El Ministerio Público investiga la presunta destrucción de documentos de las Fuerzas Armadas por parte de las ex autoridades.
El juez octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Róger Valverde, ordenó el levantamiento del secreto militar para la investigación sobre la presunta quema y desaparición de documentos y archivos clasificados relacionados con los sucesos de septiembre y la masacre de octubre de 2003.
La autoridad judicial explicó que emitió la resolución respectiva el 7 de mayo del presente año con carácter inapelable para que se entregue la documentación recopilada entre septiembre y el 17 de octubre de 2003, en respuesta a una solicitud de la comisión de fiscales que está a cargo del proceso.
La autorización, agregó, da la facultad a los representantes del Ministerio Público para que demanden la información que requieran a las autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA), las que no podrán negarse a colaborar.
“La resolución incluye una notificación que hace conocer el Ministerio Público al Comando en Jefe de las FFAA de la Nación lo establecido, recordándole que no es apelable”, aseveró Valverde.
El administrador de justicia recordó que la solicitud para que se levante el secreto militar tuvo como fundamento un auto emitido el 16 de agosto de 2005 por la Corte Suprema de Justicia, que autorizó un pedido similar, pero esta vez para la indagación de los sucesos registrados entre septiembre y octubre de 2003.
Una comisión de fiscales, liderada por Milton Mendoza, investiga la posible destrucción y desaparición de documentos y archivos militares durante los dos últimos meses de la segunda gestión gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Los operadores de justicia iniciaron el proceso porque recibieron varias denuncias sobre la quema y la eliminación de instructivas, planes castrenses, órdenes de movimiento de tropas, memorias y otro tipo de material clasificado.
Los representantes del Ministerio Público indagan la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica y los posibles actos de destrucción y sustracción de archivos y documentos públicos que correspondan a las Fuerzas Armadas y que tengan relación con los sucesos de 2003.
Los principales investigados son el general Roberto Claros, ex comandante en jefe de las FFAA; el general Gonzalo Rocabado, ex jefe de Estado Mayor; el general Juan Véliz, ex comandante del Ejército; el general Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante general de la Fuerza Aérea; y el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval.
El fiscal Milton Mendoza estableció que lo sucedido con la información militar de las denuncias demuestra que existió una práctica similar constante hace varios años y una cultura de encubrimiento en las Fuerzas Armadas, puesto que siempre se borró rastros y evidencias para encubrir y dejar en la impunidad a los autores de cientos de muertes.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-12&idn=18922
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