Al cumplirse una semana del bloqueo de la vía férrea y de caminos en el sector Avaroa, Nor Lípez del departamento de Potosí, los comunarios que tomaron y quemaron hace unos días las instalaciones de la Minera San Cristóbal (MSC), subsidiaria de la japonesa Sumitomo Corporation, ofrecieron ayer a la Prefectura y al Gobierno las garantías para dialogar en el lugar, y convocaron al Defensor del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia a mediar en el conflicto.“Damos todas las garantías para que las autoridades se puedan constituir aquí en la provincia, en el sector del conflicto, para dialogar. Si tanto desconfían, puede también mediar Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, porque no aceptamos el diálogo en Potosí bajo ningún argumento”, afirmó a Cambio el vicepresidente del Comité Cívico de Nor Lípez, Porfirio Juárez.
El dirigente señaló que esa posición es también de la de los piquetes de huelga de hambre del sur y el oeste de Lípez. Paralelamente, una comitiva llegó a la sede de gobierno para dejar una carta al Presidente, en la cual le solicitan mediar para que sus ministros busquen solución al conflicto.
Lamentó una supuesta falta de acercamiento con el sector por parte de la Prefectura y el Gobierno, para llegar a una solución del conflicto. “No tenemos ningún acercamiento más; al contrario, se está masificando la huelga, donde hay de 60 a 80 comunarios en cada punto de bloqueo, y más de 1.000 en Avaroa”, señaló.
Los bloqueos obstaculizan la salida a la carretera a Villazón, a Río Grande, a Chile y otras zonas. Colcha K está casi cercada.
El portavoz de la Prefectura de Potosí, Percy Durán, aseguró que esta institución sí intentó el diálogo, porque “el Prefecto (Mario Virreira) los ha convocado a dialogar el domingo en un punto intermedio, como es Uyuni, pero ellos no vinieron”.
Durán aseguró a este medio que el Prefecto está dispuesto a dialogar con el sector que demanda atención del Estado, pero que es necesario que se replantee su pliego de peticiones debido a que varios puntos no tienen nada que ver con las atribuciones de la Prefectura potosina. “Es posible que tengan la razón con algunos pedidos, pero están equivocados en la forma”, dijo.
Recordó que durante un conflicto el año 2006 varios funcionarios de esa entidad fueron secuestrados cuando intentaban dialogar, por lo que hay malos antecedentes.
Citó como ejemplo que la instalación de una antena para celulares, la expulsión de un científico belga del país, la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos en Río Grande (EBRE) y otros no son de competencia de la Prefectura.
Admitió que la electrificación rural compete a la Prefectura, pero que en días más se entregará la segunda fase de los tres proyectos comprometidos, lo “cual no es fácil, porque se habla de 1.000 postes de luz”.
En cuanto al incremento de regalías mineras, dijo que está en manos del Poder Ejecutivo y la Asamblea Plurinacional. Así, reiteró que la movilización tiene tinte político más que de reivindicación regional, detrás de la cual pueden estar ex candidatos que perdieron en las elecciones municipales.
DEFENSOR Y APDHP
El Defensor del Pueblo en Potosí y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Potosí (APDHP) coincidieron en señalar que están dispuestos a mediar en el conflicto, siempre y cuando, las partes los convoquen.
Misael Zabala, defensor del Pueblo de Potosí, afirmó a este medio, que “con todo gusto mediaremos (en el conflicto), en la eventualidad de que recurran a nuestra institución”.
La autoridad dijo que como política institucional el Defensor del Pueblo opta por mediar en conflictos cuando todas las partes legitiman su participación.
“No hemos tenido ninguna solicitud al respecto, y una vez que tengamos vamos a que tener que asumir las gestiones respectivas”, dijo.
Ante la advertencia del viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, de intervenir con la fuerza pública el sector del bloqueo, Zabala manifestó que “siempre quisiéramos que se pueda evitar la intervención de la seguridad del gobierno, porque podría dar lugar a enfrentamiento”.
El presidente de la APDHP, Juan José Tórrez, dijo: “Siempre esperamos una invitación por parte de las autoridades. No se ha recibido de parte del Prefecto, ni de los pobladores, ninguna invitación, pero con gusto estaremos para coayuvar en la solución del conflicto”.
Pidió a ambos sectores “bajar las banderas de la intransigencia y pacificar la zona, para luego buscar un lugar donde dialogar de manera sincera, la cual debería ser un punto intermedio”. Recomendó evitar confrontaciones que pongan en riesgo la vida.
