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27.11.12

LA CENTRAL DE PUEBLOS ÉTNICOS MOJEÑOS DEL BENI (CPEM-B) LLEVÓ A CABO SU II REUNIÓN CONSULTIVA

CPEMB/ FOTO CEJIS
27/11/2012 (ODPIB).- Las organizaciones de los pueblos indígenas Mojeños Trinitarios, Mojeños Ignacianos, Tsimanes, Yuracaré y Movima afiliados a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) llevaron a cabo su II Reunión Consultiva los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año, en San Ignacio de Mojos. Luego de tres días de reunión han emitido el siguiente manifiesto a la opinión pública e internacional:

Con mucha esperanza nos hemos constituido en pilares fundamentales en la construcción de un Estado Plurinacional, que nos incluya, respete nuestros derechos, territorios, formas de organización, participación y representación política, de administración de justicia y otros ámbitos de la vida de nuestros pueblos.

Sin embargo, a cuatro años de aprobada nuestra Constitución Política del Estado, Constitución que debería posibilitar el desmontaje del viejo Estado colonial y monocultural y permitir la implementación de uno nuevo, con mucha preocupación con mucha preocupación hemos advertido en su momento el equivocado curso que había tomado el proceso de cambio por el cual todas y todos los bolivianos hemos luchado. Un proceso de cambio que ha quedado prisionero y ha sido desvirtuado desde el palacio y el partido de gobierno.

Desde la elaboración y aprobación de las nuevas leyes que echarían la nueva institucionalidad del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha venido aprobando leyes, sin consulta con los pueblos indígenas, han desconocido el espíritu de la nueva constitución y han liquidado el Estado Plurinacional. Para empezar, en la Ley de Régimen Electoral se ha violado flagrantemente el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la representación política directa, menoscabando profundamente el carácter plurinacional de la Asamblea Legislativa, al establecer un número de circunscripciones especiales indígenas que priva de posibilidades reales de representación política directa a pueblos indígenas con minorías poblacionales y condiciona nuestra representación a través de un partido político.

En el mismo sentido, en la Ley de Autonomías y Descentralización, se ha establecido, que para la constitución y funcionamiento de las autonomías indígenas, normas obstructivas que desconocen, en este ámbito socio-cultural eminentemente comunitario, las prácticas de la democracia comunitaria constitucionalmente reconocida, además de desconocerse la pre-existencia de los pueblos indígenas y originarios a la Colonia y la República, como estipula el artículo 2 de la nueva Constitución Política del Estado.

Un caso vergonzoso relacionado a esta Ley , es la conformación de las vocalías de los órganos electorales departamentales, en los cuales deberían garantizarse la representación de los pueblos indígenas. Sin embargo, en los cuatro departamentos de tierras bajas donde corresponden estos espacios de representación Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija han sido negados a las organizaciones indígenas y campesinas que postularon representaciones autenticas y el Gobierno de la forma más descarada ha elegido representantes de los sectores más conservadores y anti indigenistas a ocupar estos espacios en los departamentos de mención.

Asimismo, la Ley de Deslinde jurisdiccional es colonial y racista porque limita la jurisdicción indígena originaria a una especie de minoría de edad, al igual que la nueva Constitución. De la misma manera, a pocos días de la promulgación de la Ley de la Madre Tierra a petición del sector agroempresarial el Gobierno expresó públicamente su voluntad de modificar la esencia de la Ley abriendo la posibilidad de legalizar los transgénicos contraviniendo en absoluto el espíritu de defensa de la madre tierra.

Por otro lado, en franca agresión y menosprecio a los pueblos indígenas, el gobierno tozudamente continúa con su estrategia de viabilizar la construcción de la carretera San Ignacio-Villa Tunari por medio del TIPNIS a costa de mentira, chantaje, persecución policial de dirigentes, división de nuestras organizaciones indígenas violando y pisoteando la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

De manera contradictoria, el Gobierno de Evo Morales se sitúa, en los foros internacionales, se sitúa a la vanguardia discursiva de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.  Sin embargo, ha asumido en su totalidad el diseño de un capitalismo extractivista subsidiario al imperialismo brasileño para implementar megaproyectos de infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales. Esto además implican, primero, alto endeudamiento externo con la consiguiente perdida de soberanía, y luego graves daños al ecosistema y al ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En este afán, el Gobierno ha violado reiteradamente el derecho a la consulta previa e informada  que la nueva Constitución ha establecido a favor de los pueblos indígenas cuando se pretende ocupar su territorio con obras o actividades de distinta naturaleza. Recientemente la Asamblea Legislativa Departamental controlada por el Gobierno aprobó Ley Departamental en la que se consolida el atropello y abuso a la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales misma que declara que la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos como prioridad nacional pisoteando nuevamente el TIPNIS patrimonio natural y cultural de todo el país.

Es así que hoy nos encontramos transitando un periodo histórico de crucial importancia para nuestro futuro, un periodo de peligroso retroceso en el que se están poniendo en riesgo nuestras conquistas, un periodo en el que se ha develado a los traidores de la madre tierra y del proceso de cambio, un periodo en el que estos traidores han mandado reprimir de la  forma más violenta y cobarde nuestra pacífica marcha indígena el pasado 25 de septiembre de 2011. Pero a la vez, un periodo de renovadora esperanza porque la sociedad boliviana ha despertado al son de los tambores de los pueblos indígenas para respaldar sus luchas y defender sus derechos.

Bajo las consideraciones precedentes, los pueblos indígenas de la CPEM-B después de haber agotado nuestros recursos de movilización social con la VIII y IX Marcha Indígena, con la sabiduría de nuestros ancestros decimos presente ante la historia y hemos decidido ingresar a la disputa política electoral. En este sentido, postulamos a nuestro hermano Pedro Nuni Caity  como candidato a gobernador por nuestro departamento. Nuestra propuesta política se enmarca en los fundamentos filosóficos del orden cósmico y social de los pueblos indígenas del Beni, donde el manejo del poder es sinónimo de servicio, transparencia, equilibrio e inclusión.

Finalmente, denunciamos las vergonzosas acciones del Gobierno, que después de haber dividido a algunas organizaciones del Beni creando estructuras paralelas, intente con estos pseudos dirigentes, en un descaro absoluto, cambiar a asambleístas indígenas quienes fueron elegido por las cinco regionales indígenas del Beni bajo sus normas y procedimientos propias y para colmo, intente posicionar en este espacio exclusivo de los pueblos indígenas del Beni a un ex dirigente cívico absolutamente ajeno a los pueblos indígenas del Beni.

Convocamos a todos los movimientos sociales del Beni y de Bolivia, Central Obrera de jóvenes, organizaciones urbanas, universitarios, maestros, organizaciones campesinas, intelectuales, empresarios, patriotas y otros a construir una alianza social en defensa del Estado de derecho de la democracia, nuestros territorio indígenas el medio ambiente y la vida.
Adjuntamos el documento original.

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