La Policía Boliviana fue la institución más denunciada el 2009 ante la Defensoría del Pueblo de Bolivia por vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía y los propios miembros de la institución verde olivo.
La defensora en suplencia legal, Rielma Mencias, precisó a Cambio que le sigue en denuncias el Servicio Departamental de Educación (Sed uca), la Alcaldía de la ciudad de El Alto, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), y los ministerios de Educación y de Gobierno
La entidad recibió unas 15 mil denuncias, de las cuales alrededor de 5 mil fueron admitidas. El 67 por ciento fue resuelto a través de resoluciones ministeriales y el restante 33 por ciento tuvo diferente tratamiento, entre ellos muchos casos fueron subsanados por las autoridades.
Las 10.000 denuncias que no fueron admitidas por la Defensoría del Pueblo son casos, por ejemplo, de agresiones de personas particulares, donde no tienen competencia. “El año 2009 ha sido bastante parecido, en cuanto a quejas recibidas, al 2007 y 2008”, apuntó.
Señaló que la Policía Boliviana fue la más denunciada el año pasado por vulnerar de derechos humanos de la población y los propios miembros de la institución por traslados injustificados, salarios impagos, vacaciones no otorgadas, entre otros.
“Fueron denuncias externas e internas. Hay instituciones que por su alta y permanente relación con los ciudadanos tienen mayor posibilidad de ser denunciadas”, manifestó la autoridad defensorial. Una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos contra la Policía es por detenciones ilegales en riñas callejeras o enmarcadas en las investigaciones que desarrollan.
En contraposición, la institución verde olivo evitó la utilización de métodos violentos de represión en las manifestaciones de protesta y prefirió recurrir a la persuasión. “En aquellos casos en los que ha acudido a la violencia se han investigado los hechos”, dijo.
“Hemos emitido alrededor de 130 resoluciones defensoriales, lo que implica que hubo vulneración de derechos que no han sido subsanados y amerita su seguimiento por las autoridades ante las cuales han sido emitidas las resoluciones”, sostuvo.
En 2008, la Policía Boliviana también fue la institución que más violó los derechos humanos de la población, según informe presentado al Congreso Nacional por el entonces defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Este año vuelven a aparecer como las instituciones más denunciadas el Servicio Nacional del Sistema de Reparto y los municipios, por malos tratos inferidos a la población.
Los derechos laborales son los más vulnerados
La mayoría de las quejas que recibió la Defensoría del Pueblo en pasado año provienen de los servidores públicos por la vulneración de sus derechos laborales. Estas quejas ocupan el primer lugar.
La defensora del Pueblo en suplencia legal, Rielma Mencias, informó que la entidad admitió 4.482 denuncias, de las cuales 788 fueron por vulneración a los derechos laborales en el sector público.
Mencias explicó que las denuncias son por la represalias que tomaron por presentar un reclamo, la no otorgación de vacaciones, la falta de pago por vacaciones y por despidos indebidos e ilegales, entre otros aspectos.
“Se produjeron despidos que no han cumplido la normativa legal y en algunos casos han merecido resoluciones del Ministerio de Trabajo, recomendando la reincorporación de los afectados, pero que las autoridades de algunas instituciones no han cumplido”, reprochó.
Mencias manifestó que incluso se dieron casos de despidos de mujeres embarazadas y destituciones de los progenitores, de este modo se desconoce el Decreto Supremo 012/09 sobre inamovilidad en la fuente laboral hasta el primer año de vida del hijo o hija.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió 130 resoluciones defensoriales que por el incumplimiento de las instituciones y autoridades denunciadas, se las obliga a reparar la vulneración de derechos.
En segundo lugar, con 616 quejas, está la falta de una respuesta a las peticiones realizadas. La vulneración a la integridad física, psíquica y moral ocupa el tercer lugar, con 529 quejas.
En cuarto lugar se encuentran las denuncias por vulneración al derecho que todo ciudadano tiene de exigir responsabilidad sobre los actos en la administración pública. Los casos llegan a 439.
La vulneración a la seguridad social de los trabajadores ocupa el quinto puesto, con 387 denuncias. En tanto, la vulneración del derecho a acceder a cargos públicos alcanza 355 denuncias.
El no respeto al uso, goce y disposición de sus propios bienes ocupa el séptimo lugar de quejas.
La vulneración al derecho a contar con una personalidad jurídica, al trabajo y a las garantías mínimas siguen la lista de quejas admitidas por la Defensoría del Pueblo.
La autoridad dijo que el desafío en este 2010 es hacer seguimiento a la aprobación de normas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tienen que ver con la protección de derechos de los sectores más vulnerables. El propósito será garantizar que éstas estén enmarcadas en Constitución Política del Estado.
El acceso a la información es limitado
La defensora del Pueblo en suplencia legal, Rielma Mencias, informó que el derecho a la petición es vulnerado con frecuencia en las instituciones del sector público, lo que deriva en la falta de acceso a información y resolución de trámites.
“No se da respuesta y, si se lo hace, ésta no menciona la norma legal a la cual se respalda o no satisface la expectativa del ciudadano”, señaló la autoridad.
Manifestó que lastimosamente ésta es una característica de la administración pública, que no otorga información a la población ni se hace esfuerzos por satisfacer la demanda del público usuario.
“Estamos hablando incluso de lo más mínimo. El ciudadano debería tener la posibilidad de saber cuáles son los requisitos para hacer un trámite, pero ni siquiera eso tiene”, dijo.
Ante esta falencia, Mencias recomendó a las instituciones del Estado ofrecer mayor y mejor información a la población a través de alguna oficina encargada de hacerlo, o por medio de carteles con información actualizada y precisa.
Dijo que en algunas reparticiones de la Policía ya existen algunos carteles, pero que no son suficientes pues éstos deben ser permanentemente actualizados para coadyuvar en la aceleración de trámites.