa, Chirimoyas y Tierra Firme, de las que fueron desalojados por “sicarios y matones” por órdenes del subprefecto de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage; el concejal municipal Américo Gemio y el funcionario Guido Soliz.
“Las únicas que se han apersonado son instituciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, que están haciendo una campaña de ayuda humanitaria llevando arroz, aceite y azúcar a las familias que ahora están en otros terrenos cerca de Los Ángeles”, señaló a Cambio.
Dijo que, a diferencia del caso de los predios de ingenio San Aurelio, que también fueron tomados por la fuerza, la Policía desalojó a los loteadores, mientras que Las Trillizas siguen en manos de ganaderos latifundistas.
La Comisión de Comunicación del MST-SC denunció que, a título de autonomía, la oligarquía cruceña pretende acaparar más tierra y eliminar al movimiento indígena campesino.
El desalojo —dijeron— responde a acciones articuladas entre el Comité Cívico de la comunidad de Campamento y la Subprefectura, la cual está dirigida desde Santa Cruz por (el prefecto) Rubén Costas.
De acuerdo con los datos con los que cuentan las familias desalojadas, invirtieron más de 100.000 dólares por cada comunidad en la apertura de caminos vecinales, perforación de pozos y sistemas de riego para sus sembradíos, entre otras mejoras, por lo que consideran que el atropello que han sufrido no sólo es ilegal, sino también abusivo y oportunista.
Las familias, que ahora se instalaron cerca de la comunidad Los Ángeles, cuentan con el respaldo de los comunarios del lugar, que les garantizaron que no permitirán que los terratenientes que les persiguen los expulsen también de esas tierras.
Por todos los medios de violencia, amedrentamiento, chantaje, tortura y coacción que ejercieron los latifundistas y presuntos sicarios contratados, Arce dijo que la justicia debe sancionar a aquellos que cometieron delitos.
“Al declararse autónomos, nadie más que ellos quieren tener el derecho de distribuir tierras, y no el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y al mismo tiempo buscan desconocer el derecho humano a la dotación y a gozar del título ejecutorial legalmente otorgado por autoridades competentes”, denunció.
Aunque el 25 de abril una comisión del INRA intentó ingresar al lugar, según informaron, los latifundistas hicieron huir a los personeros. (Santa Cruz)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18961
Edwin Arce, de la Comisión Política de la provincia Velasco del MST-SC, lamentó que ni autoridades nacionales ni regionales hicieron prevalecer el derecho propietario que tienen alrededor de 300 familias sobre las Comunidades Campesinas Agroecológicas Tierra Hermosa, Chirimoyas y Tierra Firme, de las que fueron desalojados por “sicarios y matones” por órdenes del subprefecto de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage; el concejal municipal Américo Gemio y el funcionario Guido Soliz.
“Las únicas que se han apersonado son instituciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, que están haciendo una campaña de ayuda humanitaria llevando arroz, aceite y azúcar a las familias que ahora están en otros terrenos cerca de Los Ángeles”, señaló a Cambio.
Dijo que, a diferencia del caso de los predios de ingenio San Aurelio, que también fueron tomados por la fuerza, la Policía desalojó a los loteadores, mientras que Las Trillizas siguen en manos de ganaderos latifundistas.
La Comisión de Comunicación del MST-SC denunció que, a título de autonomía, la oligarquía cruceña pretende acaparar más tierra y eliminar al movimiento indígena campesino.
El desalojo —dijeron— responde a acciones articuladas entre el Comité Cívico de la comunidad de Campamento y la Subprefectura, la cual está dirigida desde Santa Cruz por (el prefecto) Rubén Costas.
De acuerdo con los datos con los que cuentan las familias desalojadas, invirtieron más de 100.000 dólares por cada comunidad en la apertura de caminos vecinales, perforación de pozos y sistemas de riego para sus sembradíos, entre otras mejoras, por lo que consideran que el atropello que han sufrido no sólo es ilegal, sino también abusivo y oportunista.
