La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado boliviano a presentar una explicación de las investigaciones sobre la desaparición de Carlos Flores Bedregal, en la dictadura del gobierno de facto de Luis García Meza, 1980.
Olga Flores, hermana del desaparecido Carlos Flores, manifestó a la Red Erbol que el gobierno de Evo Morales conoció la solicitud el pasado 26 de enero y que hasta el 26 de febrero tenía el plazo entregar el informe, lo que incumplió.
“Lo que sí va pasar hay plazos a cumplir, el gobierno (de Evo Morales) está incumpliendo el plazo lo que significa que no hay disponibilidad a resolver el problema”, sostuvo Olga Flores.
El gobierno boliviano, según la interesada, conoció la conminatoria el pasado 26 de enero y hasta el 26 de febrero tenía el plazo de suministrar el informe, que fue incumplido.
Según la denunciante, posterior a la admisión de la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno boliviano tenía la oportunidad para llegar a una negociación amistosa, lo cual no sucedió y podría acarrear una sanción al Estado.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que se agotaron todos los recursos (jurídicos) a nivel nacional para el esclarecimiento de la desaparición de Juan Carlos Flores; por lo que ha requerido al Estado (boliviano) que es evidente la denuncia. Por lo que, el Estado debe responder al requerimiento antes de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Flores.
El 27 de julio de 2009, el Ministerio Público inició las investigaciones sobre la desaparición de Juan Carlos Flores, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Renato Ticona.
Posterior a una larga batalla jurídica de los familiares de las víctimas, el 10 de febrero de 2010, el juez Octavo de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Roger Valverde, dispuso la apertura de los archivos de la dictadura en las Fuerzas Armadas, orden que fue burlada dos veces por los militares.
El tres de marzo del año en curso, el juez Valverde dispuso el levantamiento del secreto militar en Bolivia en relación a los archivos del año 1980, instructivo que permite a la comisión de fiscales acceder a todos los documentos necesarios para encontrar a los desaparecidos en el gobierno de facto de Luis García Meza.
El 24 de febrero de 2010, la Corte Superior de Justicia de La Paz recibió la solicitud de los actuados procesales sobre las desapariciones de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Carlos Flores, presentada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Mónica Soriano, cuyos documentos deben ser remitidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
Luis García Meza, el principal autor de los asesinatos y desapariciones en Bolivia durante los años 1980 y 1981, junto a Luis Arce Gómez cumplen la condena de 30 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro de La Paz; quienes se acogieron al silencio para no revelar el paradero de los desaparecidos.
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