La IX Marcha Indígena solicita al Relator Especial de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, visitar Bolivia

28/05/2012 (Altamira, San Lorezo de Chaparina).- El pasado sábado 26 de mayo, la IX Marcha Indígena ha enviado una carta al Relator Especial de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya. En la misiva se solicita que visite nuestro país para que constate la vulneración de los derechos indígenas en el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS.

Les presentamos la Carta enviada:

San Lorenzo de Chaparina-Beni-Bolivia, 26 de mayo de 2012

Señor:
James Anaya
Relator Especial de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.-

Ref.- Solicitud de visita a Bolivia caso TIPNIS.-

De nuestra consideración:

Tenga un gran saludo de parte de las hermanas y hermanos quienes participamos en la IX Marcha Indígena Originaria “Por la Defensa de la Vida y Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la Democracia”, deseándole el mejor de los éxitos en las funciones que desempeña en defensa de los derechos indígenas.

Señor Relator, desde el 27 de abril de este año nos encontramos en la IX Marcha Indígena reivindicando el respeto de nuestros derechos frente a los atropellos que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia viene cometiendo en nuestros territorios, particularmente en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y su intención de construir una carretera a través de él en violación a nuestro derechos a la libre determinación, nuestras vidas y nuestro hábitat natural.

En efecto, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure fue reconocido mediante el Decreto Supremo Nº 22610 de 24 de septiembre de 1990, aprobado gracias a la I Gran Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad”, que protagonizamos en aquel año. El TIPNIS fue titulado en el año 2009 a la conclusión del proceso de saneamiento y titulación de tierras por una superficie de 1.090.000 hectáreas aproximadamente.

El 04 de agosto de 2008 el Gobierno Plurinacional de Bolivia suscribió, con la empresa brasilera OAS, el Contrato de Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, transgrediendo procedimientos administrativos y disposiciones jurídicas nacionales e internacionales vigentes, fundamentalmente el referido al del consentimiento libre, previo e informado a los pueblos habitantes de ese territorio. La decisión gubernamental de construcción de la carretera atravesando esta Reserva Natural supone además la violación de varias normas jurídicas ambientales bolivianas, ratificadas por convenios internacionales sobre la biodiversidad y las áreas protegidas.

Desde el año 2004 hasta la fecha, la Subcentral TIPNIS, instancia titular del derecho propietario del territorio de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, exige al Estado el respeto a su decisión de rechazo a la construcción de la carretera atravesando su territorio. Viene desarrollando amplios y consensuados procesos de información y socialización de la normativa, de los estudios y de los diferentes actos que se fueron generando desde el Estado, frente a los cuales la decisión de los pueblos indígenas del TIPNIS siempre fue la misma: “no a la carretera por el TIPNIS”.

Contra la expresa y contundente decisión asumida por todas las instancias tradicionales del TIPNIS, el presidente Evo Morales dio inicio de las obras el 3 de junio de 2011, medida que fue frenada por la VIII Marcha Indígena y una gran movilización social de respaldo que logró la promulgación de la Ley Nº 180/11 de Protección del TIPNIS declarándolo como patrimonio sociocultural y natural del Estado Plurinacional de Bolivia y disponiendo que “la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el TIPNIS”, la misma que actualmente está siendo transgredida por la Ley Nº 222/12 de Consulta, promulgada a los pocos meses.

La Ley Nº 222, viola abiertamente disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que regulan el derecho a la libre determinación en las decisiones, además de no tener el carácter de medida jurídica de consulta PREVIA, no respeta las instituciones representativas ni considera las normas y procedimientos propios de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán para celebrarla. Consecuentemente, el diputado indígena Pedro Nuni Caity y otros legisladores nacionales presentaron un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 222, por las graves y flagrantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que ésta norma comete en su texto. Dicho recurso se encuentra en estos momentos en la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional.

La “primera etapa” del proceso ordenado por la Ley Nº 222 cuenta con un protocolo de implementación, el cual tiene como objetivo consultar a las comunidades del TIPNIS “cómo y de que forma se construirá la carretera por el TIPNIS” y no así si la desean o no ó si se mantienen en su decisión, inscrita en la Ley Nº 180, de prohibirla.

