La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) por la Circunscripción 10 de La Paz, Marcela Revollo, presentó este jueves a la Cámara de Diputados una petición de informe oral para el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, sobre el tema de desclasificación de documentos de la dictadura.
Este pedido de informe surge después de que el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas se negara, en primera instancia. a dar cumplimiento a la orden judicial de entregar los archivos clasificados del régimen de facto de Luis García Meza.
CUESTIONARIO
1. Diga el Ministro cuál la razón para que el Sr. Comandante General de las Fuerzas Armadas hubiese resistido la disposición emanada del Juez Octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal, Roger Valverde, referente a la exhibición de documentos clasificados dentro de los casos referidos a la desaparición forzada de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona Estrada, y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el gobierno de facto de Luís García Mesa.
2. Diga el Sr. Ministro, qué medidas ha adoptado o adoptará su despacho para enmendar la grave situación emergente del cumplimiento a cabalidad de la orden del Juez Cautelar en lo Penal para que se entreguen los archivos castrenses (la orden judicial establece que se permita el acceso al lugar de los archivos para elegir la información necesaria e importante) que ayudarán a esclarecer la desaparición forzada de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona Estrada, y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la vigencia de dictaduras militares.
3. Informe el Sr. Ministro, qué planes y medidas concretas ha adoptado su autoridad para investigar o qué medidas adoptará respecto a la falsa información propalada en mayo de 2009 por parte de las FFAA sobre que “no existen archivos militares secretos sobre el periodo dictatorial”, siendo que ahora se ha reconocido su existencia.
4. Diga el Sr. Ministro de Defensa, qué plan general y pasos concretos tiene previstos su despacho para dar cumplimiento efectivo a todas las disposiciones constitucionales y previsiones legales, convenios internacionales sobre desaparición forzada de la cual Bolivia es parte, para terminar con la impunidad y la tradición de secreto institucional con las que se han amparado los crímenes del periodo histórico en el que se prevaleció la “doctrina de seguridad nacional”, impulsada y ejecutada por poderes extranjeros que cometieron injerencia abierta en nuestros asuntos internos, con la complicidad de regímenes sumisos.
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