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9.2.11

Actualidad del movimiento indígena de tierras bajas


Por Leonardo Tamburini, Director Ejecutivo del CEJIS

El proceso organizativo de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia puede leerse a partir de las demandas que fueron planteando en los últimos 25 años como parte de su plataforma histórico-reivindicativa: a) autoidentificación y visibilización como sujetos diferentes lucha por el reconocimiento de una identidad diferenciada– en la década de los ochenta; b) reivinidicación territorial lucha por la propiedad de la tierra y el control de los recursos naturales– década de los noventa; c) transformación estructural, cuestionamiento al modelo de Estado monocultural y planteamiento de un modelo plural–primera década del siglo XXI y d) lucha por la autonomía ejercicio del poder legalmente reconocido– previsto para esta década que se inicia.

El movimiento indígena se integró al Proceso de Cambio liderado por el MAS de manera distinta a los sectores denominados “orgánicos”[1]. Su adscripción es de “aliado estratégico” y su relación intenta ser más programática que político-partidaria, en tanto que los indígenas de esta región se sienten fuera de cualquier mando jerárquico partidario que afecte la estructura de representación de sus organizaciones. Se consideran constructores de gran parte de la agenda histórica de este Proceso y en tal condición pretenden ser reconocidos. Pero la “alianza estratégica” ha atravesado momentos difíciles, que se vienen replicando con mayor asiduidad en los últimos tiempos, como sucedió durante la VII Marcha por la Ley de Autonomías, en junio de 2010, cuando fueron acusados de ser una especie de base social de la Nación Camba y de que su movilización buscaba la división de Bolivia, en una acción de descalificación de su plataforma que tenía como fin inmediato negar la incorporación de las propuestas de la CIDOB.

Por otro lado, los sectores de poder terrateniente y los barraqueros tradicionales del Norte Amazónico son su principal oponente, junto a sus representaciones políticas y gremiales, por cuanto estas reproducen el esquema de dominación regional contra los cuales los indígenas se organizaron inicialmente. Esto no quiere decir que no entablen circunstancialmente relaciones ni celebren acuerdos políticos y programáticos con sus oponentes regionales, pero para ellos es claro que la consecución de sus objetivos organizativos y el compromiso con sus bases orientan siempre las decisiones políticas de los dirigentes.

Los problemas en la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) de noviembre del año pasado son el reflejo de la situación que atraviesa gran parte del movimiento social boliviano desde hace ya un buen tiempo en tanto base social del esquema que cumple función de Estado en este momento. Influyen en esta situación elementos de orden estructural así como de liderazgo político en la conducción de las organizaciones. Puede también señalarse como motivo de la crisis la presión que ejercen sobre la dirigencia el Gobierno nacional, los sectores de poder regional y las líneas de cooperación internacional, quienes, frente al rol simbólico que tienen los indígenas en este proceso y sobre todo en la región, pretenden permanentemente moldear su posicionamiento e influir en sus decisiones.

Internamente, como efecto de esas fuerzas resultaron tres tendencias que influyeron directamente en la GANPI: a) la del presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, quien hizo un fino trabajo previo a la GANPI estructurando su candidatura en los proyectos logrados por la organización para sus afiliadas regionales y una actitud pública en ciertos momentos crítica al Gobierno; b) la tendencia liderada por la APG, que planteaba un cambio radical en la conducción, que tenía a su favor que era una mujer la candidata[2] y c) la tendencia “principista”, minoritaria, cuyos impulsores plantean el retorno a las “fuentes” del movimiento indígena con el objetivo de cumplir un mejor papel en este delicado momento que vive el Proceso de Cambio. Sin embargo esta última corriente quedó marginada en eventos orgánicos previos a la GANPI[3], por lo que solo las dos primeras quedaron en la disputa por la directiva de la CIDOB.

Dos de esas tres corrientes estuvieron presentes en la marcha de mediados de 2010. Precisamente la APG desistió de marchar con la firma de un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo la conclusión exitosa de ésta ¾que se refleja en la aprobación de una Ley que recogió gran parte de sus demandas y en lo fuera de lugar que quedó aquella rama del Gobierno que pretendió humillarlos frente al país entero¾invisibilizó temporalmente las contradicciones internas que luego emergieron en la GANPI.

La elección de la nueva dirigencia fue el tema que acaparó la atención de los delegados y dio pie a un conflicto que degeneró en la división temporal de la organización por el lapso de dos meses. Su origen, a decir de las fuentes consultadas, fueron los cuestionamientos a las modificaciones realizadas al estatuto de la CIDOB que tenían el objetivo de permitir la habilitación de Adolfo Chávez en su reelección como presidente, pese a las denuncias y observaciones a su gestión planteados por algunas organizaciones. Se afirma además que se aprobó un reglamento electoral el cual, según quienes cuestionaron el manejo del cónclave, contradecía el estatuto de la organización, puesto que se alteraba la forma de elegir al presidente y al vicepresidente (por votación secreta y directa) y las demás carteras (por aclamación), por el sistema de votación secreta y directa en todas las carteras. Las organizaciones que cuestionaron las modificaciones fueron la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