Lidema: Minera debe pagar por el agua
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), a través de su directora ejecutiva, Jenny Gruenberger, exigió que la minera San Cristóbal (MSC), subsidiaria de la japonesa Sumitomo Corporation, pague por el agua que consume y se responsabilice por la que contamina.
San Cristóbal se ubica al sudoeste del departamento de Potosí, al sur del salar de Uyuni, en la provincia Nor Lípez, municipio de Colcha K, la región más seca de Bolivia, según Lidema.
Colcha K tiene niveles pluviales anuales de 200 a 100 milímetros por año y de evapotranspiración por encima de los 1.000 milímetros por año, es decir, según Gruenberger, “una región con marcado déficit hídrico y régimen semidesértico, con franca tendencia de reducción de oferta de agua por los drásticos efectos del cambio climático”.
Sin embargo, la región cuenta con aguas subterráneas, esencialmente fósiles, que pueden datar de siglos, si no de milenios (100 a 20.000 años).
“Estas aguas subterráneas que alimentan las lagunas y bofedales en la superficie están siendo sobreextraídas por la empresa minera San Cristóbal, en una cantidad de 50.000 metros cúbicos al día; cifra que en el lapso de la vida útil del proyecto provocará la desaparición de acuíferos superficiales y de gran profundidad”, advirtió la experta.
Sólo 28% de esa gran cantidad de agua es reciclado, dijo.
Con esta actividad, las comunidades locales han perdido significativos espacios productivos agrícolas y de cría de ganado y están viendo a sus lagunas secarse o convertirse en diques de colas, apuntó la ecologista.
A pesar de que lo anterior implica una enorme amenaza de perturbación hidrológica a gran escala, especialmente en el polígono Río Grande de Lípez-Salar de Uyuni-Alota, “la utilización de sus recursos hídricos no le cuesta ni un centavo a la empresa”, aseguró.
Por ello, añadió que es urgente que el Estado asuma medidas inmediatas para evitar que esta actividad, que aporta con menos del 5 por ciento de sus ganancias al país, siga contaminando y explotando los recursos hídricos de la zona más seca. (La Paz)
Gobierno respetará contrato
El Gobierno respetará las concesiones mineras vigentes para luego migrar a los contratos mineros con participación del Estado, informó ayer el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, quien reiteró que el conflicto en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí tiene tinte político.
“En cumplimiento de la Constitución Política del Estado, estamos obligados a migrar las concesiones mineras a contratos mineros, y en este sentido es una tarea que debe encarar el Poder Ejecutivo juntamente con la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó.
Aseguró que el Gobierno respetará el marco legal en el cual fueron suscritos los convenios para las concesiones mineras, por lo que se espera la participación de las empresas que deben migrar a los contratos.
“Hemos dicho que vemos cómo estas acciones en el sudoeste (potosino) están siendo manipuladas por gente que ha perdido las elecciones municipales, y nosotros consideramos que uno de los hechos más relevantes es que no se acepte dialogar si no es en la estación Avaroa”, señaló.
Manifestó que quien busca el diálogo debe estar dispuesto a ir a cualquier lugar, pues “esta exigencia y este desaire que han hecho al Prefecto de Potosí nos preocupa”.
Aduaneros huyen a Chile
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya informó ayer que tres funcionarios de esa entidad se encuentran en territorio chileno tras escapar de comunarios que protagonizan bloqueos en la zona fronteriza de Avaroa, en Nor Lípez, del departamento de Potosí. El puesto de control estuvo a punto de ser quemado.
“Le pedí al Prefecto (de Potosí) que colabore porque el (puesto de control aduanero) que está en peligro es el ubicado en Avaroa, que es un lugar inhóspito, y también hay tres funcionarios que se han replegado al lado chileno”, señaló.
La autoridad dijo que intentaba comunicarse con el Comandante de Tarea Conjunta para que brinde protección a los funcionarios, “pero lo más que puede hacer es acudir al cuartel más cercano para que vea cuán complejo y difícil es el trabajo de la Aduana Nacional”.
Lamentó que los comunarios, que pueden tener razón en sus reivindicaciones de regalías, atenten contra la Aduana, que nada tiene que ver en el conflicto. “Esperemos que la opinión pública no diga que la Aduana está haciendo pasar contrabando”, añadió.
Llamó a la reflexión a quienes dirigen las movilizaciones, y advirtió que se abrirán procesos legales contra los que resulten identificados de ser autores de ataques.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-04-20&idn=17628