Servidumbre guaraní: el Gobierno admite dificultad

Un largo camino por recorrer, así describió ayer el viceministro de Tierras, Víctor Camacho, el proceso que debe seguir el Estado Plurinacional para eliminar las formas contemporáneas de esclavitud y el ‘empatronamiento’ que aún persisten en grandes haciendas latifundistas ubicadas, sobre todo, en el chaco boliviano, donde habita el pueblo guaraní.
“Es un camino complicado porque cuando se habla de relaciones de servidumbre –en esta modernidad– no vamos a encontrar a personas encadenas, si fuera así, inmediatamente el Estado intervendría. Lo que estamos entendiendo es que hay situaciones de servidumbre camufladas y manipuladas por las mismas personas que la sufren”, expresó la autoridad a Cambio.
Las declaraciones de Camacho surgen después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara en Washington un documento en el que denuncia que en el chaco boliviano, región fronteriza con Argentina y Paraguay, persiste el fenómeno conocido como “comunidades cautivas”, donde alrededor de 600 familias guaraníes, que incluyen menores y discapacitados, se encuentran sometidas a trabajo forzoso y a servidumbre por supuestas deudas.
La servidumbre en la zona guaraní, dijo la autoridad, es un aspecto muy sensible porque deriva de una construcción histórica de más de 500 años, en la que se ha generado un proceso de ‘empatronamiento’ no sólo físico y territorial, sino también cultural. “En ese aspecto se han ido consolidando haciendas con propietarios privados, con familias indígenas guaraníes que han quedado al servicio del patrón, lo cual ha sido entendido por las mismas familias guaraníes como algo normal”, afirmó.
Aunque la CIDH reconoció en su informe el esfuerzo del Estado boliviano por solucionar este problema (servidumbre) “ante la seria resistencia por parte de grupos de poder económico y político”, insistió que tiene la obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas e instó a tomar “acciones para prevenir, investigar y sancionar estas formas contemporáneas de esclavitud”.
A la recomendación, Camacho respondió que existe la voluntad política del gobierno del presidente Evo Morales “de acabar con todos los aspectos de servidumbre, diferenciando la línea delgada que es el tema laboral, en el que el propietario es un empresario que estaría incumpliendo algunas obligaciones, y otro es el tema de servidumbre que implica un trabajo gratuito, un trabajo de esclavismo moderno”.
“Entonces, el Gobierno nacional coincide con la declaración que se ha hecho y en esta gestión ha determinado como política agraria desmantelar y desestructurar situaciones de servidumbre”, sostuvo.
Explicó que el proceso de saneamiento debe cumplir con la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y sus reglamentos, incorpora la ficha de la Función Económica Social (FES) y la de la situación de servidumbre.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) aseguró que los procesos de saneamiento y titulación de 19 demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) avanzan a paso muy lento y que sólo 2,5 millones de hectáreas de las 10 requeridas al Estado fueron saneadas; en otras palabras, las tierras que siempre habitaban.
Celso Padilla, presidente de la APG, aunque reconoce que no es tarea fácil acabar con los latifundios, considera que es necesario buscar mecanismos que agilicen sus demandas, que actualmente se encuentran en proceso ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN).
Al respecto, Camacho explicó que su despacho envió una comisión dedicada exclusivamente a dar seguimiento a los procesos guaraníes ante el TAN, a fin de responder a corto plazo las justas demandas de un pueblo que por cientos de años ha vivido en la exclusión. (La Paz)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-04-23&idn=17857