Denuncia: el caso de la periodista torturada en Cuevo llega hasta la CIDH

Las torturas y abusos cometidos en Cuevo –Chaco boliviano- contra una periodista que participaba del proceso de saneamiento y liberación de las comunidades indígenas del pueblo guaraní cautivas en abril de 2008 llega a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) después de que la justicia boliviana se niegue a procesar a los responsables del ataque. La denuncia fue presentada por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) el 12 de abril.
La protagonista de esta historia es la periodista Tanimbu Estremadoiro, contratada por el CEJIS y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) para documentar el proceso de saneamiento y liberación de las comunidades indígenas guaraníes en estado de cautiverio llevado adelante por el Estado en 2008.
El 13 de abril Tanimbu dirigía a la comunidad de Itacuatía en el Alto Parapetí acompañando una comitiva oficial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del Viceministerio de Tierras y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) quienes iban a dar inicio formal al proceso de saneamiento.
Antes de llegar a destino y al pasar por la localidad de Cuevo, los vehículos en los que se trasladaban fueron interceptados y atacados violentamente por personas supuestamente contratadas por hacendados, dirigentes cívicos y las propias autoridades de ese municipio quienes se oponían a la realización del saneamiento de las tierras indígenas de la zona.
Quienes iban dentro de las camionetas fueron recibidos a piedrazos y varios intentaron escapar corriendo a ciegas, mientras que Tanimbu fue arrastrada de los pelos por los agresores y amenazada por varios individuos. A la fuerza fue atada de un poste en la plaza principal donde fue golpeada y amenazada reiteradamente. Posteriormente fue conducida contra su voluntad a un alojamiento donde uno de los agresores intentó abusar de ella sin lograr su objetivo.
El caso adquirió repercusión nacional e internacional puesto que en la comitiva se encontraban el director Nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, y el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaráz, quienes lograron escapar del ataque, aunque resultaron heridos. Junto a Tanimbu se encontraba el periodista argentino Fernando Cola y el abogado guaraní Ramiro Valle, quien también fue golpeado salvajemente en la plaza de Cuevo.
La denuncia realizada por Tanimbu Estremadoiro y Ramiro Valle se radicó en la fiscalía de Camiri y se caratuló como “tentativa de homicidio, tentativa de violación, torturas y otros”.
En la denuncia figuran como acusados: Marco Antonio Gareca Guthrie, presidente del Comité Cívico de Cuevo, Sonia Guthrie, Alcaldesa de Cuevo, Rolando Joaquín Cruz, presidente del Comité de Vigilancia de Cuevo y Cider Tapia por intento de violación y abuso deshonesto.
Sin embargo allí comenzó la otra historia. Entre abril y septiembre de 2008 la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz cambió siete veces los fiscales para que se hicieran cargo del caso violando ampliamente la normativa procedimental al respecto y retardando la investigación de manera indefinida.
Se denuncia además la comisión de un número importante de irregularidades en el desarrollo de la investigación del caso, que condujo al rechazo de la denuncia de Tanimbu y dejando en impunidad los hechos cometidos. Las irregularidades van desde el manejo arbitrario e irresponsable del cuadernillo de investigación, la retardación deliberada y violación de los plazos procesales para la realización de actos procesales, hasta la falta total de información a la víctima sobre la causa, hecho que ha aumentado su estado de indefensión e inseguridad.
La presentación del caso a la CIDH de parte de Tanimbu surge como consecuencia del agotamiento de los recursos internos existentes en sede nacional que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y la reparación de los daños cometidos por los agresores. En este sentido, la CIDH, que es un órgano autónomo de protección y promoción de los Derechos Humanos en toda América, se presenta como la última vía para satisfacer la demanda de justicia que el ordenamiento jurídico boliviano no ha podido cumplir.
Para Tanimbu el tiempo también pasó aunque las secuelas no fueron del todo superadas. “Psicológicamente estoy bien, pero sí pienso en que la gente que hizo eso tiene que pagar. Hace un tiempo, cuando me enteré de que en esa zona se finalizó el proceso de saneamiento me alegré de que aquello se concretara”, señala.
“Yo quiero agradecer al CEJIS porque fueron los únicos que siguieron este proceso judicial. Se necesita tiempo y dinero para seguir algo así y yo no lo hubiese podido hacer sola. Además, al principio estaba más preocupada por estar bien psicológicamente”. Tanimbu también estuvo acompañada por las autoridades de la Defensoría del Pueblo de La Paz de ese entonces, así como de los especialistas del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) con apoyo psicológico y ayuda económica debido a que después de ser atacada, no pudo continuar con el trabajo que estaba realizando por obvias razones de seguridad. En este momento reside en la ciudad de La Paz.
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