La Defensora del Pueblo, Rielma Mencías, instó el lunes al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente Bloch, a disponer la desclasificación de los archivos de las dictaduras en Bolivia en cumplimiento a una resolución que el Ministerio de Defensa emitió el año 2009.
"He firmado una Resolución Defensorial vinculada a una queja que presentaron dos familiares de desaparecidos de la década del 80 dirigida al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para que se cumpla las Resolución Ministerial que dispuesto la desclasificación de archivos", dijo.
La Resolución Ministerial 0316/09 aprobada en la gestión del ex ministro de Defensa, Walker San Miguel, "autoriza al Comando en Jefe de las FFAA facilitar el acceso a familiares y víctimas de regímenes sujetos a dictaduras militares, archivos, registros públicos y documentos existentes en las FFAA del Estado, que lo soliciten y demuestren su interés legítimo".
"Hacemos un reflexión respecto al derecho a la información de la población, pero también respecto a evitar la impunidad", añadió Mencías.
La Defensora del Pueblo aseveró que su Despacho hará seguimiento a las gestiones que se realizan ante las Fuerzas Armadas para hacer cumplir las leyes.
"Si es que eso no sucediera recurriríamos a la Asamblea Legislativa", subrayó.
En esa línea, explicó que la Fiscalía debe tomar recaudos para tener acceso a los archivos militares en cumplimiento de las normas judiciales, después del intento fallido la pasada semana de una comisión del Ministerio Público al gran cuartel militar de Miraflores, en la ciudad de La Paz, para acceder a los mencionados archivos.
Al respecto, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aclaró el sábado que la orden judicial para indagar en los archivos clasificados sólo solicita "acceso" a la documentación y no así su "desclasificación".
"Las Fuerzas Armadas cumplirán la orden judicial, permitirán el acceso a la información y no a su desclasificación. Esto en estricto apego a lo que señala la ley, que dice, con claridad, que se puede levantar el secreto de la información, pero no se lo hará público. En este caso la comisión de fiscales deberá mantener en reserva la información", explicó en una entrevista con la ABI.
Saavedra insistió en que la intención de la Fiscalía es conocer la información referente al escalafón de los efectivos militares y personal civil que trabajaba en la década de los ‘80 en las Fuerzas Armadas y, a partir de ello, realizar un análisis o, eventualmente, encontrar alguna documentación útil para la investigación.
Dijo que la comisión de fiscales asignados al caso podrá pedir nuevamente al juez asignado a la causa que amplíe la posibilidad de incluir esa información como un medio de prueba en el proceso.
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