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22.6.10

Monitoreo socioambiental indígena en Charagua Norte: un espacio de empoderamiento frente a las malas prácticas en los procesos de consulta

Ronald Gómez, el primer capitán de la TCO Charagua Norte del departamento Santa Cruz anunció a mediados de mayo que las comunidades pertenecientes a esta capitanía, sus autoridades y los monitores indígenas vienen re conduciendo con éxito un proceso de consulta y participación sobre los proyectos hidrocarburíferos(1) puesto que la empresa Pluspetrol pretende iniciar un nuevo estudio de exploración sísmica en su territorio. El equipo de monitoreo socioambiental ha cumplido un rol muy importante en este proceso considerando que su trabajo ha servido para determinar de manera preliminar los impactos socioambientales y las acciones de mitigación que la empresa no ha contemplado.

El monitoreo socioambiental es una herramienta de control social que surge desde las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y juega un papel especialmente importante en la presente coyuntura y frente al discurso del gobierno nacional sobre la limitación del derecho a la consulta. El gobierno del MAS calificó la consulta previa como una “pérdida de tiempo” y un “obstáculo” que impide el crecimiento de las industrias minera e hidrocarburífera y el cumplimiento del plan nacional de desarrollo. El caso de la explotación hidrocarburífera en el norte de La Paz, donde los dirigentes indígenas supuestamente frenan el avance de las obras extractivistas, es un ejemplo que utiliza el oficialismo para ilustrar la conducta que de acuerdo a su interpretación está dirigida contra el interés nacional. Las autoridades estatales señalaron en reiteradas ocasiones que los recursos provenientes de explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz serán destinados a “construir carreteras, generar petroquímica, industria, mejorar la salud y la educación de la gente”. Sin embargo, según los representantes del gobierno, estas iniciativas no pueden avanzar debido al accionar del sector no-gubernamental que impide el desarrollo del país. El Vicepresidente Alvaro García Linera dijo que “(…) algunas ONGs soliviantan a las comunidades indígenas de la región y frenan el “progreso del país con la excusa de defender el medio ambiente”. Asimismo, las organizaciones indígenas, inspiradas por “los oscuros intereses” de las ONGs de Europa y Estados Unidos bloquean los proyectos extractivistas. Además, como se quejó el presidente Evo Morales, la derecha internacional encabezada por los Estados Unidos influye en las políticas internas de las organizaciones sociales con el objetivo de generar movimientos de desestabilización de la democracia en Bolivia(2).

Pese a las promesas del gobierno del MAS, los sectores indígenas del Norte de La Paz no han observado hasta la fecha mayores avances en cuanto a la mejora de sus condiciones de vida. Al contrario, han identificado varios daños ocasionados al medio ambiente en sus territorios mediante las actividades de exploración por las cuales quieren pedir compensación. “Queremos darle a conocer la situación del pueblo moseten al gobierno y exigir la compensación que toma en cuenta todo el territorio de la TCO por los daños causados por las pruebas sísmicas. Si el Estado tiene el enfoque desarrollista entonces debería cumplir con sus compromisos en cuanto al desarrollo de la región” anunció Danielo Gigasi, el presidente de la Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM).
A partir de las experiencias provenientes de la implementación del paradigma neo-extractivista, en su mayoría dolorosas para los pueblos indígenas, nace la necesidad de incluir la visión y práctica de los sectores directamente afectados por este modelo de desarrollo en los procesos de consulta y más específicamente en las actividades de identificación y mitigación de las afectaciones socio-ambientales.
El monitoreo socioambiental indígena surge como un espacio de resistencia de las naciones originarias frente a los abusos de las empresas y frente a las negligencias del mismo Estado en los procesos de consulta. Cabe destacar que los representantes de las industrias extractivas raras veces elaboran y aplican adecuadamente las estrategias dirigidas a identificar y neutralizar los impactos socioambientales y a contribuir al ejercicio de los derechos colectivos de la población afectada. En su lugar, ofrecen mejoras de las infraestructuras y servicios públicos, los mismos que deberían ser realizadas por los gobiernos locales, siendo un derecho de la ciudadanía en general(3).
La base legal para el monitoreo socioambiental indígena de las actividades hidrocarburíferas que desarrollan las empresas en sus territorios es el Reglamento de Monitoreo Socioambiental de Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (D.S. 29103), promulgado el 23 de abril del 2007(4).
El mismo establece la creación de un Comité de Monitoreo Socioambiental Nacional, Comités de Área y brazos operativos denominados Monitoreo Socioambiental Indígena Originario y de Comunidades Campesinas (MSIOCC) o Monitoreo de base en cada territorio donde existen actividades hidrocarburíferas. Sin embargo, debido a la falta de coordinación al interior de la ente nacional y falta de voluntad política para impulsar las actividades del monitoreo socioambiental, la norma no ha sido adecuadamente aplicada. Los miembros del comité nacional en repetidas oportunidades suspendieron reuniones destinadas a la planificación y construcción de los reglamentos de funcionamiento y de viabilidad económica del monitoreo socioambiental, este último muy importante para dar operatividad a los comités de área y de base(5).

