Las autoridades de Sucre participaron de forma activa en la humillación a los campesinos en esa ciudad, durante las jornadas de mayo.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó ayer los avances promovidos desde el Gobierno en materia de derechos humanos, pero lamentó la negligencia de algunas instituciones como el Ministerio Público, porque no sancionaron los actos de racismo y discriminación.
“Hay avances en el país, como la adopción de la nueva Constitución Política del Estado, que es un avance considerable, y la consagración de los derechos colectivos y hacia la población afrodescendiente”, afirmó el representante en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU, Denis Racicot.
Calificó como un gran avance la aprobación de la Ley de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene el objetivo de terminar con la discriminación y exclusión a las que fueron sometidos a lo largo de la historia en Bolivia.
Asimismo, ponderó que existen muchos avances institucionales como el nuevo Padrón Biométrico, que es uno de los mejores del mundo, impulsado por el Gobierno presidido por Evo Morales Ayma.
“Hubo medidas de reparación a las víctimas de octubre, se abrieron los procesos y tienen la posibilidad de tener un juicio justo. También se puede afirmar que existe plena libertad de prensa”, destacó.
Racicot –quien asistió a la presentación del documental Cacería y el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre los vejámenes y hechos de racismo en contra de campesinos, el 24 de mayo de 2008 en Sucre– condenó a autoridades y algunos medios de comunicación porque promovieron odios raciales y violencia.
“Llama la atención el tipo de actores que fueron protagonistas de los hechos raciales ocurridos en Sucre”, manifestó el diplomático.
Lamentó que autoridades de Sucre, nucleadas en el Comité Interinstitucional, y parlamentarios de partidos de la oposición hayan participado en los hechos lamentables contra indígenas y campesinos, cuando este sector de la sociedad debía ser abanderado de los derechos humanos.
“Las autoridades bolivianas tienen las funciones de defender los derechos de todas las personas; están llamadas a garantizar las libertades de toda la ciudadanía más allá de las diferencias políticas sociales, económicas y culturales”, reflexionó.
Asimismo, subrayó que los hechos de Sucre pusieron en evidencia un alto grado de negligencia de algunas instituciones del Estado en la protección de los derechos humanos. “Por ello, las autoridades judiciales tienen la obligación de establecer las responsabilidades correspondientes y sancionar de acuerdo a la ley”.
“Es urgente que las políticas educativas eliminen prácticas antirracistas desde los niveles primarios”, dijo.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, felicitó a la diputada Elizabeth Salgueiro, quien, a pesar de las dificultades, logró establecer responsabilidades en el caso de racismo.
Llamó la atención a la Defensoría del Pueblo que, según su criterio, no habría actuado de manera oportuna en la defensa de los derechos de las víctimas. Al ministro de Salud, Ramiro Tapia, le recomendó sancionar a los médicos y enfermeras que negaron la asistencia a los heridos.
“La TV fue la que más violó derechos”
Entre los medios de comunicación, la televisión fue la que más vulneró los derechos de los ciudadanos, afirmó ayer Erick Torrico, coordinador del Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR.
“Casi no queda duda respecto a que la televisión ha sido el lugar donde hubo más violaciones a los derechos ciudadanos –por ejemplo– mediante la invención de noticias, el sesgo informativo, la exposición morbosa de escenas de accidentes, peleas, muertes y sexo”, señaló durante un análisis sobre la situación del periodismo en Bolivia.
A pesar de que la televisión fue el escenario donde se utilizó lenguaje “soez y la difusión pública de mensajes telefónicos íntimos”, también fue un espacio donde no hubo un debate plural y equilibrado sobre asuntos políticos.
Al respecto, Denise Racicot, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, condenó el “uso” del hijo del presidente Evo Morales por la Red Uno para desacreditar al Primer Mandatario, lo que vulnera los derechos del niño y adolescente.
Destacó que este año, las agresiones a los periodistas hayan disminuido con relación a 2008, pero lamentó que dos de ellas en contra de periodistas de canales fueron incluso con armas de fuego.
Calificó como acertada la invitación del Gobierno a los miembros de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) al país para analizar la libertad de expresión.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-12-11&idn=11795