CONAMAQ/ Foto Max Toranzo |
Después de analizar sobre la coyuntura nacional, la situación de los territorios, la amenaza frente al desarrollo del proceso autonómico, la aplicación de la justicia indígena originaria, el incremento de la actividad minera en los territorios, determinaron:
Primero.- Exigir al Gobierno la aprobación sin modificaciones de los Anteproyectos de Ley Marco de Consulta Previa, Libre e Informada, Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada por la Cámara de Diputados, por ser contraria a su comisión.
Segundo.- Desconocer el anteproyecto de Ley de minería, trabajado por el Ministro de Minería y Metalurgia, por promover el desarrollo de una minería transnacional, solapada en la utilidad pública, por ser contraria al principio de buen vivir, elemento fundamental para el desarrollo sustentable de todas y todos los bolivianos en armonía con la madre tierra y por ser atentatoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios.
Exigen la nacionalización de los yacimientos entregados a las transnacionales y la recuperación de las operaciones mineras bajo contratos de Riesgo comartido.
Tercero.- Rechazar la definición del Ministerio de Minería de reconocer y consolidar el derecho al uso de aguas de dominio público, a favor de los titulares de derecho mineros. (…)
Exigen que la regulación del aprovechamiento del agua en las industrias mineras, deba estar en función de la prioridad del agua para la vida, establecida en la Constitución Política del Estado.
Cuarto.- Repudiar la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de restringir el ejercicio del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, a los Ayllus Markas y Suyus afectados por el desarrollo de actividad minera en su territorio y reducirlo a “Consulta Pública Previa”. (…)
Quinto.- Condenar la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia de constituirse en la autoridad ambiental competente para el desarrollo de actividades mineras y la instancia administrativa autorizada para la otorgación de licencias y fichas ambientales.
TIERRA Y TERRITORIO
Sexto.- Exigir la convocatoria inmediata a la XVI CITCO “Comisión Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen" de Tierras Altas en noviembre para la evaluación de los procesos de saneamiento total de los Territorios Indígenas en Tierras Altas.
Exigen al Gobierno Central, el cumplimiento del acuerdo con la VIII Marcha Indígena Originaria de gestión de recursos ante el TGN y otras organizaciones para la continuidad del proceso de saneamientos de TCOs.
Séptimo.- El INRA no debe permitir, ni direccionar procesos de tipos de Saneamiento Simple y CATSAN dentro de los Territorios Ancestrales. (...)
Octavo.- Exigir la enmienda de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, en sus artículos referidos a los plazos perentorios para la conclusión de los procesos de saneamiento y titulación total de los territorios ancestrales con recursos del TGN.
Noveno.- Exigir la inmediata instalación de Mesas Indígenas para la construcción e implementación de las autonomías indígenas originarias. Asimismo, exigen a los Órganos Legislativos y Ejecutivo, trabajar una propuesta conjunta para la modificación a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Décimo.- Ratificar la decisión del Consejo de Gobierno de denunciar la vulneración del derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios a participar en el diseño de la boleta del Censo de población y vivienda.
Exigen al Ministerio de –planificación para el Desarrollo , incluya a las naciones y pueblos indígenas originarias de Tierra Altas, como nacionalidades que conforman el Estado Plurinacional antes de imprimir la boleta censal.
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