En el transcurso del último mes los representantes del Movimiento sin Tierra han estado agotando las vías institucionales con la finalidad de reinsertar a las familias del sector denominado Trillizas en su territorio. El 20 de abril, 2010 las comunidades Tierra Hermosa, Tierra Firme y Chirimoya ubicadas en la provincia Velasco sufrieron un asalto y secuestro de aproximadamente 80 personas. Dicha acción fue encabezada por dos terratenientes de la zona (Guido Soliz y Américo Gemio), apoyados por la subprefectura y el comité cívico de la comunidad de Campamento, en la provincia Velasco. Como resultado, más de 200 personas entre niños, mujeres y hombres fueron golpeadas, agredidas y sacadas de sus tierras y ahora se encuentran sin medios de subsistencia.
El pasado 3 de mayo los integrantes de este movimiento instalaron una huelga de hambre frente al palacio de justicia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hasta ahora siete de ellos fueron hospitalizados. La doctora Barbara Reke, convocada por la Defensoría del Pueblo para revisar el estado de los huelguistas, expresó su preocupación sobre la salud de los mismos: "Por el clima están resfriados, esto si se les puede complicar por las bajas temperaturas. El primer señor que revisé ya está con la faringitis y se le está empezando a complicar. Y aparte, la mayoría de los pacientes están con la neuritis, la inflamación de los nervios, por eso son los dolores de cabeza, están con presión muy baja por la falta de la alimentación". En su recorrido por las instancias a nivel provincial, departamental y nacional, los representantes del MST han estado exigiendo la implementación de las acciones orientadas a sancionar a los responsables del desalojo y a reparar los daños provocados a las víctimas de violencia. Solicitaron el apoyo de la Defensoría del Pueblo y participaron en las negociaciones con varios ministerios, entre ellos con el Viceministerio de Tierras, Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Al mismo tiempo, estaban realizando los trámites judiciales necesarios para impulsar la investigación y sancionar a los responsables de los hechos violatorios de derechos humanos. Presentaron su demanda ante la fiscalía de San Ignacio de Velasco e identificaron a los agresores. Después de cambios de dos fiscales se asignó como encargado del caso al Alonso Claros, responsable de atender los casos de agresiones físicas, secuestros y torturas. Sin embargo, Claros no pudo proceder con la investigación debido a que los individuos armados, provenientes del sector terrateniente impidieron su ingreso a la zona en disputa. Vale destacar que otra de las estrategias utilizadas por estos grupos ultraconservadores con la finalidad de impedir los asentamientos definitivos consistió en cuestionar la legalidad del territorio y acusar al MST de haber consolidado las comunidades con títulos "truchos". A raíz de estas acusaciones, surgieron varias peleas entre los grupos campesinos, indígenas y del MST. "Que la prueben si no son títulos originales, quisiera que la prueben. A nosotros nos han sido entregados legalmente los títulos ejecutoriales por el compañero presidente Evo Morales y quien argumenta lo contrario, lamentablemente creo que son personas que están queriendo distorsionar y están siendo utilizados por la gente de San Ignacio de Velasco" afirmó uno de los huelguistas, Edwin Arce de la regional MST- Velasco en respuesta a estas imputaciones.
En una de las reuniones que sostuvieron los Sin Tierra con los representantes del gobierno, el INRA presentó el informe sobre la situación legal del sector de las "Trillizas" indicando que los comunarios de Tierra firme, Chirimoya y Tierra Hermosa recibieron sus títulos ejecutoriales. Estos fueron entregados por el Presidente Evo Morales, en el acto público el 3 de diciembre de 2008. Según afirmó German Condori, el coordinador regional de las Trillizas, las autoridades concordaron en que se debería asegurar el respeto para el derecho propietario. "El INRA informó que las tierras del sector Trillizas estaban legalmente tituladas y con personerías jurídicas, todo legalmente, entonces todos los ministerios se han quedado en que esto hay que hacerlo respetar. Ahora se necesita mandar la contingencia policial y militar, porque esto es lo que nosotros hemos pedido y con esto se va a poder restablecer y restituir nuevamente a los compañeros que están despojados del lugar", informó German Condori el pasado martes, 11 de mayo.
Mientras tanto, las familias desalojadas se instalaron en la comunidad de los Angeles, en la zona del conflicto. Además de vivir bajo la constante amenaza por parte de los agresores quienes no les permitían volver a su territorio y de no contar con las mínimas garantías de seguridad que les deberían ser otorgadas por la fuerza pública, estas familias no tenían medios de subsistencia, puesto que perdieron sus animales de cría y sus cosechas.
Recién, el último fin de semana se viabilizó el ingreso de la fuerza pública en el territorio. La brigada conformada por el INRA, el Viceministero de Tierras, la Asamblea de Derechos Humanos, los representantes de la OICH (la Organización Indígena Chiquitana), CSUTCB y del MST entró en la zona, sin embargo esta intervención no trajo consigo resultados esperados. Según informaron los dirigentes del MST no se está realizando el desalojo de los terceros, aunque se supone que las familias despojadas ya pueden volver a su territorio.
