Sumitomo confirma que tributó 358 millones en 10 años, pero nada por el agua

La Minera San Cristóbal (MSC), filial de la japonesa Sumitomo, aseguró que en 10 años transcurridos desde el 2000, pagó impuestos por 358 millones de dólares, a un promedio de 35 millones anuales y que sólo en 2009 pagó 38 millones de dólares por concepto de regalías mineras a la Prefectura de Potosí, donde explota concentrados plata, plomo y zinc.
Confirmó también que igual que otros concesionarios, no paga nada por el uso diario de casi 50.000 metros cúbicos de agua fósil que representarían 10.5 millones de dólares anuales, frente a los 3.6 millones que pretende pagar Chile por el uso de las agua subterráneas del Silala.
Explicó que de acuerdo a la legislación boliviana en minería, los concesionarios pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y, además, sostuvo que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal.
El uso gratuito del agua para las operaciones de la minera significaría ganancias adicionales y pérdidas para el Estado bolivianos de entre 210 y 1.800 millones en los 20 años que tiene previsto desarrollar el proyecto, dependiendo la suma de la cotización internacional de este recurso, 5 dólares el metro cúbico, o si se aplica la fórmula en negociación para la provisión del agua fósil a Chile.
La firma respondió así a las afirmaciones del canciller boliviano, David Choquehuanca, quien aseguró que San Cristóbal "saquea" minerales y no paga ni un centavo por los 600 litros de agua por segundo que consume, según el recuento de la agencia EFE.
La minera aseguró que sus operaciones en Bolivia están enmarcadas en el Código de Minería vigente en el país desde 1997, y aseguró que cumple "estrictamente" con todas las normas bolivianas, en particular con las leyes de medio ambiente y de aguas.
Explicó que las normas vigentes establecen que los concesionarios mineros pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y, además, sostuvo que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal.
"Por tanto, el marco legal vigente no exige ni obliga a ningún operador minero a pagar por el uso del recurso agua. Además, su adecuado manejo es también permanentemente supervisado por las autoridades nacionales competentes a través de inspecciones que se efectúan continuamente", agrega el comunicado.
San Cristóbal, que en el 2008 pasó a propiedad de Sumitomo de manos de la estadounidense Apex Silver, explota plata, zinc y plomo en una de las minas más grandes a cielo abierto del país.
La firma detalló que el valor total de los impuestos que generó desde el 2000 hasta marzo de este año asciende a 358 millones de dólares y que sólo en 2009 pagó 38 millones de dólares por concepto de "regalías mineras" (privilegios mineros) a la Prefectura (Gobernación) de Potosí, la región donde se halla el yacimiento que explota la firma.
Las operaciones de la empresa han sido perjudicadas por una protesta de campesinos cerca de la frontera con Chile, quienes exigen que San Cristóbal pague un gravamen por el agua que consume y que la Gobernación cumpla con varios proyectos prometidos para la electrificación y la mejora de las comunicaciones en la zona.
Los campesinos incendiaron la semana pasada unas oficinas de la minera e iniciaron un bloqueo de la carretera y la vía férrea que conecta al país con Chile, acciones que fueron repudiadas por San Cristóbal.
La filial de Sumitomo ratificó que "estos actos de violencia significan cuantiosos perjuicios materiales y económicos", tanto para la minera como para Potosí y el país, y anticipó que sus operaciones "se irán reduciendo en los siguientes días" a consecuencia del conflicto.
La firma expresó su confianza en que la Gobernación potosina y el Ejecutivo resolverán el problema y, además, manifestó su disposición de participar en las discusiones sobre las reformas a la normativa minera y a los contratos para las actividades de ese sector que prevé realizar el Gobierno de Evo Morales.
Ganancias adicionales
Cálculos menos conservadores que los oficiales, realizados por organismos de defensa del patrimonio boliviano como Codepanal, señalan que en realidad San Cristóbal se habría dado modos para operar con agua gratuita cuyo costo en veinte años superaría los 1.800 millones de dólares hasta el 2030, a una cotización promedio internacional de cinco dólares en metro cúbico, según un informe de Bolpress y Rebelión.
