La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP), luego de varias denuncias presentadas a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), a la Fiscalía de Distrito y a la Corte Superior de Justicia de ese departamento, y al no ser atendidas determinaron exigir al gobierno nacional la eliminación de las concesiones forestales otorgadas a la empresa Mabet, que es acusada de cometer delitos y graves infracciones constitucionales y forestales contra pueblos indígenas, bienes y patrimonio del Estado y contra el ecosistema en la cuenca del rio Negro.
De acuerdo a la denuncia del CIPOAP, en septiembre de 2009 se encontró que la Empresa Mabet represó arbitrariamente la naciente del río Negro, afluente del Abuná, al norte del departamento de Pando, usando troncas de árbol de castaña, cuya tala, además, de acuerdo a la Ley Forestal, constituye un delito.
Al mismo tiempo, la interrupción de cursos de agua constituye delito penal en materia ambiental, tipificado por la Ley 1333. La Empresa Mabet, de acuerdo a las primeras investigaciones que se impulsa, accedió a una concesión forestal aparentemente sin auditoría forestal por la de transferencia, como establece la ley, de la empresa San Martin de Pacahuaras, iniciando sus actividades en territorio del pueblo indígena Pacahuara, en actual autoaislamiento, agrega la denuncia.
Por otra parte, agrega, se conoce que los miembros de este pueblo son constantemente acosados por la penetración y explotación forestal en zonas donde habitan, al punto que tres de sus integrantes, actualmente viven en Alto Ivón, luego de que sus padres fueron asesinados por personas que cortaban madera –según los propios testimonios en su lengua materna, después de huir y ser forzados a trasladarse por la organización Nuevas Tribus.
“Estos hechos emergente de las actividades madereras en la Amazonía boliviana contribuyen a la violación de derechos humanos en estas zonas de donde las ciudades no conocen la realidad, vida, sacrificios y demandas; a donde el Estado no tiene la capacidad de garantizar derechos tal como lo hace en centros urbanos y donde las fuentes de ilícitos y su dinámica son conocidos. No permitiremos más el ataque de las lógicas capitalistas de invisibilización de indígenas de la Amazonía y sus territorios ancestrales”, señala la denuncia.
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