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12.11.09

Víctimas de octubre aguardan que Gobierno de EEUU se pronuncie

Los abogados, familiares de las víctimas y los heridos de la "masacre de octubre" de 2003 expresaron el jueves que aguardan que Estados Unidos "rompa el silencio sobre la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida que falló por la prosecución del juicio civil contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín (2002-2003).

El juez Adalberto Jordán resolvió que las demandas de los querellantes bolivianos contra ambas personas son viables.

La acción civil fue iniciada por los familiares de las víctimas una vez que se comprobó que en septiembre y octubre del 2003 los acusados ordenaron a las fuerzas de seguridad de Bolivia que emplearan fuerza letal, incluyendo fusiles y ametralladoras de guerra, contra manifestaciones de civiles que rechazaban la política económica neoliberal.

Con este fin, llegaron a Bolivia el director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos y Profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, James Cavallaro y Thomas Becker, para reunirse con el abogado de las 72 víctimas, Rogelio Mayta, y otros juristas.

Del total de víctimas, 60 fallecieron, además de los 400 heridos a consecuencias de disparos de armas de fuego de uso militar.

"El Departamento de Estado de Estados Unidos determinó no pronunciarse ni a favor ni en contra del fallo, simplemente guarda silencio sobre el juicio que debe enfrentar Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín", precisó Cavallaro.

En la acción civil que siguen los familiares de las víctimas en Estados Unidos, Sánchez de Lozada y Berzaín intentaron frenar la acción por los delitos de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales y homicidios, denunció el jurista.

Aseguró que "el proceso proseguirá y el fallo es solamente un recordatorio de que las ex autoridades del Gobierno boliviano no pueden actuar con impunidad".

A su juicio, la decisión "es un ejemplo poderoso de cómo el derecho internacional está impidiendo que aquellos que violan los derechos humanos puedan eludir sus responsabilidades simplemente al fugar a otro país".

A su turno, Mayta dijo "queremos una sentencia de condena, que EEUU y el mundo entero conozcan de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son unos masacradores, cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hay 72 familias que están llorando la pérdida de sus seres queridos, además de más de 400 heridos, muchos de ellos con secuelas irreparables".

"Nosotros confiamos que el propio Gobierno de Estados Unidos tanto en la acción civil como en el proceso de extradición comprenda que este juicio no se trata de ninguna persecución política, sino de un estricto caso de justicia y derechos humanos", declaró.

Según Mayta, Sánchez de Lozada está utilizando todo el poder político y económico para frenar los procesos judiciales en Estados Unidos y evitar su extradición a Bolivia.
http://www.cambio.bo/noticia-digital.php?fecha=2009-11-12&idn=535

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