Hora de los derechos laborales

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, anunció en días pasados que ahora la prioridad de la Asamblea Legislativa será la aprobación de leyes sociales y laborales, todo un reto por cierto para subsanar definitivamente las injusticias a las que todavía es sometido el trabajador en los diversos ámbitos. Aún hoy, en pleno siglo XXI, la normativa laboral boliviana mantiene las viejas visiones de la República colonial-liberal y no ha logrado ponerse a tono con los cambios estructurales que plantea, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, base de la Revolución Democrática y Cultural.
Cabe recordar que los trabajadores, esto es, los hombres y mujeres asalariados y no asalariados, se han visto sometidos por más de un siglo a situaciones de desprotección y dependencia tales que hablar de derechos resultaba siendo simplemente imposible en el ámbito del trabajo.
El Estado, que debiera ser el primer llamado a proteger al trabajador (al servidor público, en su caso), el puntal de la protección social y el vigía de los derechos de todas y todos los trabajadores, resultó siendo históricamente uno de los principales violadores de derechos, situación explicable a partir de natural cooptación de la administración de la cosa pública por aquellos sectores dueños del poder económico. Estos grupos oligárquico-empresariales, amos del viejo Estado, se encargaron de que las leyes se convirtieran en una enmarañada red que termine encubriendo intereses políticos y económicos en desmedro del trabajador. Esto tiene que cambiar hoy, y se están haciendo los esfuerzos para que así ocurra, más aún bajo el marco jurídico institucional que plantea la Constitución Política del Estado.
El tema es en sí mismo complejo y merece un amplio debate con los actores sociales, es decir, los trabajadores y sus sindicatos junto con las autoridades correspondientes. Las leyes laborales y sociales, como una nueva Ley del Trabajo o de Pensiones, no pueden salir más de cuatro mentes ‘iluminadas’ ni ser fruto del trabajo de bufete de los ‘expertos’ o de costosas consultorías —como lo advirtió el presidente Morales refiriéndose a lo que ocurría hasta no hace poco—. Aquel vicio casi insalvable ha comenzado a ser cosa del pasado.
Hoy los movimientos sociales, los trabajadores y sus sindicatos tienen propuestas y las instancias para hacerse escuchar. Y será, sin duda, la Asamblea Legislativa, como lo ha demostrado en la aprobación de las cinco leyes orgánicas que son la base de la nueva ingeniería jurídica del Estado Plurinacional, la que debata, analice y recoja las propuestas y demandas de los sectores.
Debates pendientes hay muchos en materia laboral, y exigirán sin duda un tiempo prudencial para su consideración, así como la amplitud y sabiduría necesarias para traducir las demandas de los actores en las normas que vayan a aprobarse. Algunos criterios básicos, como generales, están planteados en la misma Carta Magna que hoy es la brújula del proceso de cambio, y lo que ahora queda es bajar esos postulados hacia normas específicas que sean aplicables y que lleguen al trabajador.
La sección III del capítulo quinto de la CPE, referida a los Derechos Sociales y Económicos, señala en su artículo 46. I. “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”. Añade el inciso II: “El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”. Los enunciados constitucionales referidos a la temática social y laboral están incluidos en gran media en las secciones II y III del mencionado capítulo quinto y desarrollan conceptos claves en más de 20 artículos que, de aplicarse —en normas específicas— se podría pensar en que los trabajadores tendrán un blindaje legal que les permitirá efectivamente vivir bien, algo que aún es un propósito planteado a largo plazo.
A propósito, la anterior semana, en La Paz, el Ministerio de Trabajo, junto a importantes organizaciones de mujeres, llevó adelante un seminario internacional en el que abordó la temática de las ‘Mujeres en la legislación laboral y la seguridad social’ y en el cual se desveló el actual estado de desprotección en el que aún se encuentran las mujeres en estos ámbitos y la carencia de iniciativas concretas para favorecerlas.
Aquel encuentro mostró que es posible recoger propuestas y recomendaciones desde los sectores involucrados, en este caso de las mujeres, como actoras esenciales de la transformación de la economía. Ellas mismas, desde sus organizaciones, han planteado, entre otros temas cruciales, la economía para la vida, en concordancia con la construcción del nuevo (paradigma) modelo económico para vivir bien.
La experiencia que ha desarrollado, en estos pocos pero intensos meses de trabajo, la Asamblea Legislativa Plurinacional permite abrigar esperanzas de que la construcción de las normativas sociales y laborales acoja las propuestas que surjan desde la base y desde entidades especializadas en la materia.
Urge pues, como uno de los ejes de lo que será aquel debate que está planteado, tomar en cuenta la dinámica que se ha propuesto para llevar adelante transformaciones profundas que dejen atrás las viejas normas injustas y tramposas que hicieron que el trabajador termine subvencionando al empresario y al propio Estado a costa de su magro salario. La ley debe dejar de ser una trampa para el trabajador, y el juego mercantilista y abusivo respecto al trabajo debe terminar para terminar con aquello de que ‘la casa gana’ siempre a cualquier costo y en toda circunstancia.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-08-02&idn=24533