Sobre el caso de desaparecidos en la decada de los 70 en Bolivia

El caso de un padre y de su hijo desaparecidos en la dictadura de los 70 en el país, podría resolverse en los próximos meses en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó un familiar de las víctimas.
La presentación de los alegatos finales será el 24 de mayo y a partir de allí el fallo podría demorar entre 60 y 90 días, dijo Tito Ibsen cuyo padre y hermano desaparecieron en 1971 durante el gobierno dictatorial del general Hugo Banzer.
La última audiencia tuvo lugar en Lima el 13 de abril cuando los jueces de la CIDH escucharon al Estado boliviano y las familiares.
El caso se presentó en la justicia boliviana en 1999 y en 2003 fue admitido por el tribunal interamericano.
La CIDH ya falló a favor de los familiares en dos casos anteriores de desaparecidos bolivianos en dictaduras y dispuso un reparación.
Los familiares y abogados reclaman una reparación de 5,2 millones de dólares, dijo Ibsen, "por las utilidades que pudo haber generado en vida mi padre (lucro cesante) y por el daño ocasionado". "Todo está función a la jurisprudencia de la corte", agregó.
José Luis Ibsen era abogado especializado en la defensa de organizaciones sociales. Tenía 48 años cuando organismos de seguridad lo detuvieron en 1971 cuando fue a indagar por la detención de su hijo Rainer. Sus restos nunca fueron ubicados y figura entre los 150 casos de desaparición forzada en Bolivia.
Rainer tenía 21 años, era estudiante de ingeniería y militante de una organización izquierdista. Sus restos fueron identificados en 2008 y entregados a sus familiares.
Tito Ibsen contó que tenía 9 años cuando vio por última vez a su padre en la cárcel de El Pari, en la ciudad de Santa Cruz, junto a otros presos políticos. Las autoridades de entonces le entregaron un anillo, la placa dental y el pasaporte de su progenitor.
"Desde 1999 la familia está buscando justicia. Más de cien jueces se excusaron de conocer el caso" en los tribunales bolivianos, dijo Ibsen, de profesión veterinario.
El caso cobró actualidad tras una orden de la Corte Suprema al Comandante de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, para que se abran los archivos militares con el fin de buscar pistas que permitan ubicar a desaparecidos durante las dictaduras.
Inicialmente las fuerzas armadas negaron el acceso de los investigadores a sus archivos pero después aceptaron entregar información a la fiscalía.
Los jefes militares no se pronunciaron sobre el pedido de la Corte Suprema.
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