“ La mayoría de las concesiones forestales fueron creadas y adjudicadas antes de que exista las demandas de las TCOs, bajo el nuevo régimen constitucional han caducado, fueron creadas por decreto supremo y por el rango de legislación en la actual constitución son nulas y no cumplen con la función económica social y han vulnerado los derechos de las poblaciones indígenas”, señala un documento de la Cidob entregado a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.
En otro acápite del documento, la Cidob expone que las empresas madereras provocaron, con la deforestación de los bosques, serios daños al medio ambiente e impiden el libre tránsito de las comunidades indígenas en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
En esa misma línea, el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), José Antonio Landriel, afirmó que es necesario adecuar la Ley 1700 vigente desde el 12 de julio de 1996, a la nueva Constitución Política del Estado.
“Debemos efectuar una revisión normativa, es la primera vez en la historia que los temas de recursos forestales están incluidos (en la CPE) de manera expresa, es la primera que se incluye un acápite especial sobre la amazonia, que se habla de la necesidad de reconocer los derechos indígenas y de establecer autorizaciones de aprovechamiento plural”, señaló Landriel.
A su juicio, “es el momento de reformar la legislación forestal boliviana y establecer un ámbito que quiere hacernos entender que detrás de los bosques no sólo existe madera, sino fundamentalmente existen personas, servicios, biodiversidad, ecosistemas y valores intangibles que permite el desarrollo de la sociedad”.
De acuerdo al artículo octavo numeral I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. El Estado revisará y, en su caso, resolverá aquellas que contravengan a la presente Constitución”.
CONCESIONES
En el país hay 59 concesiones forestales que fueron otorgadas en función a la Ley 1700 aprobada durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De ese total, 15 caducaron entre el 2007 y 2009, según un informe de la ABT.
Entre las empresas que se beneficiaron con concesiones forestales se puede mencionar a: Empresa Importadora y Exportadora Aguilar, Industria Maderera Cronembold, Aserradero San Martín, Empresa Forestal y Agrícola Bolital, Sagusa entre otras. La mayoría están ubicadas en Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz. (Ver relación nominal).
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