Síguenos por correo electrónico

7.1.10

Denuncian que una maderera privada represó un río en Pando

La exportadora de muebles, ventanas y puertas Mabel represó con árboles de castaña, goma y palmito el río Negro de más de 300 kilómetros de longitud, afluente principal del Abuná, que atraviesa su enorme concesión forestal en la provincia Federico Román del departamento de Pando.

Hace tres meses, una comisión de la Central Indí¬gena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP) y del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) visitó la provincia Federico Román para recolectar información sobre el pueblo indígena aislado Pacahuara.

"Lo que encontramos en ese territorio de la patria excede nuestra capacidad de sorprendernos e indignarnos. Se constató la ausencia total del Estado, lo que se agrava porque las concesiones de Mabet son continuas y limitan con el Estado brasilero", informaron hoy los miembros de la Comisión y aseguraron que todas las denuncias que presentaron en Pando fueron archivadas.

"No puede ser que una empresa se tome la vida de la gente, se apropie de los recursos del país y haga el uso que quiera con las aguas de sus ríos", reclamaron el secretario de Tierra y Territorio de la CIPOAP Mario Duri y la vicepresidenta de FOBOMADE Evelin Mamani.

El embalse artificial se ha convertido en un lugar extremadamente peligroso, con alta concentración de anacondas, habiéndose ya informado de la muerte de un zafrero devorado por los ofidios.

Aseguraron los denunciantes que el represamiento del río Negro constituye un delito ambiental, según los artículos 107 y 108 de la Ley de Medio Ambiente 1333. La tala de árboles de castaña está prohibida por el artículo 392 de la nueva Constitución Política del Estado.

La empresa maderera explota castaña sin tener derecho a ello, ya que la Ley Forestal prohíbe expresamente a los concesionarios forestales hacer uso de recursos no maderables sin contar planes de manejo de castaña aprobados, y menos sin contratos subsidiarios con pueblos indígenas o campesinos.

El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de Pando Wilder Suárez fue enfático al señalar que no existe ningún contrato subsidiario aprobado. A pesar de ello, Mabet, en connivencia con el Municipio de Nuevas Esperanza que otorga personerías jurídicas fraudulentas, ha creado comunidades fantasmas como La Unión, que en realidad está conformada por los propios trabajadores de la maderera que fungen como zafreros, pretendiendo que son subcontratistas para aprovechar la castaña. La empresa paga patentes en base al volumen que declara sin ningún tipo de fiscalización.

La comisión de la CIPOAP y FOBOMADE verificó la existencia de cientos de árboles de madera preciosa tirados en el camino y/o ocultos en el monte, donde se pudren sin beneficiar a nadie, lo que demuestra que la empresa no cumple con ningún tipo de plan de manejo.

La Comisión evidenció que esos territorios concesionados a empresas privadas se asemejan a "un país dentro de Bolivia", donde se han visto a contrabandistas, pescadores y cazadores furtivos brasileros, y se supo de la presencia de narcotraficantes, todo ello debido a la falta de presencia soberana del Estado en las fronteras.

"Prueba de ello es un cartel de la ex Superintendencia Forestal en el límite internacional, en la margen izquierda de la confluencia del río Negro con el Abuná, que indica: ‘Esta es una concesión forestal. Prohibido el ingreso para terceras personas para realizar cualquier tipo de actividad'", comentaron los denunciantes.

La CIPOAP pidió al gobierno conformar una comisión investigadora con la participación de la ABT, pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los medios de comunicación.

El INRA recortó barracas y concesiones forestales

Un pequeño grupo de empresarios agrícolas reclamaba el saneamiento de 242 barracas de una superficie total de 2,4 millones de hectáreas en el departamento de Pando. Las barracas son tierras de producción forestal no maderable que carecen de derechos formalmente concedidos por el Estado.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reconoció a los barraqueros una superficie de 119 mil hectáreas y les recortó más de 2,3 millones de hectáreas para redistribuirlas entre comunidades campesinas e indígenas.

Algunas de las empresas barraqueras afectadas son la Compañía Comercial e Industrial Cimagro Pando, Empresa Hecker Hermanos, Empresa Industrial y Beneficiadora de Almendra Cobepan, Empresa Agro Industrial Vargas, Empresa Manutata, Empresa Agroindustrial Amazonas, Corporación Agroindustrial Amazonas y Empresa Agroindustrial Pacahuaras.

Se recortaron las barracas de Jose Agustin Vargas Ribera y otros, Luciano Morales Velasco, Gerson Castedo Bascope, Mirtha Hurtado Aponte, Carlos Federico Valdez Hecker, Abelardo Miyashiro Baldivieso, Ciro Villavicencio Amuruz y Luis Lima Pereira, entre varios otros.

Por otro lado, en el proceso de saneamiento en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, el INRA reconoció sólo 1,3 millones de las 5,6 millones de hectáreas entregadas como concesiones forestales.

Páginas vistas en total

Archivo del blog