 |
| CPEMB/ FOTO CEJIS |
27/11/2012 (ODPIB).- Las organizaciones de los pueblos indígenas
Mojeños Trinitarios, Mojeños Ignacianos, Tsimanes, Yuracaré y Movima
afiliados a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B)
llevaron a cabo su II Reunión Consultiva los días 15, 16 y 17 de
noviembre del presente año, en San Ignacio de Mojos. Luego de tres días
de reunión han emitido el siguiente manifiesto a la opinión pública e
internacional:
Con mucha esperanza nos hemos constituido en pilares fundamentales en
la construcción de un Estado Plurinacional, que nos incluya, respete
nuestros derechos, territorios, formas de organización, participación y
representación política, de administración de justicia y otros ámbitos
de la vida de nuestros pueblos.
Sin embargo, a cuatro años de aprobada nuestra Constitución Política
del Estado, Constitución que debería posibilitar el desmontaje del viejo
Estado colonial y monocultural y permitir la implementación de uno
nuevo, con mucha preocupación con mucha preocupación hemos advertido en
su momento el equivocado curso que había tomado el proceso de cambio por
el cual todas y todos los bolivianos hemos luchado. Un proceso de
cambio que ha quedado prisionero y ha sido desvirtuado desde el palacio y
el partido de gobierno.
Desde la elaboración y aprobación de las nuevas leyes que echarían la
nueva institucionalidad del Estado, la Asamblea Legislativa
Plurinacional ha venido aprobando leyes, sin consulta con los pueblos
indígenas, han desconocido el espíritu de la nueva constitución y han
liquidado el Estado Plurinacional. Para empezar, en la Ley de Régimen
Electoral se ha violado flagrantemente el derecho constitucional de los
pueblos indígenas a la representación política directa, menoscabando
profundamente el carácter plurinacional de la Asamblea Legislativa, al
establecer un número de circunscripciones especiales indígenas que priva
de posibilidades reales de representación política directa a pueblos
indígenas con minorías poblacionales y condiciona nuestra representación
a través de un partido político.
En el mismo sentido, en la Ley de Autonomías y Descentralización, se ha
establecido, que para la constitución y funcionamiento de las
autonomías indígenas, normas obstructivas que desconocen, en este ámbito
socio-cultural eminentemente comunitario, las prácticas de la
democracia comunitaria constitucionalmente reconocida, además de
desconocerse la pre-existencia de los pueblos indígenas y originarios a
la Colonia y la República, como estipula el artículo 2 de la nueva
Constitución Política del Estado.
Un caso vergonzoso relacionado a esta Ley , es la conformación de las
vocalías de los órganos electorales departamentales, en los cuales
deberían garantizarse la representación de los pueblos indígenas. Sin
embargo, en los cuatro departamentos de tierras bajas donde corresponden
estos espacios de representación Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija han
sido negados a las organizaciones indígenas y campesinas que postularon
representaciones autenticas y el Gobierno de la forma más descarada ha
elegido representantes de los sectores más conservadores y anti
indigenistas a ocupar estos espacios en los departamentos de mención.
Asimismo, la Ley de Deslinde jurisdiccional es colonial y racista
porque limita la jurisdicción indígena originaria a una especie de
minoría de edad, al igual que la nueva Constitución. De la misma manera,
a pocos días de la promulgación de la Ley de la Madre Tierra a petición
del sector agroempresarial el Gobierno expresó públicamente su voluntad
de modificar la esencia de la Ley abriendo la posibilidad de legalizar
los transgénicos contraviniendo en absoluto el espíritu de defensa de la
madre tierra.
Por otro lado, en franca agresión y menosprecio a los pueblos
indígenas, el gobierno tozudamente continúa con su estrategia de
viabilizar la construcción de la carretera San Ignacio-Villa Tunari por
medio del TIPNIS a costa de mentira, chantaje, persecución policial de
dirigentes, división de nuestras organizaciones indígenas violando y
pisoteando la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
De manera contradictoria, el Gobierno de Evo Morales se sitúa, en los
foros internacionales, se sitúa a la vanguardia discursiva de los
derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Sin embargo, ha
asumido en su totalidad el diseño de un capitalismo extractivista
subsidiario al imperialismo brasileño para implementar megaproyectos de
infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales. Esto
además implican, primero, alto endeudamiento externo con la
consiguiente perdida de soberanía, y luego graves daños al ecosistema y
al ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En
este afán, el Gobierno ha violado reiteradamente el derecho a la
consulta previa e informada que la nueva Constitución ha establecido a
favor de los pueblos indígenas cuando se pretende ocupar su territorio
con obras o actividades de distinta naturaleza. Recientemente la
Asamblea Legislativa Departamental controlada por el Gobierno aprobó Ley
Departamental en la que se consolida el atropello y abuso a la
Constitución Política del Estado, los convenios internacionales misma
que declara que la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos como
prioridad nacional pisoteando nuevamente el TIPNIS patrimonio natural y
cultural de todo el país.
Es así que hoy nos encontramos transitando un periodo histórico de
crucial importancia para nuestro futuro, un periodo de peligroso
retroceso en el que se están poniendo en riesgo nuestras conquistas, un
periodo en el que se ha develado a los traidores de la madre tierra y
del proceso de cambio, un periodo en el que estos traidores han mandado
reprimir de la forma más violenta y cobarde nuestra pacífica marcha
indígena el pasado 25 de septiembre de 2011. Pero a la vez, un periodo
de renovadora esperanza porque la sociedad boliviana ha despertado al
son de los tambores de los pueblos indígenas para respaldar sus luchas y
defender sus derechos.
Bajo las consideraciones precedentes, los pueblos indígenas de la
CPEM-B después de haber agotado nuestros recursos de movilización social
con la VIII y IX Marcha Indígena, con la sabiduría de nuestros
ancestros decimos presente ante la historia y hemos decidido ingresar a
la disputa política electoral. En este sentido, postulamos a nuestro
hermano Pedro Nuni Caity como candidato a gobernador por nuestro
departamento. Nuestra propuesta política se enmarca en los fundamentos
filosóficos del orden cósmico y social de los pueblos indígenas del
Beni, donde el manejo del poder es sinónimo de servicio, transparencia,
equilibrio e inclusión.
Finalmente, denunciamos las vergonzosas acciones del Gobierno, que
después de haber dividido a algunas organizaciones del Beni creando
estructuras paralelas, intente con estos pseudos dirigentes, en un
descaro absoluto, cambiar a asambleístas indígenas quienes fueron
elegido por las cinco regionales indígenas del Beni bajo sus normas y
procedimientos propias y para colmo, intente posicionar en este espacio
exclusivo de los pueblos indígenas del Beni a un ex dirigente cívico
absolutamente ajeno a los pueblos indígenas del Beni.
Convocamos a todos los movimientos sociales del Beni y de Bolivia,
Central Obrera de jóvenes, organizaciones urbanas, universitarios,
maestros, organizaciones campesinas, intelectuales, empresarios,
patriotas y otros a construir una alianza social en defensa del Estado
de derecho de la democracia, nuestros territorio indígenas el medio
ambiente y la vida.
Adjuntamos el documento original.
No hay comentarios:
Publicar un comentario