El magistrado Ángel Irusta, presidente del Tribunal de juicio de responsabilidades por el caso Octubre negro. afirmó que el proceso podría prolongarse todavía por varios meses debido a que éste continúa en la fase de recepción de pruebas testimoniales que vienen siendo presentadas por el Ministerio Público.
Según Irusta, la Fiscalía tiene previsto traer ante el Tribunal a unas 1.820 personas que estuvieron en los distintos escenarios en los cuales tuvo lugar la también denominada “Guerra del Gas” entre los meses de septiembre y octubre del año 2003, la cual dejó un saldo de 64 personas muertas y decenas de heridas.
Hasta ahora, solamente declararon 180 personas, entre víctimas y testigos de esos hechos, lo que puede dar una idea de la gran complejidad y duración de este proceso que ha sentado en el banquillo de los acusados a ex ministros y ex altos jefes militares del último gobierno de Sánchez de Lozada.
Irusta dijo también, que el Tribunal recibió cerca de medio millar de expedientes y pruebas materiales durante los once meses que transcurrieron desde la apertura de las audiencias públicas, el 18 de mayo de 2009.
“No se sabe cuánto tiempo más durará el juicio, lo ideal sería que termine de aquí a unos meses, sin embargo, tengan en cuenta que estamos recibiendo testigos todavía del Ministerio Público y nos falta testigos de los imputados y seguramente serán otros 300 a 400 testigos, entonces el tiempo dirá cuándo terminamos”, subrayó Irusta.
Las audiencias deben reiniciarse el lunes próximo y esta semana fueron suspendidas a raíz del pedido de uno de los conjueces, quien tuvo que ausentarse temporalmente de la ciudad de Sucre debido a motivos de fuerza mayor, según se informó.
A las audiencias asisten los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa; y de Trabajo, Adalberto Kuajara Arandia, además de los ex jefes militares Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Juán Véliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza.
El principal acusado, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se encuentra prófugo en EEUU, hizo conocer el 1 de junio de 2009, a través de sus abogados, que el juicio por Octubre negro viola el derecho constitucional a la presunción de inocencia, toda vez que la autoridad administrativa o jurisdiccional ya había formado una convicción de condena y por ello ha violado este principio, prescindiendo del derecho a la defensa.
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