A consecuencia de la demanda del Jach`a Suyu Pakajaqi para la realización de un proceso de consulta que resguarde los derechos recocidos en la Constitución respecto a la operación de actividades extractivas (proyecto hidrometalúrgico Corocoro), el pasado 26 de noviembre el comunario Valentín Vargas denunció la agresión que sufrieron sus familiares, en el ayllu Ninoca Huallojtata, del mismo modo Elvira Martínez una de las comunarias afectadas sufrió una contusión en el ojo, como confirma el certificado médico, su hermano Eduardo Martínez sufrió una fractura en su cabeza.
Estos son los primeros resultados de los enfrentamientos ocurridos el día domingo 22 de noviembre y propiciados por el gerente de la Empresa Corocoro, Ing. Gustavo Choque, dependiente de Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), al intentar negociar con algunos comunarios por las afectaciones que la planta hidrometalúrgica ya ha causado al medio ambiente de la región.
Vargas estuvo en el reciente corte de agua a la población de Corocoro y teme por las posibles determinaciones que asuma una asamblea en la localidad que ahora reacciona por estas agresiones a sus comunarios.
“Tenemos conocimiento que hoy nos va a expulsar de Corocoro y quitarnos nuestros bienes, porque supuestamente estamos en contra del proyecto”, expresó.
Este dirigente que es afectado de manera directa por la construcción del dique de colas de la planta hidrometalúrgica de Corocoro, también denunció que en reuniones llevadas a cabo en días pasados se dieron a la tarea de levantar una lista de nombres de los participantes en el corte de agua y presume que la asamblea del próximo lunes podría determinar, entre otras cosas, el desconocimiento de autoridades originarias y la expulsión de las familias de aquellos que se sumaron a la medida de presión. “En todas estas reuniones participo el Ingeniero Hernán Uribe gerente técnico de COMIBOL”, agrega.
De acuerdo al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) sobre este conflicto socioambiental, advirtió que estas acciones constituyen una violación flagrante a los derechos humanos y constituye una violación sistemática a los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado y que ratifica los convenios y tratados internacionales, en donde se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada, a la libre determinación, al respeto y protección a las estructuras orgánicas y las normas, procedimientos propios y a su territorialidad ancestral.
Por otro lado, no se entiende el por qué la empresa estatal COMIBOL se opone al ejercicio del derecho de la consulta a las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, al no mostrarse voluntad desde los funcionarios de esta institución en hacer efectivo el acuerdo firmado entre las autoridades del ministerio de Minería y Metalurgia, COMIBOL, el Jach´a Suyu Pakajaqi y CONAMAQ.
Asimismo, se ha iniciado una campaña de desestructuración y desacreditación del Jach´a Suyu Pakajaqi, mediante la captación de dirigentes y realizando negociaciones individuales con los comunarios afectados, reproduciendo lógicas, visiones y acciones coloniales que en nada le hacen bien a este proceso de cambio, concluyó.
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