Existen temas que con recurrentes no precisamente por capricho de la prensa sino porque no existen gobiernos que sean capaces de resolverlos.
Esos son, entre otros, el del complejo polimetalúrgico de Karachipampa, que sigue sin funcionar, y la explotación de hierro en el oriente boliviano.
Desde hace ya varios meses, pero con especial frecuencia e intensidad durante las últimas semanas, las relaciones entre el Estado boliviano representado por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la empresa india Jindal Steel and Power han sido fuente de informaciones de lo más contradictorias.
De manera recurrente, mes tras mes, han ido sucediéndose noticias que un día daban cuenta de una inminente ruptura del contrato, e inmediatamente después las autoridades responsables del rubro minero aseguraban que el proyecto de explotación del hierro del Mutún estaba bien encaminado minimizando las evidentes dificultades que hasta ahora han impedido el cumplimiento del contrato suscrito en 2007.
Durante las últimas horas, cuando el presidente de la ESM anunció por enésima vez su decisión de proceder a la ejecución de las boletas de garantía de la transnacional india, parecía que por fin terminaría tanta confusión. Pero no. Lejos de ello, lo único que ha quedado claro después de la nueva oleada de marchas y contramarchas es que en las altas esferas gubernamentales es donde menos claridad hay sobre el destino de uno de los principales pilares del plan de desarrollo económico del gobierno central.
Y mientras las contradicciones se suceden unas a otras, el único dato cuya veracidad está más allá de toda duda es que el proyecto de explotación del hierro del Mutún está completamente paralizado. No sólo porque la empresa india no ha invertido más que una insignificante parte de los capitales comprometidos, sino porque incluso ha suspendido ya las pocas operaciones que venía realizando en el área que le fue otorgada para su explotación.
A pesar de ello, en lo único que parecen coincidir los representantes del Ministerio de Minería y los de la ESM en que todo está bien. Aseguran que pese a la decisión de ejecutar las boletas de garantía el contrato se mantiene plenamente vigente y minimizan la posibilidad de que la Jindal Steel and Power cumpla su amenaza de irse del país e iniciar una multimillonaria demanda contra el Estado boliviano.
En medio de tanto embrollo, y a medida que el tema se complica, la falta de información fidedigna se hace cada vez más notable. Es que pese a que ya son casi tres los años que han transcurrido desde la suscripción del contrato entre el Estado y la Jindal, aún no se conocen muchos detalles del mismo y mucho menos las modificaciones que se le habrían introducido para satisfacer las exigencias de la empresa india.
Tampoco se sabe en qué se basan las autoridades del Ministerio de Minería cuando sostienen que el Estado boliviano está en condiciones de iniciar de manera inmediata la explotación del 50% del yacimiento del Mutún que todavía están bajo su control. Es que como lo corroboran las más de cinco décadas de frustraciones, no es nada fácil reunir las condiciones necesarias para que el proyecto deje de ser tal para convertirse en realidad.
A juzgar por las dificultades que se encuentran para evitar que el contrato con la Jindal se sume a la larga lista de frustraciones parece evidente que nuestro país está todavía lejos de contar con los recursos económicos, tecnológicos y muy especialmente los recursos humanos calificados que se necesitan para emprender obras de tan gran envergadura.
http://www.cedla.org/obie/content/7558