Según Polo de la Rivas, funcionario del CEJIS(6) que acompaña el proceso de monitoreo socioambiental en la TCO Charagua Norte, aunque la norma habla de los comité socioambientales de base los mismos no se han estructurado. Frente a esta situación los monitores socioambientales de Charagua Norte han decidido realizar su trabajo de manera independiente, haciendo ejercicio de sus derechos como pueblo indígena en materia de control social al desarrollo de las actividades extractivas en su territorio. En la actualidad son tres empresas las que realizan tareas de exploración, explotación y transporte en la jurisdicción de la TCO Charagua Norte: PLUSPETROL (desde 2001), TRANSREDES-YPFB y TRANSIERRA (desde la década de los 70)(7) .

El principal logro de la red de monitores indígenas fue la elaboración de una línea base que permite medir los impactos socioambientales periódicamente, tomando en cuenta los siguientes componentes: recursos económicos y sociales, recursos atmosféricos, salud humana, suelos, recursos hídricos, recursos biológicos (flora y fauna), recursos culturales así como recursos jurídicos institucionales. Paralelamente, con el objetivo de concientizar sobre la problemática extractivista y su relación con la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el Comité de Monitoreo Socioambiental Indígena Charagua Norte (MSICHN) ha realizado un programa de fortalecimiento orgánico mediante los talleres de socialización y capacitación dirigidos a las comunidades indígenas. La articulación orgánica entre las comunidades de la TCO y la Capitanía ha permitido determinar los factores que influyen en el estado del medio ambiente, así como en los recursos socioeconómicos, culturales, jurídico institucionales y en la salud de las personas. A partir de las históricas inspecciones realizadas en los campos hidrocarburíferos Takovo y Tajibo el 15 de julio y el 14 de noviembre del 2009 respectivamente, el MSICHN ha podido identificar las principales afectaciones y amenazas generadas por explotación hidrocarburífera(8).
Según Polo de la Rivas, estas actividades han influido negativamente en todos los componentes susceptibles de medición. “La contaminación del agua por hidrocarburos en este territorio ha sobrepasado los límites permisibles en la legislación vigente. Las actividades extractivas tienen un impacto fuerte en la salud en las personas, en la diversidad de fauna y flora. Según los informes técnicos del MSICHN hay incremento muy elevado de enfermedades gastrointestinales que afectan a la población indígena y se ha generado una fragmentación en la estructura orgánica de su organización matriz dado que las consultas se estaban realizando con los dirigentes comunales y sin respetar las instancias superiores del pueblo Guarani”.

