“Repudiamos al imperialismo, a las transnacionales y a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructura de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en todos los territorios latinoamericanos –especialmente territorios indígenas y áreas protegidas– diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora”.
Miércoles, 21 de abril. Finalizó el trabajo de la mesa popular no. 18 “Derechos Colectivos y Derechos de la Madre Tierra”. El evento fue impulsado por el CONAMAQ con el fin de abordar la problemática de los conflictos socio-ambientales y contó con el respaldo de las organizaciones indígenas, campesinas y no-gubernamentales, entre ellas CPILAP, OPIM, CONAMAQ, Consejo Indígena Sur- Tipnis, CEDLA, CEJIS, PROBIOMA, OINCO, Bolpress, Enlace, Colectivo Casa, CENDA, Yakupacha y FOBOMADE.
En la primera sesión de esta jornada se abordó el tema de la actividad minera en los territorios indígenas y campesinos a partir del análisis de tres casos emblemáticos. Se trata del caso de la empresa San Cristóbal que está utilizando grandes cantidades del agua para desarrollar su proyecto minero en el sud oeste de Potosí lo que está afectando a las comunidades campesinas que se encuentran en la zona de explotación, el caso del Corocoro, la capital de la provincia Pacajes donde el COMIBOL está realizando un proyecto minero de explotación de cobre y el caso de Mutún en la región de Chiquitanía y Pantanal. Uno de los expositores, el delegado del CEJIS Miguel Vargas denunció que la consulta sobre el proyecto de COMIBOL que se está ejecutando en el territorio de la nación indígena Jacha Suyu Pakajaqi se realizó con las autoridades de una sola marka y sin respeto a los procedimientos propios de este pueblo originario. Sin embargo las comunidades afectadas van a continuar la lucha en defensa de sus derechos colectivos con el fin de que se realice el proceso de consulta de manera adecuada.
En su turno, los delegados de PROBIOMA y los dirigentes de la zona donde se encuentran las concesiones mineras en la Chiquitanía y Pantanal analizaron los impactos que tienen estas actividades en el oriente boliviano. En el caso del proyecto Mutún los expositores denunciaron que la empresa Jindal, responsable de la ejecución del proyecto, no ha hecho las inversiones prometidas hasta la fecha y no ha cumplido con los compromisos relacionados con la generación de nuevos empleos en las zonas afectadas. Según los expositores, los procesos de la consulta pública se realizaron en el marco de la desinformación a la población. Uno de los dirigentes de la zona denunció el saqueo de los recursos hídricos: “El pueblo no tiene nada, no hay beneficios sociales para las comunidades. Prefieren lavar el mineral que dar el agua a la gente”.
Se abordó también el caso de la construcción de la Carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos que atraviesa el territorio indígena Tipnis y el área protegida Isiboro Sécure donde viven los pueblos indígenas yuracaré, mojeño y chimane y donde se encuentran los grupos yuracarés en aislamiento voluntario. Este proyecto forma parte de la estructura IIRSA. El gobierno ha emitido la ley de declaración de prioridad nacional de construcción de esta carretera sin que se realice una consulta previa a los pueblos indígenas de Tipnis. “Se nos atropella, no se nos consulta, no se nos toma en cuenta en las decisiones. Somos parte de este proceso de cambio. Pero ahora se han olvidado de estos indígenas, entonces nos confunde esta situación” expresó su preocupación Marco Fabricano, el cacique mayor del Consejo Indígena Sur- Tipnis.
En esta jornada de trabajo se presentó también la resolución del Consejo de los Capitanes Guaraníes de Tarija, producto de una movilización que está realizando este pueblo indígena para luchar contra la actividad petrolera en sus territorios.
El trabajo de la mesa concluyó con la resolución que exige la reversión y la expulsión de las corporaciones transnacionales y plantea el cambio del modelo de desarrollo que privilegia las materias primas. La alternativa debería incorporar la filosofía, cultura, usos y costumbres de los pueblos, y sustentarse en un modelo social y comunitario respetuoso de los Derechos de la Madre Tierra.
El documento será presentado al presidente Evo Morales una vez concluida la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
Rafael Quizhpe, el mallku de las industrias extractivas de CONAMAQ señaló que la mesa popular no.18 fue un espacio de debate abierto para escuchar tanto los problemas nacionales como internacionales.”Los 500 proyectos de IIRSA no se encuentran solamente en el territorio boliviano. El capitalismo y socialismo son políticas que utilizan las industrias extractivas porque son desarrollistas y consumistas. Damos nuestro pleno respaldo a la Cumbre pero tiene que haber coherencia entre el discurso y práctica. Queremos que las resoluciones de la Cumbre sean vinculantes”.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socio-Ambientales.
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