Los pueblos indígenas de la región de Amazonía, tanto de Bolivia como de Ecuador y Perú, tienen que enfrentar la creciente expansión de las industrias extractivas que afectan su modo de vida y producen la ruptura de sus prácticas tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales.
Frente a este contexto surge la necesidad de la adecuada aplicación del procedimiento de consulta previa, libre e informada respecto a los proyectos hidrocarburíferos que se desarrollan en los territorios de los pueblos indígenas con la finalidad de garantizarles las condiciones para ejercer su derecho a la autodeterminación.
Bolivia, Perú y Ecuador ratificaron el Convenio 169 en 1991,1994, 1998 respectivamente. No obstante, el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento internacional, el mismo que establece el derecho de la consulta de los pueblos indígenas, deja mucho que desear. La implementación del modelo de desarrollo basado en la extracción de las materias primas frena el desarrollo legislativo al respecto. Por tanto es urgente completar las legislaciones nacionales en esta materia considerando que faltan leyes y reglamentos respecto a la consulta con los pueblos indígenas y los ya existentes resultan restringiendo este derecho. Asimismo, existen distintas interpretaciones relacionados con el contenido del Convenio 169 por parte de las autoridades estatales y los pueblos indígenas.
El 5 de junio se cumplió un año de la tragedia en la selvática localidad norteña de Bagua, Perú donde murieron 34 peruanos (24 policías y 10 civiles), ocurrida a raíz de la protesta de los indígenas awajún-wampis. Los manifestantes se oponían a un paquete de leyes promovidas por el gobierno que, según las organizaciones nativas, amenazaba la propiedad de sus territorios y sus recursos naturales. La brutal represión en la Curva del Diablo habría provocado muchos más muertos en filas indias que los reconocidos oficialmente, según denuncian las organizaciones amazónicas. A un año de la masacre, los pueblos de la Amazonía consiguieron una resonante victoria al derogar el gobierno de Alan García los decretos más polémicos. Más aún, el 19 de mayo del 2010 el Parlamento aprobó la Ley Marco de Consulta Previa, que estipula que los emprendimientos mineros deberán pasar por una fase de consulta con los pueblos. La norma no recoge todas sus demandas, sin embargo se considera un nuevo triunfo de los pueblos amazónicos.
No obstante, frente a las recientes observaciones del presidente Alan García sobre esta nueva ley, varias organizaciones indígenas y de Derechos Humanos coincidieron en señalar que estas van en contra del Convenio 169 de la OIT y consideraron que sus críticas son racistas y autoritarias, sin fundamento jurídico . Pasados varios meses desde su aprobación, la legislación todavía no fue promulgada, tras volver al Congreso con las observaciones del primer mandatario.
Hace unos días el congresista peruano Guido Lombardi, del Grupo Parlamentario Unidad Nacional, quién formó parte de la comisión que investigó los hechos de Bagua, expresó su esperanza que el pleno del Congreso, previsto para realizarse el 2 de septiembre ratifique la norma y declaró votar en contra de las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. “Después de los desgraciados sucesos de Bagua el único gesto producido por el Estado para evitar la repetición de tales hechos, ha sido la promulgación de la Ley de Consulta. Espero yo, que el debate en el Pleno conducirá a la insistencia por parte del Congreso” manifestó Lombardi.
Vale destacar que las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo plantean que aún sin conseguir el consentimiento de los pueblos indígenas el Estado no podrá dejar los proyectos y renunciar al carácter unitario y soberano de la República.
Pese a existir logros importantes en la materia legislativa relacionada con los derechos indígenas, el gobierno peruano sigue apostando a la expansión de la explotación minera como eje del crecimiento económico. Producto de ello son los conflictos sociales en defensa del ambiente que vienen escalando en Perú. La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento son conflictos relacionados con la actividad minera. Los datos revelan que la cantidad de conflictos se duplicó respecto del año interior, lo que demuestra que las comunidades indígenas están cada vez menos dispuestas a tolerar las afectaciones dañinas que provoca la actividad de la minería transnacional en sus territorios.
Los mismos factores están afectando la vida de los pueblos que habitan la Amazonía ecuatoriana. Los principales problemas de esos nativos son la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la selva, la contaminación de los ríos, la transmisión de enfermedades por parte de los colonos y la reducción del territorio que habitan.