El nuevo proceso de consulta comenzó en marzo del presente año cuando la autoridad competente realizó los talleres informativos. Estos sin embargo, no tomaron en cuenta todas las 30 comunidades que habitan el territorio, según denuncian los funcionarios del CEJIS. Adicionalmente, el proceso de elaboración de la llamada ruta de la consulta, que tiene el propósito de definir la modalidad de las reuniones, el cronograma y el presupuesto destinado a financiar el procedimiento, ha sido coordinado con unos pocos dirigentes debido a la presión ejercida tanto por la empresa como por los representantes del gobierno para acelerar el proceso.
Esta forma de encaminar la consulta generó molestia y rechazo en la población del territorio y cómo resultado la asamblea zonal del pueblo guaraní emitió un voto resolutivo exigiendo la reconducción del proceso por falta de respeto a la territorialidad y por falta de participación de todas las comunidades. La demanda fue parcialmente aceptada por la autoridad competente. Aunque el proceso no hay sido reiniciado, se ha hecho los ajustes correspondientes al presupuesto y a la programación de las actividades que se llevaron a cabo bajo la modalidad de asambleas para lograr la representación plena, de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo indígena.
De acuerdo a la información proporcionada por Polo de la Rivas, los monitores han realizado las inspecciones de campo con el propósito de determinar los componentes socioambientales que serán afectados por las líneas sísmicas que prevé perforar la empresa Pluspetrol. Para tal efecto el equipo técnico está preparando un informe de identificación de impactos así como la propuesta de planes de mitigación, los mismos que serán incorporados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La firma de acuerdos finales está prevista para los día 23-24 de junio del presente año.
Preguntado cuál es su opinión sobre la consulta que está siendo realizada en Charagua Norte, Omar Quiroga, el director de la Unidad de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos(9) afirmó que ha sido un proceso interesante en términos de participación de la población indígena. “Hemos tenido dificultados porque hubo cambio de dirigentes y los nuevos dirigentes querían volver a hacer el proceso de la consulta. Esto no lo hemos aceptado y hemos quedado que se tiene que continuar el proceso. Ellos han colocado una parte en la programación que no está en la norma: las inspecciones de campo. Y se los hemos aceptado”. Según la autoridad, el monitoreo socioambiental está orientado a hacer el seguimiento de las actividades hidrocarburiferas una vez estas se inicien y no es previo al comienzo del proceso de exploración, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, es una herramienta importante que permite expresar la percepción de la población en cuanto a las posibles afectaciones. “Me parece que es una forma práctica para que la gente exprese que es lo que cree que va a suceder. La participación de los pueblos indígenas es importante para monitorear si es que se cumple con las normas ambientales y los reglamentos. Estamos de acuerdo con estas actividades, incluso firmamos un compromiso con APG y con la CIDOB para formalizar el trabajo de los monitores socioambientales”, afirmó Quiroga(10).
El primer capitán de Charagua Norte Ronald Gómez resaltó la importancia de identificar de manera preliminar los impactos producidos por los proyectos hidrocarburíferos, considerando que durante el tiempo en que operaron las empresas en la zona las organizaciones indígenas desconocían de manera concreta las afectaciones. El acceso a la información transparente sobre las actividades extractivistas ha sido una de las principales demandas que vienen reclamando los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo(11). De acuerdo a la percepción de los dirigentes de la capitanía Charagua Norte, en las experiencias pasadas el proceso de la consulta no ha sido transparente, la información sobre las actividades que se tienen previstas en los territorios indígenas en muchos casos no ha sido de acceso libre e irrestricto. De hecho, la población afectada tenía que utilizar medidas de presión para conseguirla. Además la información proporcionada en los procesos de la consulta tiende a ser incompleta. “Las empresas vienen pero no te explican bien la cosa, solo te dicen la parte que te conviene, lo chiquitito. Pero sobre los impactos más grandes no te dicen nada. No dicen “aquí hace daño”, solo hablan de lo que pueden ofrecer” afirmó Marcial Arumbari, el ex – primer capitán de Charagua Norte(12).
Según informa Polo de la Rivas, el trabajo del MSICHN ha contribuido a identificar algunos impactos socioambientales no mitigables. Uno de estos impactos es la pérdida de aguas subterráneos después de la detonación producida en el marco de los proyectos sísmicos. Asimismo existen afectaciones a largo plazo que imposibilitan al pueblo indígena el uso y aprovechamiento de ciertos recursos por mucho tiempo, por ejemplo el desbroce de la vegetación causado por la apertura de los caminos. Los impactos no mitigables requieren la compensación por parte de la empresa, factor que puede causar tensión en las negociaciones puesto que los contratistas tienden a omitir en sus estudios las afectaciones que generan mayores gastos.
A partir de la identificación de los impactos no mitigables la empresa y la organización indígena negocian un monto de compensación. “Últimamente este proceso ha sido discrecional, y al final el monto se somete a lo que dice la organización y a lo que contradice su contraparte. Si aparecen conflictos, nosotros como ministerio estamos para mediar. Para evitar estas subjetividades se necesita elaborar un reglamento de compensación en el marco de la nueva ley de hidrocarburos”, opina Omar Quiroga.
La autoridad prevé tratar la nueva ley de hidrocarburos inmediatamente después de la aprobación de la ley marco de autonomías. “Ya hay una propuesta de reglamento de compensación trabajada por YPFB, Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hidrocarburos. Ahora queremos socializarla con las organizaciones”, informó.
Sin duda, uno de los retos más importantes en el presente contexto socio-económico en el cual el Estado favorece al inversionista, es el fortalecimiento interno de las organizaciones indígenas en el marco del seguimiento a las actividades hidrocarburiferas en sus territorios. En tal sentido, el monitoreo socioambiental provee una respuesta efectiva a la necesidad de control social e incremento de la transparencia relacionada con las afectaciones socioambientales.
Los dirigentes de Charagua Norte opinan que la consulta y el monitoreo socioambiental indígena contribuyen a desmitificar la idea de que los pueblos indígenas “frenan el desarrollo del país” considerando que su intención es conocer a profundidad de que tratan los proyectos que van a afectar su vida(13).
Por otro lado, el seguimiento a las afectaciones socioambientales y la consulta previa encarnan el concepto expresado en el artículo 343 de la CPE, que habla del derecho de la población de participar en la gestión ambiental y a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. Al mismo tiempo permiten a los pueblos indígenas ejercer su derecho a la libre determinación, a fortalecer sus estructuras organizativas y a implementar sistemas de gobierno propios mediante sus normas y procedimientos orgánicos.
Las experiencias provenientes de aplicación de las técnicas del monitoreo socioambiental han sido socializadas en los espacios de articulación entre las organizaciones indígenas para ser convertidas en prácticas de defensa ante los abusos y negligencias de las industrias extractivas en el marco de los conflictos socioambientales. De esta manera la sociedad civil asume un papel importante en cuanto al control social sobre las políticas públicas que el Estado adopte sobre el uso, control y disposición de los recursos naturales(14).