De acuerdo a los cálculos de la Cancillería, Bolivia pierde 10 mil dólares diarios por la escurrimiento de 17.000 metros cúbicos de agua desde los bofedales del Silala hacia Chile, país que está dispuesto a pagar 3.6 millones de dólares anuales por la provisión del líquido, según avancen los acuerdos para el aprovechamiento de los manantiales de agua fósil por parte de empresas y población civil chilena.
San Cristóbal no paga nada por el uso diario de unos 50.000 m3 diarios que, en las estimaciones boliviano-chilenas, representarían 10.5 millones de dólares anuales y 210 millones en los 20 años que tiene previsto desarrollar el proyecto, constituyéndose esta suma en una ganancia adicional para la empresa.
De acuerdo a los cálculos de Codepanal, que cotiza en 5 dólares el litro de agua para vender a Chile, el monto que tendrían que pagar los empresarios y población vecina ascendería a 31 millones de dólares anuales, mientras que la factura para San Cristóbal, a ese mismo precio, sería de 91 millones de dólares anuales y más de 1.800 millones en dos décadas.
Los 35 millones de dólares que MSC paga en impuestos a Bolivia no cubren el costo del agua para uso doméstico en el cercano norte de Chile y mucho menos para uso industrial, recordaron diversos analistas.
Por tanto, la tributación de MSC se reduciría a cero, ya que no paga por el agua que utiliza. MSC es uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo. Comenzó a ser explotado en julio de 2007. Es una mina a tajo abierto, habiéndose utilizado explosivos para abrir boquetes de 1.5 a 2 kilómetros de diámetro y 300 metros de profundidad.
Minando el Agua
Una colega preguntó a Robert Moran, qué era lo diferente que había encontrado en la mina San Cristóbal en relación a otros casos de industria minera, conocidas por él; Moran enfatizó la gran impresión que le dejó lo seco de la región, lo cual hacía más grave el impacto de la mina en el ecosistema de la región, por la cantidad de agua que se estaba extrayendo (más de 40.000 m3/día).

Minando el Agua: La Mina San Cristóbal, Bolivia es el informe realizado por Robert Moran, hidrogeólogo y experto en impactos de la minería en los recursos hídricos, que llegó al país el 2009 para estudiar el caso la mina San Cristóbal, invitado por las organizaciones campesinas, el municipio local de Colcha K y el CGIAB (Comisión para la Gestión Integral del agua en Bolivia). Esta experiencia a podido confirmar dudas y plantear muchas otras preguntas, más concretas, sobre posibles efectos al medio ambiente, además de visibilizar el manejo de la información relativa a los grandes proyectos de aprovechamiento de recursos naturales.
El estudio de Robert Moran (2009) ha confirmado sospechas expresadas previamente por las organizaciones sociales y académicos bolivianos respecto a esta explotación a cielo abierto (Quisbert, 2009; Molina, 2007; López, 2009). San Cristóbal actualmente extrae entre 42,000 a 50,000 m3/día, que continuarán por los próximos casi 20 años, y aún con tendencia a incrementarse; los acuíferos subterráneos están conectados con las fuentes superficiales y no son recargados por la escasa lluvia, por tanto durante muchas décadas luego de la explotación de la mina, no será posible otros usos, actuales y/o potenciales; más aún, de acuerdo al informe Moran, muchos manantiales y humedales locales y regionales, así como los flujos de aguas superficiales locales serán reducidos o se secarán producto del bombeo durante estos años, por parte de la empresa, reduciendo por tanto los ingresos de agua al salar de Uyuni. Asimismo, la calidad de la información ambiental producida por la empresa, tanto de la evaluación de impacto ambiental como la colectada posteriormente, ha sido cuestionada por el informe Moran; se ha evidenciado que la empresa no ha implementado un adecuado sistema de monitoreo, tanto de la declinación de los pozos explotados, como de los impactos producidos por el dique de colas, en realidad una laguna convertida para tal propósito sin ningún tipo de impermeabilización. Por otro lado, los químicos y sedimentos contaminados depositados en el fondo de la laguna de Wila Q’ara provocarán contaminación de largo plazo, dado que el fondo no es absolutamente impermeable.
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