Las afectaciones sociales y ambientales causadas por las actividades hidrocarburíferas son de enormes dimensiones. Los mismos llevaron a la movilización social y finalmente a la expulsión de la empresa petrolera Occidental (Oxy) del Ecuador y el avance del juicio a Texaco por la contaminación producida. Sin embargo, la dependencia del Estado de la renta petrolera limita la posibilidad de construir verdaderas alternativas manteniéndose el avance de las empresas sobre los territorios indígenas.
En 2006 el gobierno ecuatoriano aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos para conseguir para el Estado un mayor porcentaje en la distribución de las ganancias en los bloques petroleros, ya que las transnacionales se llevaban el 80% de las ganancias dejando el 20 % para el Estado en el mejor de los casos. En el año 2008 Ecuador lanza la iniciativa ITT para dejar el crudo bajo tierra, a cambio de una compensación internacional por la conservación de la biodiversidad del bloque ITT y su importancia como pulmón de la tierra. Pese al discurso mediático de las autoridades estatales, en la práctica la política de expansión petrolera aún sigue en pie. Las operaciones de todas las compañías petroleras afectan a seis áreas protegidas y a nueve pueblos indígenas amazónicos: Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar y pueblos desaparecidos como el caso de los Tetetes y Sansahuari. Estas poblaciones han perdido sus territorios ancestrales y han sido obligadas a retirarse a las pequeñas reservas rodeadas por la infraestructura petrolera.
Por otro lado el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico que contempla algunos planes de desarrollo en Ecuador, se constituyó desde su puesta en marcha el año pasado en un nuevo peligro para los nativos amazónicos.
El mayor riesgo lo afrontan los pueblos ecuatorianos que viven en zonas cercanas a la frontera colombiana, hasta la fecha cientos de personas de las comunidades shuar, achuar y quichuas fueron desplazadas de sus hogares por la acción de paramilitares que los amenazaron para que abandonen sus tierras. Otro factor que amenaza el ejercicio de los derechos colectivos de estos pueblos es la construcción del nuevo oleoducto para el transporte de petróleo pesado de Ecuador desde la Amazonia hasta la costa del océano Pacífico.
Respecto a la falta de cumplimiento del derecho a la consulta previa, el 17 de marzo de 2009 la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería por falta de la consulta prelegislativa a los pueblos indígenas. La misma fue desechada por la Corte el 18 de marzo del 2010.
Vale destacar que la Corte, pese a reconocer la existencia del derecho a la consulta prelegislativa no declaró la inconstitucionalidad de la norma mencionada. Por otro lado, mediante dicha sentencia se establece una reglamentación de los procesos de consulta previa. Para justificar su fallo, la Corte acude a un argumento político al afirmar que Ecuador se encuentra en un periodo de transición institucional. Asimismo, demostró no reconocer el desarrollo del derecho internacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas, afirmando no declarar la inconstitucionalidad por falta de la reglamentación para aplicar el derecho a la consulta.
En cuanto a la situación en Bolivia, en los últimos años los pueblos indígenas de este país vienen exigiendo el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y denuncian malas prácticas del Estado y de las empresas. La consulta no se hace oportunamente (a tiempo y cuando conviene), lo que pone a los pueblos indígenas en desventaja y perjudica su capacidad de autodeterminación. Hay escaso entendimiento de las empresas (privadas y públicas) sobre los impactos no tangibles (sociales, culturales y espirituales) de las actividades desarrolladas en los territorios indígenas. El proceso de la consulta no es transparente, la información sobre las actividades previstas en los territorios indígenas no es de acceso libre e irrestricto. De hecho, la población afectada tiene que utilizar medidas de presión para conseguirla. Por otro lado, se constata que los procedimientos de consulta no toman en cuenta los usos y costumbres de los pueblos indígenas y la estructura orgánica de sus organizaciones . Preocupan las declaraciones de algunas autoridades gubernamentales que atentan contra uno de los pilares fundamentales para viabilizar los procesos de autodeterminación de los pueblos indígenas. Recientemente, Luis Fernando Vincenti, el Ministro de hidrocarburos y energía aseguró en la inauguración del Congreso “Bolivia Gas y Energía 2010”, que la consulta a los pueblos indígenas que entorpecía y frenaba las operaciones productivas ya no es una amenaza para los petroproyectos.
