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30.8.10

Trópico: colonos invaden tierras comunitarias

Colonos invaden las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en el Parque Isiboro Sécure. Chaqueo, tala y plantaciones de coca se verificaron el jueves pasado entre el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y representantes de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cpitco).



Además, representantes de las comunidades indígenas expusieron la ilegalidad de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos bajo fundamentos técnico-jurídicos, exigieron que no se construya y pidieron que cesen las invasiones a sus territorios.




Ante la evidencia, el asesor legal del INRA, Marcelo Soliz, también presente en la verificación, señaló que esa institución se comprometió a formalizar una denuncia ante la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) para que el Ministerio de la Coca proceda a la erradicación de los cocales y también acordó realizar una verificación técnica de límites a fines de septiembre.



Sin embargo, Soliz señaló que las competencias del INRA en materia de invasiones son limitadas pues las TCO afectadas son propiedad privada y son los indígenas quienes deben defenderlas como propietarios legales.



El jueves pasado, cerca al medio día, se realizó una reunión de coordinación e informe entre dirigentes y autoridades de los territorios yuracarés, yuquis, Parque Carrasco, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con la presidenta de la Cpitco, Rosa Chao, y el director departamental del INRA, Jaime Copa, ante quienes se denunció el avasallamiento, según refirió un voluntario de protección del Parque Isiboro Sécure, Pablo Rojas, presente en la reunión.



“Era una reunión que ya se había dilatado mucho porque ya antes hubo denuncias de que los colonizadores se entraron al parque, en realidad eso es una constante desde hace bastante tiempo”, contó Rojas.



Anoticiados de la presencia de Copa y su comitiva, los indígenas de Ushbea, comunidad yurakaré que se encuentra a una hora y media de Chimoré, presionaron para que fuera a verificar la tala, chaqueo y cocales ilegales que los indígenas encontraron pocas horas antes.



“Una comisión partió al lugar, tomamos fotos y los yuracarés contaron que encontraron a los madereros sacando las troncas por el río. Ahora están en vigilia y lo que temen es que los madereros o los colonos vuelvan y haya enfrentamiento”, dijo Rojas.



Soliz confirmó el relato de Rojas y dijo que ante los hechos, se acordó entre la Cpitco y el INRA formalizar la denuncia ante la ABT que es la instancia que tiene competencia en cuanto a desmontes ilegales.



Sin embargo, señaló que si el equipo técnico del INRA verifica el avasallamiento, esa institución puede iniciar acciones legales porque la ley le faculta a proteger las TCO que son consideradas tierras protegidas.

Respecto a la coca ilegal, Soliz dijo que el INRA, a través de la ABT, canalizará la denuncia ante el Ministerio de la Coca para su erradicación.



“A pesar de la Cumbre de Tiquipaya, no hay nada”



Los representantes indígenas coincidieron en que existe dejadez del Gobierno a pesar de las denuncias constantes.


El portavoz yurakaré de la comunidad de Ushbea, Benjamín Suárez, indicó: “Si alguien quiere poner fin a los problemas de nuestros territorios debe ser operativo. Nosotros cuidamos los bosques, otros se aprovechan y los destruyen. El desmonte y el chaqueo se hace, las autoridades no se mueven”.



También criticó la ineficiencia del Gobierno en la lucha en favor de la madre tierra y de los pueblos indígenas: “Discurso fantasma es, no hay seriedad”.


Un comunario mojeño, Marco Fabricano, dijo que el caso del Isiboro Sécure es alarmante, pero que hasta el momento no ha sucedido nada a pesar de la Cumbre de Tiquipaya y otros discursos y promesas de resonancia internacional.


“Nos informan comunarios y defensores del Tipnis que desde 2003 desaparecieron siete comunidades en el área colonizada del Isiboro Sécure, eso revela un despiadado etno-genocidio al extinguirse una comunidad por año”, dijo el voluntario Pablo Rojas.

Fuente: Los Tiempos

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