Los comicios se desarrollaron de todas formas, pero las organizaciones opositoras, extrañamente, se sometieron a la votación bajo estas condiciones, confiando en que sus acuerdos políticos previos les garantizarían la victoria electoral, aunque validando de una u otra forma, con su participación, las modificaciones estatutarias que cuestionaban y las observaciones que presentaron a la Mesa de Presidium. Al verse ampliamente derrotados por el esquema del presidente reelegido, decidieron entonces tomar acciones de hecho. Desconocieron la nueva directiva negando la legitimidad de la elección, dispusieron la toma física de la sede de la CIDOB y conformaron un Gobierno transitorio, compuesto por Nelly Romero, de la APG; Francisco Masa, de la CPEM-B, y Manuel Dosapey, de la CPESC. En diciembre, la Gran Asamblea Departamental de los Pueblos Indígenas (GADPI), correlato orgánico de la CPESC, generó otra fractura entre la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y los otros dos pueblos que la componen: la Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (CANOB) y el Concejo del Pueblo Yuracaré-Mojeño (CPYM), debido a la no aceptación de la propuesta chiquitana de trasnformar la CPESC en una coordinadora de pueblos de estructura horizontal y sin representación jerárquica ante la CIDOB. La propuesta no fue aceptada y la OICH se declaró “regional”, es decir se desafilió y solicitó a la CIDOB ser aceptada como la 13º organización parte de la Confederación.

La división temporal de la CIDOB se mantuvo hasta el 12 de enero, fecha en que se llevó a cabo un encuentro orgánico convocado por la directiva de Adolfo Chávez, quien ofreció tres carteras a las organizaciones “rebeldes”. El conflicto se cerró con la aceptación de la oferta[4] y de la ampliación del periodo presidencial (cinco años, en vez de cuatro como hasta ahora), aunque bajo la promesa de que la APG estará desde el 2015 al 2020 al frente de la organización. Ningún elemento de orden programático, político ni estructural enmarcó la negociación y el acuerdo.

Si bien la unidad y la tranquilidad parece haber vuelto al movimiento indígena, ninguno de los problemas que originaron la crisis fueron resueltos; al contrario, se los ha dejado peligrosamente ahí, aplazados en su tratamiento. Sin embargo, haciendo una especie de decálogo, podríamos enumerar alguno de los principales retos que tienen por delante los indígenas en la ruta hacia la recuperación del papel que esta coyuntura política les exige:

Definir la nueva identidad de la organización, que implica establecer con claridad el nuevo rol que quiere jugar en el Proceso de Cambio, distinguiendo bien entre el papel que se les está asignando del que están dispuestos a asumir, a saber, parte del Estado, partido político, sociedad civil organizada u otros.
Resolver los problemas de liderazgo, cuidando en no caer en la prebendalización por cargos; trabajar por la recuperación de los valores éticos para atemperar intereses personales y resolver el conflicto generacional entre líderes históricos y líderes nuevos.
Afrontar los problemas de representatividad, que inciden en lo interno desarticulando la base de la dirigencia, debido al modelo organizacional híbrido, donde las lógicas tradicionales se confunden con aquellas sindicales y se cruzan con las agendas (y urgencias) de la cooperación internacional, que determinan en gran parte la estructura de la confederación nacional, así como los problemas de representatividad externa, debidos a los paralelismos estructurados por los grupos de poder regional y el mismo Gobierno, con la intención de restarles visibilidad e impacto.
Redefinir una plataforma políticapara los nuevos tiempos y el nuevo contexto, en función al rol que los indígenas pretendan asumir en esta coyuntura, definiendo los nuevos retos hacia delante: ¿impulsar decididamente las autonomías indígenas?, ¿aportar a la implementación del nuevo modelo de desarrollo económico y social del “vivir bien”?, ¿acompañar de cerca la gestión pública local de los espacios conquistados?, ¿o seguir en la gestión de proyectos de la cooperación y el Gobierno?
Acometer cambios al actual modelo de dependencia financiera, que influye en su agenda política y de gestión, permeados por intereses que poco tienen que ver con las realidades de los pueblos indígenas.
Recomponer las alianzas con las organizaciones campesinasa nivel regional y nacional, uno de sus principales capitales históricos, que se vieron afectadas seriamente en el conflicto de la Marcha, puesto que representa un elemento central para afrontar coherentemente los desafíos de estructuración del Estado Plurinacional, regional y nacionalmente.

[1]Nos referimos a las organizaciones campesinas, mujeres campesinas y colonizadores (hoy autoidentificados como comunidades interculturales), quienes crearon el Instrumento Político para la Soberanía del los Pueblos, que actúa con la sigla del partido Movimiento al Socialismo (IPSP-MAS).

[2]Nelly Romero, asambleísta departamental suplente del pueblo guaraní del departamento de Santa Cruz.

[3]Concretamente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

[4]Nelly Romero fue a la vicepresidencia, cargo sujeto de todos modos a ratificación por la APG en un futuro evento orgánico; Ernesto Sánchez, de la CPEM-B, a la secretaría de desarrollo económico; y Manuel Dosapey, de la CPESC, a la secretaria de recursos naturales.

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