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10.5.10

Derecho propietario versus la ley del más fuerte: caso MST

“Estamos en la calle, estamos desalojados totalmente, no tenemos que comer, sin plata seguimos, sin nada hemos escapado. Nos atacaron con machetes, con palos, con piedras, con cuchillos, con todo esto nos atropellaron. Y ahora no hay como sacar nuestras cosas y los sembradillos todos se están echando a perder”, dijo Toribia Espinoza, una de las integrantes de la protesta contra el desalojo forzado, constituida por el Movimiento sin Tierra, Bolivia frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El 20 de abril, 2010 su comunidad Tierra Hermosa, junto con dos otros asentamientos del MST (Tierra Firme y Chirimoya) sufrió un asalto y secuestro de aproximadamente 20 personas. Dicha acción fue encabezada por dos terratenientes de la zona (Guido Soliz y Américo Gemio), apoyados por la subprefectura y el comité cívico de la comunidad de Campamento, en la provincia Velasco. Como resultado, más de 200 personas entre niños, mujeres y hombres fueron golpeadas, agredidas y sacadas de sus tierras y ahora se encuentran sin medios de subsistencia.
Desde hace mucho tiempo los medios de comunicación han promovido y reforzado una imagen distorsionada del Movimiento sin Tierra. La organización ha sido percibida por la opinión pública como una banda de avasalladores de tierra y ladrones de propiedad privada. Un detalle fundamental, que al parecer escapó a la atención de los medios, es el hecho de que el MST ha cambiado sustancialmente su estrategia de lucha por la tierra en los últimos años. Pese a los constantes ataques de los grupos de poder que persisten en su afán de acaparar las tierras de la región mientras miles de campesinos la poseen de manera insuficiente, pese a ser torturados, atropellados y estigmatizados, estas personas han optado por seguir una vía institucional con la finalidad de consolidar su derecho propietario.
En este contexto, vale la pena recordar el camino legal que recorrieron los compañeros de las comunidades denominadas “trillizas” para obtener sus títulos de propiedad agraria. El 9 de Noviembre 2006 las comunidades campesinas agroecológicas Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa presentaron al INRA Nacional la solicitud de dotación de tierra enmarcado en la ley 1715. El 30 de Noviembre 2006 el INRA admite la demanda de las Trillizas. El 3 de Agosto 2007 el INRA dispuso las respectivas resoluciones administrativas No 012, 013 y 014 de 03-08-2007 de autorización de asentamiento de las Trillizas en el área demandada. El 30 de Noviembre 2007 el INRA emite la Resolución de Dotación y Titulación RES DTF No 020 Chirimoyas con el área de 40.222 has., 021-Tierra Hermosa con el área de 15.237 has. y 022 Tierra Firme con el área de 44.795 has. Finalmente, el 2 de Diciembre 2008 el Presidente Juan Evo Morales emite los Títulos Ejecutoriales de las Trillizas, beneficiando a 600 familias.
Confiando en las garantías legales que les fueron otorgadas por el Estado, los comunarios empezaron a consolidar sus asentamientos, construyendo casas, pozos de agua y caminos. Mientras tanto, los grupos de terceros ilegales en el territorio consolidaron sus alianzas con las autoridades locales y continuaron con su estrategia violenta de ataques constantes con el fin de desalojar la población de su territorio.
Como resultado, aún teniendo el título de propiedad agraria, estas familias fueron atacadas en numerosas ocasiones por los actores que representan los grupos dominantes en la región: la Unión Juvenil Velasquina, la Subprefectura, y el Comité Cívico. Las víctimas fueron torturadas, vejadas y humilladas, sus pertenencias robadas e interceptadas sus herramientas de trabajo. Frente a estos hechos se realizó las denuncias correspondientes, sin la respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes. Así mismo, se solicitó al INRA el auxilio de la fuerza pública para garantizar el asentamiento efectivo de las Trillizas y que esa institución dicte la Resolución Administrativa de medidas precautorias. La fuerza pública nunca llegó y las familias continuaron los esfuerzos dirigidos a consolidar los asentamientos sin asistencia y apoyo estatal.
Los hechos mencionados evidencian claramente la fragilidad estatal en la región. Los sectores de poder demuestran el desconocimiento de los procesos de titulación y saneamiento de tierras a favor de los grupos que no comparten su visión política(1). Las tierras que consolidan estos grupos, entre ellos el MST, aunque fuesen adquiridos legalmente, son vistas como la propiedad de los “originarios del lugar”. En tal sentido, los actos violentos dirigidos a desalojar a los propietarios legales son justificados, porque las personas que atentan contra el título propietario legítimo, se consideran “los verdaderos dueños del lugar”. Entre estos sectores se encuentran las autoridades locales: el comité cívico, la subprefectura, los concejales locales así como los latifundistas y pirateros de madera de la zona(2).
