Ley de Autonomía indígena propone consulta vinculante para proyectos extractivos

La Comisión de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados revisa y concertar el proyecto de Ley de Autonomía Indígena, que plantea la aplicación de una consulta vinculante, informó este miércoles el asambleísta Justino Leaño.
Reconoció que este punto traba la aprobación de la propuesta de ley en esa comisión, ya que posteriormente debe ser socializada en las distintas regiones indígenas, campesinas y originarias.
“Se está proveyendo realizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas o a las organizaciones como corresponde, en mesas de trabajos ya sea en las capitales de provincia, en los suyus, para que den su viabilidad”, aseguró Leaño a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.
Añadió que existe susceptibilidad en los pueblos indígenas, porque se presentó casos de vulneración a los derechos de este sector de empresas mineras y petroleras, por lo que los indígenas demandan que la consulta sea vinculante.
“Tiene que ser vinculante (la consulta) eso es lo que nos han pedido, porque también está insertado en la Constitución (Política del Estado), y el cumplimiento a ellos es el informe previo para que den su satisfacción y así no haya dificultad en la emisión de del proyecto de ley”, subrayó.
Pese a que la Constitución Política del Estado establece el derecho a la consulta, ésta no se aplica en Bolivia, reconoció anteriormente el propio representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot.
Organizaciones indígenas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y los pueblos indígenas de la provincia Gran Chaco de Tarija (tapietes, weenhayek y guaranís), denunciaron que empresas petroleras y mineras no consultaron a sus regiones para iniciar operaciones.
Así también cuestionaron que sus regiones no sean beneficiadas de las regalías por la explotación de los recursos naturales que están dentro de su territorio.
El Conamaq denunció sobre la supuesta contaminación que genera las operaciones de la planta Corocoro, proyecto que no se informó para su ejecución, provocando el desvió del río Pontesuleo. Mientras que la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol constató en la zona el avasallamiento de tierras originarias, para la construcción de una planta de colas (piscina que almacena los desechos químicos).
Pese al compromiso de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), para iniciar las mesas de consulta, ésta no llegó a concretarse y sólo se dividió a la organización, lamentó el Mallku Rafael Quispe.
En el norte de La Paz, el pueblo moseten se vio afectado por el incumplimiento de la empresa estatal boliviana-venezonala Petroandina, que se comprometió a proyectos de desarrollo para esa región, a cambio de las pruebas sísmicas de petróleo.
Mientras que en el Gran Chaco se denunció la contaminación que generan las empresas petroleras en la zona, demandando al gobierno se paralicen las exploraciones petroleras en el Aguaragüe.
En tanto que mojeños, yuracarés y chimanes no permitirán que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debido a que ocasionará problemas medioambientales y sociales, advirtió el representante de la Sub Central de ese territorio originario, Adolfo Moye, recalcando que en ningún momento fueron consultados para la ejecución del proyecto.
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