En este contexto vale la pena señalar dos casos emblemáticos que evidencian la violación del derecho a la consulta en la amazonia boliviana: el caso de la TCO Tipnis del departamento de Beni y el caso del territorio del pueblo mosetene en el norte del departamento de La Paz. Los pueblos indígenas que habitan el territorio TIPNIS y el área protegida Isiboro Sécure rechazaron rotundamente el proyecto de la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos. De acuerdo a lo planificado la ruta atravesaría el territorio indígena donde viven los pueblos yuracaré, mojeño y tzimanes y donde se encuentran los grupos yuracarés en aislamiento voluntario, afectando radicalmente el modo de vida y las estrategias de subsistencia de la población indígena. Los dirigentes de estos pueblos en reiteradas oportunidades denunciaron la violación del derecho a la consulta sin obtener la respuesta favorable a sus reclamos.
En el caso del pueblo moseten, su ente matriz informó que en el proceso de consulta sobre el proyecto de exploración sísmica emprendido por la empresa Petroandina en la TCO algunos funcionarios estatales y los representantes de la empresa optaron por realizar la consulta directamente a las comunidades, generando una crisis de legitimidad de la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Moseten).
No obstante, frente al contexto socioeconómico en el que el Estado favorece al inversionista existen las iniciativas de la sociedad civil que apuntan a sensibilizar la opinión pública sobre los impactos nocivos que tiene el desarrollo de las actividades extractivas en la vida de los pueblos indígenas en la amazonia boliviana. La campaña "Amazonía sin Petróleo" fue impulsada por la organización no gubernamental el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y se inició por la demanda de los pueblos amazónicos, cuyos derechos están siendo afectados por actividades petroleras, de la misma manera que sus formas de vida y sus actividades económicas. La iniciativa tiene la misión de informar sobre los procedimientos legales, derechos y deberes relacionados a la actividad petrolera en todas las fases de la cadena productiva, etapas previas y posteriores, en particular en territorios habitados por pueblos indígenas y campesinos, porque el conocimiento de los mismos, tanto por parte de las comunidades como del mismo Estado, es un instrumento para la convivencia en el marco del Vivir Bien, directriz o paradigma de toda la política nacional, acorde a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo.
Los conflictos socioambientales han hecho ver a los indígenas amazónicos la necesidad de tener una presencia en el escenario político, para poder garantizar que su problemática esté presente en la agenda pública.No cabe duda que la estrategia de supervivencia de los pueblos amazónicos de Bolivia, Perú y Ecuador debe contemplar el planteamiento y promoción de un nuevo modelo de desarrollo como alternativa al modelo que privilegia la lógica predatoria en el aprovechamiento de RRNN sin tomar en cuenta la vulnerabilidad de estas minorías étnicas, varias de las cuales se encuentran al borde de la extinción.
Por: Aleksandra Bergier, Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales.
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Referencias:
1.Raúl Zibechi, Perú: un año de la masacre de Bagua, tomado del sitio web: http://www.180latitudes.org, 24.06.10.
2.Organizaciones de DDHH sostienen que observaciones de Ley de Consulta son inconstitucionales, tomado del sitio web: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1486, 24.06.10.
3.Perú: “Congreso debe insistir en sancionar Ley de Consulta aprobada el 19 de mayo”, disponible en la web: http://www.servindi.org/actualidad/30667#more-30667, 01.09.10
4.Ecuador- extracción petrolera en la amazonia en: Conflictos Socioecologicos, combustibles fósiles, ficha nº 22, Proyecto Cultura y Ambiente – http://www.fuhem.es/cip-ecosocial.
5.Indígenas amazónicos luchan por su supervivencia, tomado del sitio web: http://www.webislam.com/?idn=2175, 24.06.10
6.David Cordero Heredia y Ana Cecilia Navas, “Ecuador: Política encima de los derechos”, disponible en la web: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010081904 el 01.09.10
7.Iván Egido, Aleksandra Bergier, Estado de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia, Defensoría del Pueblo, 2010.
8.“Gobierno: Consulta indígena ya no es una amenaza a los petroproyectos”, disponible en el sitio web: www.plataformaenergetica.org, el 18.07.10.
9.Bolivia-campaña amazonia sin petróleo, tomado del sitio web: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38516, el 24.06.10.
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