Por otro lado, la provincia de Velasco está altamente afectada por el narcotráfico, el tráfico de vehículos y madera lo que influye en la efectividad y rapidez de las administradores de justicia, responsables de realizar las investigaciones en respuesta a las denuncias presentadas por las víctimas de violencia. Además de no contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones (dinero y vehículos para desplazarse), los funcionarios de la fiscalía muchas veces operan bajo la presión y frente a las constantes amenazas de los grupos dominantes y por tanto responden a sus intereses. La escasa presencia de la policía y de los representantes del sistema judicial deriva en la indefensión y vulnerabilidad permanente de los ciudadanos, con casi nulas garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, todas las acciones legales implementadas por las personas que representan la línea política opuesta a la visión de la elite regional están destinadas al fracaso. La debilidad jurídica, entre otros factores, facilitó la violencia sistemática que sufrieron “Las Triliizas”, aún teniendo el título de propiedad sobre su territorio y culminó en los hechos de 20 de abril, 2010.
“Que haya pues justicia para la gente humilde, la gente pobre, la gente trabajadora”
Los integrantes del MST están en huelga de hambre desde el martes 4 de mayo, exigiendo la intervención del gobierno y el ingreso de la fuerza pública en la zona para garantizar la reinserción de la población en su territorio.
“A pesar de las medidas extremas de presión, implementadas por la organización, hasta ahora no se tiene ningún resultado. La población afectada ha sido desalojada por muchos días, la situación humanitaria es muy seria porque las familias no tienen alimentación”, expresa su preocupación Anastasio Serrudo, el coordinador departamental del Movimiento sin Tierra Santa Cruz. Serrudo tiene 12 puntos en la cabeza, por los golpes recibidos durante el desalojo violento de la comunidad Tierra Hermosa. Al otro miembro de MST, técnico agropecuario Jorge Villca lo flagelaron salvajemente con la cadena de la moto sierra.
Uno de los huelguistas, Edwin Arce de la regional MST- Velasco, señaló la urgencia de garantizar la presencia de la fuerza pública en la zona y exigió justicia y castigo a las personas responsables de las agresiones: “Hemos sido despojados de nuestro territorio, de nuestro derecho, de nuestros productos. Lamentablemente todas estas familias se han quedado sin alimentación, están desconcentradas, hay un abandono total. Por eso nosotros hemos venido a hacer las denuncias correspondientes por aquellas personas que han hecho estos maltratos, han golpeado a nuestros compañeros, a las mujeres, a los niños, también nos han secuestrado como dirigentes. A todas estas personas hemos venido a denunciar y hacer conocer a la opinión pública para que el Estado se haga responsable para que estas personas tengan un juicio, que haya pues justicia para la gente humilde, la gente pobre, la gente trabajadora. Como no hay todavía respuesta favorable por parte del Estado y los ministerios, hemos tomado la decisión de ingresar en la huelga de hambre indefinida. Hemos decidido que no nos vamos a levantar hasta que no haya una solución, estamos pidiendo que haya fuerza pública en la zona y que el Estado garantice que nuestras familias tengan una alimentación segura, para que podamos vivir en paz y tranquilidad y trabajar libremente en nuestro territorio”.
Otro de los comunarios enfatizó en la necesidad de resolver el conflicto lo más pronto posible, tomando en cuenta la grave situación humanitaria de la población desalojada: “Ya estamos varios días en protesta. Hay una comisión en La Paz, se está solucionando el problema pero muy lento. Especialmente la fuerza pública es lo que queremos más para poder otra vez ingresar a nuestras comunidades, porque los sembradillos se están echando a perder, las cosechas, eso nos duele más. El Estado está respondiendo pero muy lento. La gente que fue desalojada ya está muy cansada, no tienen alimento, otros están en el monte, los comunarios están dispersos. Los compañeros están despojados de todo, no tienen para comer, los alumnos no están pasando clases, los está perjudicando esta situación, porque hasta la escuelita la han quemado. Pero yo confío que los ministerios lo van a solucionar”.
Es imprescindible la implementación de medidas urgentes y la intervención de las autoridades públicas en la zona con la finalidad de asegurar la ayuda humanitaria para la población desalojada, considerando su precaria situación y la falta de medios de subsistencia. Al mismo tiempo, se deben agilizar los procesos de negociación, con la participación tanto de las autoridades nacionales como locales, así como las organizaciones sociales que responden a los intereses de la población afectada. Estos deberían estar orientados a garantizar la convivencia pacífica y a consolidar el asentamiento definitivo de los legítimos dueños del territorio.
Sin duda, la situación actual en la región y las relaciones de poder están caracterizadas por la injusticia social y la desigual distribución de tierra. Para transformarla, es necesario generar cambios en las estructuras existentes del poder y, al mismo tiempo, desarrollar acciones que fomenten la confianza en la democracia y en la institucionalidad del Estado, poniendo énfasis en la restructuración del sistema de justicia. El presente conflicto mantiene las características violentas desde su inicio, por lo tanto sin la presencia efectiva de la fuerza pública en la zona, una nueva escalada es altamente probable.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales.

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(1) Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales, Crisis regional en el contexto nacional: caso Chiquitanía, en: Bolivia 2008, El conflicto de Septiembre, Artículo Primero nº 19, Separata, CEJIS, enero 2010, Santa Cruz de la Sierra.
(2) Idem.

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