Sánchez de Lozada masacró al pueblo con fuerzas especiales

Dos instrucciones encontradas por la Fiscalía dan cuenta de que los contingentes antiguerrillas fueron trasladados de Santa Cruz y Beni.
El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada envió dos instrucciones específicas a las Fuerzas Armadas (FFAA) para ordenarles que prácticamente ataquen al pueblo entre septiembre y octubre de 2003, por lo que se creó una unidad de tarea conjunta y hasta se movilizó grupos especiales antiguerrilla asentados en Santa Cruz y Beni.
La revelación surgió con la introducción que hizo el Ministerio Público de los documentos como pruebas en el juicio de responsabilidades contra el ex mandatario, en el marco de la reciente declaración en la Corte Suprema de Justicia del general Marcelo Antezana, ex comandante del Ejército.
El fiscal Milton Mendoza explicó que los documentos fueron hallados por diversos medios y permitieron obtener revelaciones importantes.
De acuerdo con el operador de justicia, las instructivas fueron firmadas el 20 de septiembre y el 11 de octubre de 2003 y enviadas a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, generales Gonzalo Rocabado Mercado y Roberto Claros.
Las órdenes, agregó, determinan que los militares intervengan en los conflictos sociales surgidos inicialmente en el altiplano norte, en localidades como Sorata, Warisata y Achacachi, y posteriormente en las ciudades de La Paz y El Alto.
El resultado principal, prosiguió, fue el lanzamiento de las directivas 27/03, firmada por Rocabado, y la 34/03, suscrita por Claros, para –en primer lugar– la creación de una fuerza conjunta con efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval, y –en segundo lugar– emplear a efectivos de unidades especiales de combate entrenados en Santa Cruz y Beni, en el afán de atacar al pueblo y frenar las protestas sociales.
“Las instructivas solicitaron movilizar, por ejemplo, a los Ranger, unidad creada para enfrentar a la guerrilla; los CIOS de Beni, fuerzas especiales antiguerrilla; y la F10, grupo antiterrorista; así como unidades de artillería del Regimiento Vergara de Santiago de Chiquitos”, reveló el fiscal Mendoza.
El representante del Ministerio Público mencionó que la intención claramente establecida estaba dirigida a emplear mecanismos de guerra para eliminar protestas ciudadanas, lo que resulta grave porque con ello se mató a decenas de personas que incluso sólo miraban lo que sucedía en las zonas de conflicto o estaban en sus casas.
Por otro lado, Mendoza estableció que entre lo sucedido con los grupos especiales se determinó que el F10, conocido como ‘Chachapuma’, no llegó a movilizarse, pese a que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general César López, le ordenó que destruya antenas de medios de comunicación y realice la aprehensión de dirigentes vecinales, sindicales y políticos.
El operador de justicia explicó que las autoridades políticas que movilizaron a los militares tienen que responsabilizarse por los fatales resultados, puesto que los efectivos de las Fuerzas Armadas están adiestrados para la guerra y emplearon sus medios reglamentarios, como el caso de las armas de fuego.
“Fue una irresponsabilidad utilizar a las FFAA para controlar disturbios civiles, eso es un delito, y la masacre de septiembre y octubre de 2003 fue producto de la irracionalidad de Gonzalo Sánchez de Lozada, su gabinete y el Alto Mando militar”, añadió.
El fiscal manifestó que las evidencias surgidas en las últimas semanas son importantes y se espera que haya otras, considerando que faltan las declaraciones de varios ex jefes castrenses.
La nómina de convocados está conformada, de manera inicial, por el ex jefe de Planificación y luego comandante de la Fuerza Aérea, el general Andrés Quiroz Rico, y el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval y después comandante en jefe de las FFAA, el almirante Marco Antonio Justiniano.
Posteriormente, la Corte Suprema escuchará los testimonios del ex jefe de Inteligencia del Estado Mayor y luego comandante de la Fuerza Naval, el almirante Jorge Botelho, y del ex comandante del Batallón Colorados de Bolivia-Escolta Presidencial, coronel José Rojas Inturias, entre otros.
Entre septiembre y octubre de 2003, una protesta popular surgida en la ciudad de El Alto y causada por el rechazo a la exportación de gas natural por puertos chilenos, fue reprimida por varios días de manera violenta por militares que portaban armas y munición de guerra.
Entre el 12 y el 15 de octubre se produjo la muerte de 67 personas, y cientos de hombres y mujeres quedaron con heridas leves y severas.
La movilización social se dirigió en especial contra las decisiones del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien el 17 de octubre de 2003 tuvo que huir del territorio nacional para refugiarse en Estados Unidos.
La decisión del entonces mandatario de poner su cargo a disposición del Congreso surgió luego de que sus aliados Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes se alejaran de la administración del Estado, además de que varios sectores sociales iniciaran huelgas de hambre masivas.
Destrucción de documentos
Más de una treintena de ex jefes militares comenzarán a declarar la próxima semana por el caso de la presunta destrucción de documentos e instructivas sobre operaciones castrenses efectuadas durante la masacre de septiembre y octubre de 2003.
Entre los principales citados se encuentran el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval, almirante Marco Antonio Justiniano; el ex responsable del Departamento II del Estado Mayor, almirante Jorge Botelho, y el ex jefe de Operaciones y Planificación de la Fuerza Aérea Boliviana, general Andrés Quiroz Rico.
La lista incluirá al ex jefe de Planificación y Planeamiento del Ejército, general Miguel Vidaurre Noriega, y al ex comandante del Batallón Colorados de Bolivia – Escolta Presidencial, coronel José Rojas Inturias.
El fiscal designado al caso, Milton Mendoza, explicó que la investigación contra esas ex autoridades militares y otras se efectuará de manera separada al juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
El operador de justicia mencionó que todos ellos tendrán que establecer la veracidad o falsedad de las declaraciones del ex general Marcelo Antezana, quien estableció que se quemó documentación sobre los hechos de septiembre y octubre de 2003 en las grandes y pequeñas unidades militares.
“Sabemos que algunos de ellos todavía están en el servicio activo y otros están en la reserva. Se comenzó a notificarles, porque es importante su declaración”, aseveró.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-04-23&idn=17824