Las familias, que ahora se instalaron cerca de la comunidad Los Ángeles, cuentan con el respaldo de los comunarios del lugar, que les garantizaron que no permitirán que los terratenientes que les persiguen los expulsen también de esas tierras.
Por todos los medios de violencia, amedrentamiento, chantaje, tortura y coacción que ejercieron los latifundistas y presuntos sicarios contratados, Arce dijo que la justicia debe sancionar a aquellos que cometieron delitos.
“Al declararse autónomos, nadie más que ellos quieren tener el derecho de distribuir tierras, y no el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y al mismo tiempo buscan desconocer el derecho humano a la dotación y a gozar del título ejecutorial legalmente otorgado por autoridades competentes”, denunció.
Aunque el 25 de abril una comisión del INRA intentó ingresar al lugar, según informaron, los latifundistas hicieron huir a los personeros. (Santa Cruz)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18961
Suxo rechaza críticas de ONG Human Right
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, desmintió ayer la versión de la organización no gubernamental (ONG) Human Right, en sentido de que el Proyecto de Ley de Juicio de Responsabilidades, radicado en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate, vulnera los derechos fundamentales de los procesados.
“Rechazamos categóricamente la posición de la ONG Human Right, que cuestionó el mencionado proyecto de ley”, declaró a la agencia informativa ABI.
Recordó que los antecedentes de esa norma se remontan a la Ley del Juicio de Responsabilidades de Alto Dignatarios de Estado promulgada el 31 de octubre de 1884, norma que fue modificada en 1994, 2002 y 2003.
Aseguró que el citado proyecto no establece ninguna aplicación retroactiva de delitos y sanciones para a altos dignatarios de Estado, sino que adecua los procedimientos a lo establecido por la Constitución Política del Estado.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18976
“Rechazamos categóricamente la posición de la ONG Human Right, que cuestionó el mencionado proyecto de ley”, declaró a la agencia informativa ABI.
Recordó que los antecedentes de esa norma se remontan a la Ley del Juicio de Responsabilidades de Alto Dignatarios de Estado promulgada el 31 de octubre de 1884, norma que fue modificada en 1994, 2002 y 2003.
Aseguró que el citado proyecto no establece ninguna aplicación retroactiva de delitos y sanciones para a altos dignatarios de Estado, sino que adecua los procedimientos a lo establecido por la Constitución Política del Estado.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18976
NOVENO DÍA DE HUELGA DE HAMBRE
ALREDEDOR DE 300 FAMILIAS HAN SIDO DESALOJADAS DE MANERA VIOLENTA POR UN GRUPO DE 80 PERSONAS FUERTEMENTE ARMADAS, PAGADAS Y ORGANIZADAS, POR GANADEROS Y TERRATENIENTES DE LA PROVINCIA VELASCO DEPARTAMENTO DE SANTACRUZ.
Alrededor de 300 familias, de las comunidades agroecológicas Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra hermosa (Las Trillizas), han sido desalojadas de manera violenta por un grupo de 80 personas armadas, pagadas y organizadas, por ganaderos y terratenientes de la provincia Velasco departamento de Santa Cruz.
Según afirman los dirigentes del Movimiento Sin Tierra – Bolivia. Los ganaderos Guido Soliz, Américo Gemio (concejal electo por el MNR) serian los directos responsables, intelectuales y materiales, del desalojo violento propiciado este pasado 20 de abril. Esto en directa complicidad con la subprefectura y el comité cívico de dicha localidad.
Frente a dicha afrenta, el MST – B, instalo un piquete de huelga de hambre desde este pasado lunes 3 de mayo en instalaciones del palacio de justicia de la ciudad de Santa Cruz. A la fecha el número de huelguista asciende a 13 compañeros, puesto que 5 de ellos fueron hospitalizados y dados de baja. La huelga de hambre, exige la restitución de su territorio, el respeto a la propiedad comunitaria y garantías mínimas de seguridad en la zona. Puesto que después de haberse producido el desalojo, los dirigentes de las trillizas, fueron tomados rehenes y torturados, además, fueron amenazados de muerte si es que intentan retornar al lugar.
