Comienza la segunda marcha nacional del Movimiento sin Tierra por la defensa y consolidación de las comunidades Trillizas

Anastasio Serrudo, coordinador nacional del MST-B: “Todos los intentos para restituir las comunidades Tierra Firme, Tierra Hermosa y Chirimoya fracasaron y por eso hemos decidido empezar la marcha nacional. No es solamente el tema Trillizas, ya es un tema nacional. Durante los 10 años de la lucha del MST no hemos sido escuchados por el gobierno. Nos daban documentos para que calmemos. Queremos que se cumplan nuestras demandas en base a la ley. Para ello necesitamos dialogar con el presidente Evo Morales y no con sus ministerios”.

El 8 de julio a las 12.30 de la tarde los 80 marchistas, representantes del Movimiento Sin Tierra salieron de su oficina en Santa Cruz dirigiéndose rumbo a Warnes donde terminaron el primer tramo de su caminata. Hoy a la marcha se sumaron 10 integrantes de la directiva regional del Chaco, y se calcula que el número de las personas sea más elevado y que alcancé unas 150 al final de esta jornada cuando los marchistas lleguen a la localidad de Montero. Serrudo estima contar con la participación de entre 800 a 1000 marchistas al llegar a la ciudad de La Paz. Respecto a la presencia de los niños y niñas en la marcha, los líderes del MST afirman que los representantes de las comunidades salieron con todas sus familias y que hay 30 pequeños que están acompañando a la movilización.
El 20 de abril, 2010 la comunidad Tierra Hermosa, junto con dos otros asentamientos del MST (Tierra Firme y Chirimoya) sufrió un asalto y secuestro de aproximadamente 20 personas. Dicha acción fue encabezada por dos terratenientes de la zona (Guido Soliz y Américo Gemio), apoyados por la subprefectura y el comité cívico de la comunidad de Campamento, en la provincia Velasco. Como resultado, más de 200 personas entre niños, mujeres y hombres fueron golpeadas, agredidas y sacadas de sus tierras. Además de vivir bajo la constante amenaza por parte de los agresores quienes no les permiten volver a su territorio y de no contar con las mínimas garantías de seguridad que les deberían ser otorgadas por la fuerza pública, estas familias no tienen medios de subsistencia, puesto que perdieron sus animales de cría y sus cosechas.
Los integrantes del MST estuvieron en huelga de hambre durante varias semanas, exigiendo la intervención del gobierno y el ingreso de la fuerza pública en la zona para garantizar la reinserción de la población en su territorio. Frente a la falta de respuesta por parte del gobierno, tomaron la determinación de ocupar la oficina departamental del INRA en Santa Cruz. Esta medida de presión fracasó y hasta la fecha ningún esfuerzo orientado a garantizar la convivencia pacífica y a consolidar el asentamiento definitivo de los legítimos dueños del territorio trajo resultados esperados. Los comunarios volvieron a sus asentamientos por un breve periodo, sin embargo frente a las constantes amenazas de los terceros que persisten en su afán de apropiarse de los predios legalmente consolidados por los miembros del MST, estas familias se vieron obligadas a retirarse.
Tras la renovación de la estructura representativa del MST la organización espera incidir con más fuerza para obtener una respuesta efectiva a sus demandas. Sin embargo hasta ahora los marchistas no tienen ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades estatales. “Recibimos una llamada del Ministerio de Movimientos Sociales, nos preguntaron cuantas personas están comenzando a marchar, a qué hora van a salir pero no se han pronunciado sobre nuestras demandas y no han coordinado un diálogo”. Serrudo aclaró que la organización no está en contra del gobierno y lo único que pide es el respeto para sus demandas en el marco de la Constitución.
“No contamos con recursos ni con mucha alimentación. Los compañeros de las Trillizas se han quedado sin nada pero han decidido que tenemos que luchar como sea y vinieron con todas sus familias. Estamos saliendo de emergencia. Nuestras demandas tenían que cumplirse la anterior semana. Había un documento que se ha firmado pero no se ha cumplido”. Según el dirigente, el acta de acuerdo firmado con los representantes del Viceministerio de Tierras y el Director Nacional del INRA contemplaba el desalojo de los terceros de las Trillizas y la reinserción de los habitantes legítimos en sus territorios así como la implementación del programa de asentamientos humanos. “Eso no se cumplió, nos han hecho cansar con llamadas diciendo que tal día van a desalojar y al final no cumplieron. Además cuando llamamos a una autoridad nos decían que tenemos que llamar a la otra, nos remitían del INRA al Viceministerio y al revés. La fuerza pública nunca ha llegado, nosotros hemos mandado comisiones para verificar si se está realizando el desalojo de los terceros, pero no había nadie” manifestó Serrudo.
Preguntado porque el Movimiento Sin Tierra no se ha sumado a la plataforma de la CIDOB, el líder dijo que la organización siempre ha marchado en alianza con otros sectores, sin embargo ahora quiere demandar el cumplimiento de sus propias demandas. “Hemos emitido un voto resolutivo apoyando a los hermanos indígenas sin embargo no coincidimos con ellos en sus demandas entonces por eso salimos a la marcha solos”.
La plataforma de la 2da marcha nacional del MST consiste en 9 áreas temáticas: el tema agrario y seguridad jurídica, educación, salud, agua, biodiversidad y medio ambiente, desarrollo productivo y economía comunitaria, fuentes de energía para la necesidad local, viviendas sociales dignas, vías de acceso y comunicación, adecuación constitucional y desarrollo legislativo. Su demanda principal tiene que ver con la restitución y posesión a todas las familias de las comunidades Trillizas al interior de sus territorios comunitarios legalmente titulados, así como la compensación de los daños a la producción agrícola, causados a raíz del desalojo forzado. Por otro lado, exigen la implementación de la reforma agraria participativa, solución del problema de la tierra insuficiente, conclusión de los procesos de titulación y dotación de tierras fiscales a las comunidades del MST-B en el departamento de Tarija y en el departamento de Santa Cruz.
Por: Aleksandra Bergier, Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales