La Asamblea General de la ONU resolvió incorporar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al calendario de celebraciones.
Varias organizaciones de mujeres de Bolivia piden incorporar en el Código Penal, como figuras jurídicas, el feminicidio, la violencia familiar, la esterilización forzada, el acoso sexual y mala práctica médica como delitos contra la vida y la libertad sexual.
Las instituciones ratifican su lucha por un proceso que transforme estructuras y prácticas institucionales, políticas, sociales, culturales y económicas que reproducen la discriminación, la subordinación, la pobreza y la exclusión de las mujeres.
Reconocen el avance que hubo en la inclusión de las mujeres en los espacios de representación y decisión, que hoy se expresan en la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que cuenta con un 47 por ciento de mujeres en el Senado y 25 por ciento en la Cámara de Diputados y la designación del nuevo gabinete ministerial, conformado por un 50 por ciento de mujeres, constituyéndose en hitos para la profundización de la democracia.
Además sostienen que la definición de un nuevo marco normativo y la aprobación de leyes deben garantizar lo que la Constitución Política del Estado incluyó desde una perspectiva transversal de equidad, no discriminación y reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres. Se exige que el Código de Trabajo establezca condiciones adecuadas y justas para la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, trabajo digno y sin discriminación, garantizando al mismo tiempo igual salario por igual trabajo para las mujeres.
La Ley de Régimen Electoral y Ley de Órgano Electoral debe definir medidas afirmativas para garantizar el 50 por ciento de participación y elección de las mujeres en la conformación de todos los órganos de poder y, en especial, en las circunscripciones uninominales, reconociendo como competencia del Órgano Electoral el control al cumplimiento en organizaciones políticas.
La Ley de Control Social debe garantizar la activa y efectiva inclusión de las mujeres y sus organizaciones, en los ámbitos nacional, departamental, municipal e indígena, como actoras para ejercer vigilancia y control de los recursos públicos.
La Ley de Pensiones debe incluir el acceso universal a la seguridad social y jubilación para todas las mujeres, reconociendo que la mayor parte de ellas, realiza de manera simultánea trabajos productivos y el trabajo en el hogar no remunerado.
Finalmente, piden aprobar la ley contra la violencia política en razón de género para luchar contra las expresiones de violencia hacia las mujeres que ejercen cargos públicos.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-03-08&idn=15671