El Gobierno juega dos cartas en el lío surgido con la firma Jindal Steel Bolivia (JSB) por la ejecución de dos boletas de garantía por $us 18 millones. La siderúrgica india, según el Órgano Ejecutivo, incumplió el contrato para el desarrollo del yacimiento de hierro del Mutún.
Ayer, en cuestión de horas, el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Sergio Alandia, dio dos versiones distintas sobre la ejecución de las boletas de garantía.
En entrevista con la red privada de televisión ATB, el máximo ejecutivo de la ESM declaró que “correspondía una sanción económica” a la siderúrgica india por haber “perjudicado a la región, al país y al Estado boliviano en su desarrollo”.
Es más, Alandia sostuvo que Jindal debería aceptar la sanción económica y negociar “nuevas reglas de juego” para seguir operando en el país. “En el contrato tenemos muchas incongruencias, muchos temas que desfavorecen al país y que realmente nos dejan desguarnecidos”, afirmó el ejecutivo.
Mientras, a las autoridades y cívicos de Puerto Suárez les dio su “palabra” de que “no se han ejecutado ni se han cobrado las boletas de garantía” entregadas por la compañía, y de que entre el jueves y viernes se reunirán en esa población para tratar este tema, según informó a este medio el presidente del Comité Cívico porteño, José Luis Santander.
En entrevista telefónica con la red Erbol, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo que al Gobierno le “interesaría” que Jindal continúe en el proyecto siderúrgico, aunque si la empresa “decide romper el contrato” no tendríamos otra opción que “asumir este lío”.
Al igual que la posición expresada por Alandia, Pimentel dijo que el Ejecutivo está a la espera de que Jindal tome la “iniciativa para decirnos que efectivamente no cumplieron (con el contrato para el desarrollo del yacimiento de hierro del Mutún), que no pagaron los derechos de explotación (a la Empresa Siderúrgica del Mutún) y (a partir de ahí) entremos en una etapa de negociación”.
Dijo que el Gobierno tiene presente la inversión realizada por la empresa, que asciende a $us 12 millones, y que ya existe un proyecto a diseño final para la instalación de la siderúrgica en el Mutún. Sin embargo, señaló, “no podemos eludir algunas obligaciones que están establecidas en el contrato” de riesgo compartido.
“Como funcionarios públicos estamos en la obligación de pedir que se cumplan”, aseguró el ministro.
En el caso de que Jindal Steel Bolivia exigiera la devolución de los $us 12,43 millones que invirtió en el proyecto siderúrgico del Mutún, Pimentel aseguró que “nosotros también podemos pedir una compensación por el lucro cesante”. “La postergación de un año del proyecto significa para el Estado boliviano $us 200 millones”, manifestó el funcionario.
De su parte, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, informó que una reunión de directorio ampliado definió suspender medidas de presión porque existe confianza en la palabra del presidente ejecutivo de la ESM, de que no se ejecutarán ni se cobrarán las boletas de garantía.
La Razón intentó comunicarse vía telefónica con Alandia para corroborar esta información, pero su teléfono móvil estaba apagado.
Cívicos frenan medidas
El Comité Cívico de Puerto Suárez determinó anoche suspender cualquier medida de presión en tanto la Empresa Siderúrgica del Mutún y Jindal lleguen a un acuerdo para desarrollar el proyecto de explotación de hierro.
El titular del Comité, José Luis Santander, informó que se adoptó la decisión para no perjudicar la reunión que llevarán adelante las dos partes en conflicto el viernes sobre la base del encuentro del 9 de marzo. Ese día, Jindal se comprometió a reanudar sus inversiones el 1 de abril y suscribir una adenda.
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