El Estado intervino en zonas amazónicas de Bolivia, fronterizas con Perú y Brasil, para impedir la explotación ilegal de madera y de oro que estaba a cargo de grupos nacionales y extranjeros, informó el miércoles el director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de Macro regiones y Fronteras (ADEMAF), Juan Ramón Quintana.
En una conferencia de prensa, junto a autoridades de la Gobernación del departamento de Pando, de los Ministerios de Minería, Defensa y Medio Ambiente, Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y de las Fuerzas Armadas, Quintana destacó la coordinación interinstitucional del Estado "para preservar la soberanía y los recursos naturales".
Dijo que las acciones con ese objetivo serán permanentes, no solamente en el departamento de Pando, sino en los de Beni, Santa Cruz y otras donde pretendan actuar grupos empresariales en la explotación ilegal de los recursos naturales.
"En forma inédita en toda la historia republicana de Bolivia se ha decidido coordinar los esfuerzos de diversas instituciones estatales para emprender una tarea integral que cierre el paso a los traficantes de los recursos naturales", indicó.
En esas acciones intervino también Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),"con el fin de drenar el combustible que utilizaban estos grupos delictivos para explotar la riqueza nacional", y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Manifestó que igualmente participó la gobernación de Pando, a cargo del gobernador Adolfo Flores, y los alcaldes que ven un riesgo para sus Municipios el desarrollo de esas actividades delictivas.
"Trabajaremos igualmente con las comunidades campesinas y pueblos indígenas que habitan la zona con el fin de que el Estado salga al paso a las actividades ilegales que se sirven de los recursos naturales del país en su propio beneficio", enfatizó Quintana.
A su vez, el gobernador de Pando, Adolfo Flores, se refirió específicamente a la cantidad de madera y la deforestación que sufría ese departamento amazónico, en especial en las provincias Abuná, Nicolás Suárez y Federico Román.
Destacó la utilización coordinada de todos los recursos estatales para sentar soberanía en esas regiones.
Flores informó que en las primeras evaluaciones se verificó la existencia de una explotación ilegal y contrabando de madera a otras naciones, por lo que se movilizó a efectivos militares y funcionarios de otras instituciones para evitar ese extremo y sancionar a los infractores.
"Se definió también crear opciones alternativas para que las poblaciones que habitan en esas zonas puedan ingresar a la explotación, tratamiento y comercialización de otros productos, como la goma", anotó.
Informó que serán capacitadas unas 500 familias en las provincias pandinas para que se dediquen a estas actividades.
Cliver Rocha, responsable de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), señaló que era imperativo que el Estado adopte determinaciones para frenar la tala indiscriminada de bosques en la región.
Informó que el año pasado, al menos 16.834 hectáreas sufrieron por las acciones de grupos ilegales que deforestaron la zona y este año ya se tiene un registro de 8.410 hectáreas, por lo que había llegado la hora de poner freno a esas actividades.
Se trataban de acciones de piratería de los recursos forestales por parte de grupos nacionales y extranjeros que enviaban sus cargamentos al extranjero. Mencionó que Además, se identificó a rescatadores de la madera que la derivaba a los aserraderos de Guayaramerín, Riberalta, Cobija y La Paz.
Rocha destacó la decisión política asumida por ADEMAF y la Gobernación de Pando para coordinar con otras instituciones del Estado con el fin de enfrentar ese delito de transporte ilegal de maderas a Perú y Brasil".
Por su parte el viceministro de Minería, Gerardo Coro, se refirió a las acciones emprendidas para evitar la extracción ilegal de oro de los ríos amazónicos en los ríos de la cuenca.
Si bien se abstuvo de dar cifras sobre la cantidad de oro que es extraído y sacado ilegalmente a países vecinos, el Viceministro señaló que son cantidades importantes.
"La explotación de oro para enviarlo al extranjero solamente beneficia a otras naciones y no al desarrollo de la región, ni al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores", puntualizó.
El responsable del comando Conjunto de la Amazonia que operó en la zona, contraalmirante Ivar Zambrana, dijo que el operativo realizado en el río Orthon se denominó "Río Seguro" y consistió en patrullar durante siete días para notificar a los dueños de balsas sobre sus actividades ilegales de explotación del oro.
Anotó que se les dio un plazo de 20 días para que legalicen sus actividades., una vez que cumplido ese término las unidades militares procederán al decomiso de las embarcaciones.
Adelantó que se han previsto operativos similares en los ríos Madre de Dios, Beni y Madera.
www.abi.bo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario