Hay 5 bajas en el ayuno de campesinos sin tierra

El Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Santa Cruz (MST-SC) sufrió hasta ayer cinco bajas de las 20 personas que asumieron una huelga de hambre en protesta por el desalojo violento e ilegal de la hacienda Las Trillizas, en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz.
Edwin Arce, de la Comisión Política de la provincia Velasco del MST-SC, lamentó que ni autoridades nacionales ni regionales hicieron prevalecer el derecho propietario que tienen alrededor de 300 familias sobre las Comunidades Campesinas Agroecológicas Tierra Hermosa, Chirimoyas y Tierra Firme, de las que fueron desalojados por “sicarios y matones” por órdenes del subprefecto de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage; el concejal municipal Américo Gemio y el funcionario Guido Soliz.
“Las únicas que se han apersonado son instituciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, que están haciendo una campaña de ayuda humanitaria llevando arroz, aceite y azúcar a las familias que ahora están en otros terrenos cerca de Los Ángeles”, señaló a Cambio.
Dijo que, a diferencia del caso de los predios de ingenio San Aurelio, que también fueron tomados por la fuerza, la Policía desalojó a los loteadores, mientras que Las Trillizas siguen en manos de ganaderos latifundistas.
La Comisión de Comunicación del MST-SC denunció que, a título de autonomía, la oligarquía cruceña pretende acaparar más tierra y eliminar al movimiento indígena campesino.
El desalojo —dijeron— responde a acciones articuladas entre el Comité Cívico de la comunidad de Campamento y la Subprefectura, la cual está dirigida desde Santa Cruz por (el prefecto) Rubén Costas.
De acuerdo con los datos con los que cuentan las familias desalojadas, invirtieron más de 100.000 dólares por cada comunidad en la apertura de caminos vecinales, perforación de pozos y sistemas de riego para sus sembradíos, entre otras mejoras, por lo que consideran que el atropello que han sufrido no sólo es ilegal, sino también abusivo y oportunista.
Las familias, que ahora se instalaron cerca de la comunidad Los Ángeles, cuentan con el respaldo de los comunarios del lugar, que les garantizaron que no permitirán que los terratenientes que les persiguen los expulsen también de esas tierras.
Por todos los medios de violencia, amedrentamiento, chantaje, tortura y coacción que ejercieron los latifundistas y presuntos sicarios contratados, Arce dijo que la justicia debe sancionar a aquellos que cometieron delitos.
“Al declararse autónomos, nadie más que ellos quieren tener el derecho de distribuir tierras, y no el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y al mismo tiempo buscan desconocer el derecho humano a la dotación y a gozar del título ejecutorial legalmente otorgado por autoridades competentes”, denunció.
Aunque el 25 de abril una comisión del INRA intentó ingresar al lugar, según informaron, los latifundistas hicieron huir a los personeros. (Santa Cruz)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18961