La documentación clasificada fue seleccionada por el Comando en Jefe de la entidad castrense, lo que molestó a los familiares.
El Ministerio Público comenzó ayer a recibir archivos clasificados de la dictadura de Luis García Meza, preparados por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el Estado Mayor, en medio de una reserva absoluta, hermetismo militar y críticas de algunos familiares de los desaparecidos y activistas de los derechos humanos.
El fiscal Eduardo Morales ingresó a la instalación castrense cerca de las 16.00 para iniciar el acto procesal y se reunió con el comandante en jefe de las (FFAA), general de Ejército Ramiro de la Fuente Bloch, pero los medios de comunicación no tuvieron acceso al encuentro.
El operador de justicia estuvo hasta casi las 17.30 y luego se anunció de manera sorpresiva que dejó el predio por una puerta trasera, sin que se dé más explicaciones a los parientes de los buscados, algunos miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), que esperaban afuera.
Unos minutos más tarde, el fiscal explicó a los medios de comunicación que sólo tuvo acceso a documentación que fue preparada por el Comando en Jefe de las FFAA, por lo que comenzó a registrarla de manera legal.
El representante del Ministerio Público estableció que por la falta de tiempo no continúo con su labor y tendrá que reanudarla entre el jueves y el viernes, con lo que dejó claro que no podrá sacar los archivos clasificados del Estado Mayor. “Se nos presentó documentación archivada de los años 80, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de acuerdo con la orden judicial emitida”, manifestó.
Según Morales, se tiene previsto hallar nombres de oficiales que tuvieron poder de mando durante la época de la dictadura de Luis García Meza y otros datos e indicios que permitan dar con el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal.
El fiscal Milton Mendoza calificó como una parodia el acto preparado por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, puesto que se le informó que se expuso documentos preparados, cuando la orden judicial enviada a las autoridades militares para su investigación establecía que se permita el acceso al lugar de los archivos para elegir la información necesaria e importante.
Por otro lado, expresó su extrañeza porque se adelantó la fecha de entrega de los documentos justo cuando estaba en las audiencias del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de septiembre y octubre de 2003.
“Yo creo que se está especulando con la información, pero entre el jueves y el viernes retornaré a La Paz y mantendré la posición intransigente de que se tenga acceso ilimitado a la documentación clasificada y que se nos entregue los archivos reales de la dictadura”, aseveró.
La entrega reservada de documentos seleccionados por las autoridades militares molestó a casi una veintena de familiares de desaparecidos y activistas de la APDHB y Asofamd, quienes criticaron la continuidad de un presunto encubrimiento que beneficia aún a los autores de la muerte de varios líderes políticos y sindicales durante el gobierno de facto de García Meza.
Los movilizados en las puertas del Estado Mayor esperaron durante una hora y media que se les informe sobre qué documentos fueron conocidos por el Ministerio Público, en medio de frases que exigían que las Fuerzas Armadas terminen de proteger información de hace casi 30 años y respeten los compromisos internacionales sobre el tema de desapariciones forzadas asumidos por el Gobierno boliviano.
“Las Fuerzas Armadas tienen sólo dos caminos: determinar si están con el pueblo o son su enemigo”, estableció una de las frases más repetidas por los activistas.
La mayoría quedaron desilusionados por el hermetismo aplicado en la apertura sobre la información de la dictadura y un grupo de ellos amenazó con realizar movilizaciones y aplicar otras medidas de presión para que se haga pública la documentación. El Ministerio Público continuará su labor de registro de los documentos entre el jueves y viernes.
Dos activistas inician vigilia y ayuno
La hermana del fallecido Juan Carlos Flores Bedregal, Olga Flores, inició ayer una vigilia y huelga de hambre en las puertas del Estado Mayor de la zona de Miraflores, para demandar que los archivos clasificados de la dictadura de Luis García Meza sean entregados también a los familiares de los desaparecidos en aquella época.
La mujer tomó la determinación luego de expresar su molestia porque no se hizo público el acto de exposición de los documentos secretos del Gobierno de facto y las autoridades militares no cumplieron la orden sobre el acceso a la información del juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Róger Valverde.
“Se encubre aún las desapariciones forzadas, porque acá tuvimos un acto clandestino, donde sólo estuvieron los fiscales y los familiares”, manifestó.
Por otro lado, Flores manifestó que mantendrá su vigilia hasta las últimas consecuencias porque no permitirá que se mantengan vigentes los procedimientos “ocultos y sucios” que caracterizaron a las épocas dictatoriales.
La medida de presión fue apoyada por la activista Martha Montiel, quien demandó que las Fuerzas Armadas den la información necesaria para que se devuelvan los restos de sus seres queridos.
La mujer puso incluso en duda que el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas haya entregado los verdaderos documentos clasificados de la dictadura de García Meza al Ministerio Público.
Asofamd pide datos de más dictaduras
La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), Ana Urquieta, pidió ayer que se permita acceder a los archivos clasificados de todas las dictaduras militares para encontrar los restos de cientos de personas masacradas por los gobiernos de facto.
La activista recordó que en la gestión dictatorial de Hugo Banzer Suárez, por ejemplo, se forzó la muerte y desaparición de los restos de más de 100 personas, 34 en Argentina y unos 60 ó 70 en Bolivia.
La dirigente mencionó también que Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal no fueron los únicos eliminados por Luis García Meza, puesto que en el Gobierno militar se perdió el rastro de unos 60 líderes políticos y dirigentes sindicales. “No perdemos la esperanza de que algún día tengamos acceso a los archivos clasificados de las dictaduras que hubo desde 1964 hasta 1980 y que nuestros investigadores averigüen lo que pasó con nuestros familiares”, aseveró.
La representante de Asofamd explicó que se continuará con las acciones legales necesarias, las movilizaciones y las declaraciones públicas para la investigación del paradero de los restos de sus familiares, mientras se consigue la apertura democrática y política requerida para el acceso público a los archivos militares clasificados.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-02-24&idn=15221