Fuente: Aleksandra Bergier, Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales.



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(1) Bolivia: Demandas de indígenas de Charagua Norte prevalecen en proceso de consulta, tomado del sitio web: http://www.servindi.org/actualidad/25677, 13.05.10.
(2) El gobierno de Evo Morales coarta el derecho a la consulta previa, tomado del sitio web: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010061606, 16.06.10.
(3) Resúmenes. 1º, 2º y 3º encuentro de secretarios de recursos naturales de las organizaciones indígenas originarias y campesinas de Bolivia. Profundización del modelo de gestión de los RRNN, construcción de normas en materia de IIEE y lineamientos sobre los derechos de las madre tierra desde la óptica de los conflictos socioambientales. Enero, 2010, CEJIS Regional La Paz.
(4) Conflicto socioambiental Charagua Norte: Monitoreo socioambiental indígena TCO Charagua Norte, documento de referencia, CEJIS regional La Paz, Enero 2010.
(5) Idem.
(6) Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.
(7) Conflicto socioambiental Charagua Norte: Monitoreo socioambiental indígena TCO Charagua Norte, documento de referencia, CEJIS regional La Paz, Enero 2010.
(8) Idem.
(9) Autoridad competente, encargada de realización del proceso de consulta previa.
(10) Como producto del diálogo entre la APG (Asamblea del pueblo Guaraní) y el Gobierno Plurinacional se resolvió capacitar a nivel técnico medio a 26 jóvenes de las capitanías del chaco para que se hagan cargo del monitoreo y control socioambiental de las actividades hidrocarburíferas. El acuerdo establece que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se compromete a conseguir los recursos para la formación a nivel técnico medio de un grupo de 26 monitores socioambientales, uno por cada capitanía guaraní, en el marco del convenio a suscribirse con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y la APG. Dicha formación tendrá su sede en la Facultad Integral del Chaco, en Camiri. Los guaraníes tendrán sus técnicos socioambientales. Tomado del sitio web: http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-05-28&idn=19918, 28.05.10.
(11) Bolivia: Demandas de indígenas de Charagua Norte prevalecen en proceso de consulta, tomado del sitio web: http://www.servindi.org/actualidad/25677, 13.05.10.
(12) Entrevista realizada en el marco de la consultoría Estado de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia, realizada para la Defensoría del Pueblo por Iván Egido y Aleksandra Bergier.
(13) Bolivia: Demandas de indígenas de Charagua Norte prevalecen en proceso de consulta, tomado del sitio web: http://www.servindi.org/actualidad/25677, 13.05.10.
(14) Resúmenes. 1º, 2º y 3º encuentro de secretarios de recursos naturales de las organizaciones indígenas originarias y campesinas de Bolivia. Profundización del modelo de gestión de los RRNN, construcción de normas en materia de IIEE y lineamientos sobre los derechos de la madre tierra desde la óptica de los conflictos socioambientales. Enero, 2010, CEJIS Regional La Paz.

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