De acuerdo a la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario (Cedla), cerca de 58 instituciones firmaron un pronunciamiento, con la finalidad de alertar sobre la posibilidad de que el país se abra de forma irrestricta a la extracción intensiva de los recursos naturales no renovables, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y de la madre Tierra.
Entre las instituciones firmantes se encuentran Act, Amupei, Apt, Ase, Cades, Caritas Oruro, Cecasem, Cds Molle, Cedefoa, Ceedi, Cejis, Cenda, -Cepa, Cer Det, Cetha Emborozú, Cetha Socamani, Ciac, Ciat, Ciddebeni, Cidem, Ciec, Cimar, Cinep, Cistem, CSUTCB, Fadeco, Fides, Fundación Aclo, Fundación Lampi, Fundare, Herencia, Idi AA, IE UMSA, IICCA, Inbometraka, IPTK , IYA , JCI ELP, LIDEMA, Man B El Alto, MHNNKM, Nicobis, Paac, Pasos, Proagro, Prodema, Prodena, Prometa, Ghana, Red Nava, Savia, Semta , Sobe - Sobe Guayaramerín, Sope, Teapro, Tropico Vive.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
La organización no gubernamental Qhana destaca en un comunicado institucional que convoca a superar el falso dilema entre desarrollo y la protección ambiental: “Es necesario recalcar una vez más que la dimensión ambiental, así como la social, no son un obstáculo para el desarrollo; si no la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien del pueblo boliviano, principalmente de las actuales y futuras generaciones de las naciones indígenas y originarias”.
LEYES CONSIDERADAS
Entre las leyes a ser tratadas en la Cámara de Diputados se prevé, la modificación a las normativas medioambientales con la finalidad de incentivar las operaciones de exploración y explotación petrolera.
“Ante recientes declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero, en sentido de que en Bolivia existen cinco amenazas de carácter ambiental que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional, y que “reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto”, las instituciones y organizaciones firmantes señalamos que este intento de flexibilizar los recaudos socio-ambientales, contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional, en la medida que ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales”, asegura el comunicado expresado por el Programa de Medio Ambiente (Prodema).
CARTA MAGNA
De acuerdo a la nueva Carta Magna artículo 299, parágrafo II, se señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las que se encuentran las autonomías indígenas originario campesinas, ejercerán la función de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. Asimismo, en el artículo 312, se señala que todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente, recuerda la Plataforma energética.
“Por otra parte, pretende vulnerar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, parágrafo II, incisos 15, 16 y 17 de la CPE, garantiza su derecho a la consulta previa obligatoria respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, así como a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. Igualmente quebranta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos y ratificados por el país”, observa la directiva de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Finalmente, Sobe Guayaramerín, Sope, Teapro, Trópico y Vive, que corresponden a las Organizaciones no Gubernamentales de sectores del trópico y valles convocaron a las autoridades nacionales a “reflexionar sobre sus posiciones anticonstitucionales y a superar el falso dilema entre desarrollo y protección ambiental, entendido éste último, como la forma de garantizar la conservación de la base productiva y el buen vivir de la población boliviana”.
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