El día 17 de abril se realizó la primera sesión de la tercera Feria Internacional del Agua en Cochabamba. En la Carpa de Derechos Colectivos y Derechos de la Madre Tierra se abordó los casos emblemáticos relacionados con los conflictos socio-ambientales en Bolivia: el caso del bloque Lliquimuni del norte de La Paz, el caso de Corocoro en la provincia Pacajes y el caso de Mutún que se está desarrollando en la región de la Chiquitanía y del Pantanal boliviano.
En el evento que se está llevando a cabo este fin de semana en Cochabamba participaron los representantes de las comunidades afectadas y los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas así como los delegados de varias organizaciones no-gubernamentales los cuales hacen seguimiento a los conflictos socio-ambientales, entre ellos CENDA, CEDIB, CEJIS, FOBOMADE y PROBIOMA.
En el primer bloque temático se abordó los avances de la Nueva Constitución Política del Estado y sus proyecciones. Luego se pasó a la segunda sesión dedicada a la actividad petrolera y los territorios indígenas en la que se presentó el estudio de caso de la comunidad Simay del pueblo Mosetene, seriamente afectada por la exploración petrolera. Los principales hallazgos de este estudio, realizado por el FOBOMADE evidencian graves impactos sociales y ambientales que alteraron el modo de vida de este pueblo indígena tales como la división de su organización matriz OPIM y las afectaciones a los cultivos del cacao orgánico que es la fuente principal de la subsistencia de la comunidad Simay. En este contexto se ha señalado la necesidad de desarrollar actividades económicas que favorezcan a la población afectada y fomentan su desarrollo sustentable y la importancia del adecuado cumplimiento de la consulta previa, libre e informada.
En el tercer bloque temático relacionado con la actividad minera en los territorios indígenas y campesinos se trató el caso del Corocoro, la capital de la provincia Pacajes donde el COMIBOL está realizando un proyecto minero de explotación de cobre. Rafael Quizhpe, Mallku de las industrias extractivas del CONAMAQ enfatizó en las violaciones a los derechos colectivos que se dieron a raíz de estas actividades: “Se ha violado el derecho al acceso al agua porque dejaron sin agua a varias comunidades para hacer funcionar la planta. Avasallaron la tierra y construyeron diques de cola en los terrenos de varias comunidades. No se realizó la consulta con los pueblos indígenas. Han violado nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano, porque el ácido sulfúrico que es el producto de este proyecto es altamente contaminante, hemos evidenciado muertes de ganado y malnacimientos. El proyecto se inauguró sin ficha ambiental ni estudio ambiental”. El dirigente habló de la necesidad de discutir los modelos de desarrollo y políticas públicas relacionadas con las industrias extractivas y observó que el gobierno indígena en Bolivia no está cumpliendo con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
En el tercer lugar se realizó el análisis del caso de la empresa minera San Cristobal, a cargo del Sr Francisco Quisbert, el ex secretario ejecutivo del FRUTCAS (Federación Regional Única de Trabajadores Campesinas del Altiplano Sud), del sud oeste del departamento de Potosí. El dirigente señaló que la empresa minera San Cristobal está utilizando grandes cantidades del agua para desarrollar su proyecto minero lo que está afectando a las comunidades campesinas que se encuentran en la zona de explotación. “Ya sentimos los efectos: se han secado algunas fuentes, las comunidades no tienen agua, la traen mediante cisternas. Van a tener que traer agua de 130 km de a San Cristobal”.
Según Quisbert el código minero vigente no contempla las compensaciones por la utilización de los recursos hídricos. “Hemos ido impotentes porque no tenemos leyes que nos pueden respaldar la compensación de los recursos hídricos. A nuestro gobierno actual hemos pedido que se revisen los estudios ambientales de la minera San Cristobal. Nos han contestado que el Estado no tiene recursos para revisar estos estudios”.
En el mismo tono los dirigentes de la CONAMAQ y los representantes de las comunidades afectadas por las actividades mineras en la zona Corocoro señalaron la falta de la legislación minera adecuada como una de las causas del conflicto.
Por otro lado, los delegados de PROBIOMA y los dirigentes de la zona donde se encuentran las concesiones mineras en la Chiquitanía y en el Pantanal enfatizaron en los impactos que tienen estas actividades en el oriente boliviano.
En el caso del proyecto Mutún que se viene desarrollando en la zona de pantanal boliviano, los expositores denunciaron que la empresa Jindal, responsable de la ejecución del proyecto, no ha hecho las inversiones prometidas hasta la fecha y no ha cumplido con los compromisos relacionados con la generación de nuevos empleos en las zonas afectadas. Según los delegados de PROBIOMA los procesos de la consulta pública se realizaron en el marco de la desinformación a la población y había muy pocas debates en las comunidades
Al mismo tiempo no se cuenta con el diagnostico adecuado que podría servir como la base para la evaluación de los impactos socio-ambientales, que debería incluir el listado de especies de animales y a las plantas que se encuentran en la zona y el análisis del sistema hídrico.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y de Conflictos Socio-Ambientales