Las trillizas tienen una extensión de 100.000 has, las cuales cuentan con títulos ejecutoriales, entregados personalmente por el Presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Aima, en acto publico el 3 de diciembre de 2008.
Lamentablemente, la dotación de las trillizas, nunca contó con la participación de la fuerza pública, a pesar del conocimiento que tenia el gobierno de la existencia de terceros dentro del territorio del MST. Dando lugar a una tensa convivencia entre los ganaderos, ilegalmente asentados, y las comunidades de los Sin Tierras.
En la provincia Velasco, en las pasadas elecciones del 4 de abril, el MNR, gano la alcaldía de San Ignacio de Velasco, obteniendo las 5 concejalías del municipio. Esta victoria electoral, por parte de grupos ultra conservadores, habría sido uno de los móviles para que ganaderos, conjuntamente con la subprefectura y el comité cívico se sienta con la fuerza necesaria para poder llevar adelante el mencionado desalojo.
Desde el 2008, hasta antes del desalojo, los ganaderos fomentaron y organizaron constantes peleas entre grupos de campesinos, indigenas y sin tierras, los cuales, se apoyaron bajo el argumento de que el asentamiento del MST se lo habría hecho con títulos “truchos” y que no cuentan con el respaldo de la ley.
Tomando en cuenta, de que el asentamiento de las Trillizas, se enmarca en la política gubernamental de reconducción comunitaria de la reforma agraria, la subprefectura de la provincia Velasco, que responde a la línea del Gobierno departamental de Santa Cruz a la cabeza de Rubén Costas. Organizo asentamientos, de manera ilegal dentro del territorio de las trillizas.
Estas familias a la larga se encargaron de ser los primeros opositores a la presencia del MST en la zona, dando inicio a una acción minuciosamente planificada, por parte de la subprefectura y el comité cívico, de aislamiento y “eliminación” gradual del Movimiento Sin Tierra.
Desde entonces, el secuestro, la amenaza de desalojos y el intento de hacer firmar convenios de renuncia al derecho propietario del MST, se constituyo en el factor común durante los dos últimos años. Con el único objeto de mantener vigente el poder de terratenientes y ganaderos de la zona.
Días antes al desalojo violento, ya la subprefectura de la provincia Velasco, se habría hecho presente en las trillizas, con el objeto de pedir que las familias sin tierra se retiren de la zona, esto bajo el argumento de que la gente de otras comunidades estaría disconforme con su presencia. Una suerte de preludio sutil, de lo que días posteriores iría a suceder.
Inmediatamente después del desalojo violento que sufrieron las familias del MST, la subprefectura salio a los medios de comunicación, afirmando que el desalojo de las familias de las trillizas, se lo habría hecho de manera pacifica (El Deber, 30 de abril de 2010), es mas, que la misma subprefectura habría puesto camiones para transportar a los desalojados. Una suerte de apología del delito, lo que devela la directa participación y conocimiento, de los sucesos acaecidos, de la subprefectura de la provincia Velasco.
Actualmente las familias del movimiento sin tierra, desalojadas de las trillizas, se han apostado en la comunidad de los Ángeles, aledaña a la zona en conflicto, donde reciben la protección de los sindicatos campesinos, puesto que los grupos irregulares de la subprefectura no se les permite retornar a su territorio, a lo que se suma la constante amenaza de ser nuevamente agredidos y violentados.
El conflicto tiende a agudizarse, si es que las autoridades competentes, no llevan adelante el desalojo de los terceros, y la inmediata restitución y garantías mínimas de seguridad para las familias sin tierra. Puesto que la falta de alimentos, la desesperación de perder toda la producción y los bienes materiales que ascienden alrededor de 100.000$ por comunidad, daría lugar a que los mismos afectados actúen por mano propia y decidan retomar su territorio por sus propios medios. Es urgente la acción e intervención por parte del Gobierno Nacional para evitar un nuevo foco de conflicto.
Ademar Valda
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