A lo largo de ocho años la lucha de los pueblos del TIPNIS ha ido congregando a una mayoría de los pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas, así como a ciudadanas y ciudadanos urbanos de todo el país, en la defensa de los Territorios Indígenas Originarios, del derecho a su autodeterminación y del respeto al medioambiente, de manera que el conflicto del TIPNIS trasciende lo meramente local para interpelar al Estado desde la sociedad civil sobre el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. No obstante, hasta el momento el gobierno no da señales de reconsideración de su postura ni de apertura transparente al diálogo; por el contrario, viene desplegando una sistemática ofensiva contra el movimiento indígena originario, al extremo de haber incurrido en actos de represión como el perpetrado contra la VIII Marcha Indígena el 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina, lo que provocó el repudio de la sociedad boliviana y generó una crisis de gabinete en el Gobierno, con la renuncia de dos ministros y otros funcionarios, quienes hicieron público su rechazo a la violencia empleada.

Para aprobar la Ley Nº 222, el Estado no consultó previamente a los pueblos del TIPNIS, por el contrario, dio inicio a una campaña liderada por el propio Presidente del Estado, sus ministros y las fuerzas armadas, con una importante erogación de recursos económicos, ingresando a cada una de las comunidades del TIPNIS, ofreciendo ayuda material, documentos de identidad, dotación de infraestructura, etc., a cambio de su apoyo a la construcción de la carretera, campaña que se viene desarrollando en estos momentos. Al mismo tiempo, el Estado comenzó a crear organizaciones paralelas a las legalmente reconocidas con colonos cocaleros, indígenas que viven fuera del TIPNIS y habitantes de San Ignacio de Mojos, todos defensores de la “Consulta”, siempre que dé como resultado la construcción de la carretera.

Por otra parte, el gobierno despliega una importante campaña mediática por radio, televisión, prensa escrita y sitios web, donde se promocionan supuestos beneficios de la carretera y se hace gala del estado de marginación y pobreza de las comunidades del TIPNIS, presentando a la carretera como una alternativa para su “desarrollo”, cuando en realidad su tramo se encuentra a cientos de kilómetros de las comunidades. En definitiva, el gobierno busca imponer su decisión de construcción de la vía atravesando el TIPNIS, sin considerar tramos alternativos, como lo solicitan los diferentes sectores rurales y urbanos que se oponen a este proyecto.

Ante la imposibilidad de entablar un diálogo sincero con el Estado sobre criterios elementales de respeto a sus derechos, las organizaciones del TIPNIS se vieron en la obligación de convocar al XXX Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIPNIS, evento que se desarrolló los días 17 y 18 de marzo del presente año en la comunidad de Gundonovia-TIPNIS, al cual fue invitado el Presidente del Estado Plurinacional para escuchar los reclamos de las comunidades. El Gobierno optó por organizar otro evento dentro del TIPNIS, sin coordinación ni permiso de los dueños del Territorio, con el afán de dividir la organización y utilizando métodos prebendales como el regalo de motores fuera de borda y demás insumos, reafirmando de esta manera su decisión de llevar a cabo la “Consulta”. En el XXX Encuentro de Corregidores se ratificó el rechazo a la construcción de la carretera, se determinó desconocer la consulta ordenada por la Ley Nº 222 y se decidió convocar a la IX Marcha Indígena Originaria por la “Defensa de la Vida y Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente y las Áreas Protegidas, Cumplimiento de la CPE y el Respeto de la Democracia”, la misma que partió de la ciudad de Trinidad el 26 de abril con el pedido central de anulación de la Ley de Consulta Nº 222/12, el respeto de la Ley Nº 180/11 y la no construcción de ninguna carretera por el TIPNIS. Todas las decisiones adoptadas fueron registradas por un Notario de Fe Pública y las actas fueron protocolizadas, las mismas que responden a los estatutos de nuestras organizaciones.

En relación a lo expuesto, las organizaciones que representan el TIPNIS, así como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Bolivianos - CIDOB, el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ y otras instancias regionales y nacionales del movimiento indígena y originario de Bolivia solicitamos pueda hacer una visita a nuestro país, a la brevedad posible, para constatar in situ, estas y otras situaciones de flagrante violación a nuestros derechos que se están registrando.

Esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud, nos despedimos de Ud. con las consideraciones más distinguidas.

“Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el cumplimiento de la C.P.E. y respeto de la democracia”