El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) elevó este martes una denuncia formal ante la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), sobre la vulneración de los derechos de los comunarios de la provincia Pacajes por la puesta en marcha del proyecto hidrometalúrgico de cobre en Corocoro, sin haberse cumplido el mandato constitucional de la consulta.
El Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del CONAMAQ, Rafael Quispe, entregó un informe sobre el caso Corocoro al coordinador General de la CAOI, el peruano Miguel Palacín Quispe.
“Hemos visto que como una de las estrategias es presentar y denunciar la contaminación que provoca la planta de Corocoro en nuestras comunidades, ante las instancias internacionales y por eso acabamos de presentar una queja formal a nuestra instancia que es la CAOI”, señaló Quispe.
Explicó que la CAOI emitirá otro informe para presentarlo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Naciones Unidas. “Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, son tratados internacionales, es ley del Estado en Bolivia”, declaró Quispe.
Por su parte, Miguel Palacín lamentó que en Bolivia se estén vulnerando los derechos de los pueblos indígenas al no ser consultados para la ejecución de actividades extractivas en sus territorios.
“La queja que están haciendo (el CONAMAQ) es que el Estado habría violado el derecho a la consulta previa para establecer un proyecto. La consulta previa es para otorgar el consentimiento y llegar a acuerdos, y eso no se habría logrado y con ello han vulnerado varios de los artículos del convenio 169 de la OIT y de la Organización de Naciones Unidas”, subrayó Palacín.
Al respecto, el gerente de la Empresa Minera Corocoro, Germán Elías, desmintió todas las acusaciones, como la contaminación y señaló que las demandas del CONAMAQ corresponden a un sector reducido.
Indicó que las comunidades del Municipio de Corocoro, donde se explota el cobre, respaldan el proyecto hidrometalúrgico, puesto en marcha a mediados de la pasada gestión por el presidente Evo Morales.
El CONAMAQ reclama desde 2009 la falta de consulta por parte de Comibol para el reinicio de operaciones en sus territorio, como establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Además denunció el desvío del río Pontesuelo para las operaciones de la planta, el avasallamiento de sus tierras para la construcción de un dique de colas (piscina que recibe los químicos de bota la planta), que presuntamente provocaría graves daños ambientales.
http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483933309
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