"En la Tierra Hermosa no se está desalojando a los terceros. Está permitida la entrada pero todavía siguen los terceros ahí. ¿ Entonces donde van a vivir los compañeros que han sido despojados del territorio? Hay acuerdos pero no hay nada concreto y no se está solucionando el problema. El INRA debería dirigirse a la ley" dijo Anastasio Serrudo.
Wilford Colque Caceres, de la comisión de organización del MST y uno de los dirigentes quién participó en la brigada mencionada, afirma que los avasalladores están viviendo en las casas de las familias despojadas y los comunarios de Tierra Firme y Tierra Hermosa no tienen donde volver. Han perdido sus cosechas, herramientas y otras pertenencias. Los habitantes de Chirimoya ya han vuelto a su comunidad, sin embargo denuncian la presencia de los ganaderos y terratenientes quienes circulan por la zona y la falta de las mínimas garantías de seguridad para la restitución territorial definitiva.
La experiencia del MST y sus numerosos intentos de restituir los derechos de las víctimas de este desalojo arbitral evidencian la fragilidad estatal en la región y la inhabilidad de las autoridades que efectivamente no aplican las medidas coercitivas para hacer cumplir la NCPE. La constante presión de los sectores dominantes de los cuales provienen los autores materiales e intelectuales del desalojo(1) identificados por el MST, paraliza el trabajo de los administradores de justicia. Por otro lado, la escasa presencia de la policía y falta de recursos destinados a financiar el trabajo de los representantes del sistema judicial deriva en la indefensión y vulnerabilidad permanente de los ciudadanos, con casi nulas garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, todas las acciones legales implementadas por las personas que representan la línea política opuesta a la visión de la elite regional están destinadas al fracaso. La debilidad jurídica, entre otros factores, facilitó la violencia sistemática que sufrieron "Las Triliizas", aún teniendo el título de propiedad sobre su territorio y culminó en los hechos de 20 de abril, 2010.
Los terratenientes y ganaderos de la zona utilizan las victorias electorales para auto-otorgarse la "legitimidad" y justificar las violaciones constantes de derechos humanos. Generan conflictos entre los habitantes de la zona para lograr sus propios objetivos políticos y satisfacer sus intereses económicos. De ahí la importancia de acercamiento entre los campesinos, indígenas y las familias del MST que conviven en la provincia. Estas alianzas pueden convertirse en una medida que prevenga los futuros enfrentamientos a largo plazo, pues los sectores mencionados representan a miles de personas que desde muchos años han sufrido por falta de tierras suficientes, mientras los grupos de poder de la región persisten en su afán de acaparar este recurso.
Una representante de la Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de fortalecer las relaciones entre las diferentes fuerzas sociales de una u otra manera involucradas en el conflicto. "La situación no se va a solucionar con el desalojo de los avasalladores. Se necesita un acercamiento entre los campesinos, indígenas y las familias del MST para evitar nueva confrontación. Por otro lado se debe realizar el desalojo de inmediato para que no se agrave la situación humanitaria". Anastasio Serrudo, el coordinador departamental del Movimiento sin Tierra Santa Cruz reconoció la necesidad de fortalecer estas alianzas: "Tenemos aliados en el Bloque Oriente, pero nosotros mismos no hacemos conocer la situación lo suficiente a los compañeros campesinos. Creo que vamos a abrir un debate al nivel del Bloque para que vean cuales son los problemas que tenemos nosotros".
Es lamentable la indiferencia de las autoridades y la falta de intervención efectiva por parte del Estado frente al sufrimiento y la desesperación de la población desalojada. Sorprende que las instancias competentes no hayan podido proporcionar las mínimas medidas de protección y la ayuda humanitaria a las víctimas del desalojo violento por un tiempo tan largo. En este momento las comunidades reciben apoyo en alimentos solamente por parte de las organizaciones de Derechos Humanos. "No tenemos ayuda humanitaria por parte del gobierno. De las organizaciones de DDHH sí tenemos unas pequeñas cosas que se va a entregar a las comunidades. Y ya se ha hecho unas pequeñas compras gracias a las instituciones que nos están apoyando, se ha comprado víveres".
Frente a la situación de abandono por parte de la fuerza pública y la falta de acceso a los propios recursos de subsistencia es probable la intervención de los comunarios con el fin de retomar su territorio. Esta puede derivar en la nueva escalada del conflicto si es que no se implemente las medidas urgentes para desalojar a los terceros de manera definitiva y proporcionar la seguridad necesaria para que las familias se puedan quedar en sus predios.
Por otro lado se deben agilizar los procesos de negociación con participación de las organizaciones sociales que responden a los intereses de la población afectada. Estos deberían estar orientados a garantizar la convivencia pacífica y a consolidar el asentamiento definitivo de los legítimos dueños del territorio.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales.
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(1) Guido Soliz (ganadero), Américo Gemio (concejal electo por el MNR), Blanca Pereira (representante del comité cívico) y el subprefecto de la provincia Velasco.
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