2.11.09

Soza es el único encargado de investigar el terrorismo

El coordinador de la Fiscalía del Distrito de La Paz, Fernando Ganam, estableció ayer que Marcelo Soza continuará como director funcional de la investigación del caso terrorismo hasta que exista una orden contraria emanada de la autoridad nacional superior del Ministerio Público.
Explicó que sólo el fiscal general de la República, Mario Uribe, puede ordenar su cambio, de acuerdo con los parámetros legales establecidos, y descartó las consideraciones de algunos políticos opositores al gobierno de Evo Morales para pedir el cambio del operador de justicia por su supuesta falta de idoneidad en el cargo.
“Se debe entender que existe un director funcional de la investigación (del caso terrorismo), que es el fiscal Marcelo Soza. Ésa es la única autoridad encargada en el caso”, manifestó.
En ese sentido, Ganam recordó que sólo el director funcional de la pesquisa puede disponer que sean realizadas actuaciones investigativas o cuanto peritaje sea necesario en el afán de establecer la verdad histórica de los hechos.
Ganam señaló que por ello es preciso tomar en cuenta que el fiscal Soza es la única autoridad que puede establecer la pertinencia o impertinencia de la inclusión en su labor de las fotografías y videos que fueron difundidos en los últimos días en los medios de comunicación.
La autoridad del Ministerio Público se refirió al tema debido a que el fiscal Marcelo Soza estableció el pasado jueves, por medio de un comunicado, que duda de la autenticidad de los videos difundidos por varios medios de comunicación en las últimas horas, y aseguró que no pueden ser sometidos a pericias para establecer su autenticidad.
El operador de justicia menciona en el documento que los videos difundidos en los últimos días no fueron presentados oficialmente al Ministerio Público, un requisito imprescindible para su validación y su autenticación.
“Estos videos no pueden ser objeto de pericia técnica y su difusión en medios de comunicación puede afectar su calidad de prueba”, establece en el texto enviado a los medios de comunicación.
En el comunicado añade que continuará con la investigación en apego a las disposiciones legales en vigencia y cumpliendo con sus funciones.
Además, en el documento ratifica que en los próximos días convocará a otras personas involucradas en el proceso y también a algunos representantes de la Policía Boliviana para que complementen los informes entregados al Ministerio Público.
Además, a raíz de los pedidos de algunos parlamentarios opositores de separarlo del caso, Soza asevera que mantendrá su labor al margen del debate político, mediático y electoral que se da, pues tiene la misión de establecer la verdad histórica sobre el caso de terrorismo y alzamiento armado.

Ex aliado de Rubén Costas confirma existencia de La Torre
El ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Santa Cruz, Jorge Aldunate Salvatierra, confirmó ayer la existencia del denominado grupo La Torre, que se encargaba de recolectar fondos para respaldar la lucha por las autonomías, además de otras actividades como la labor de la célula liderada por el boliviano croata Eduardo Rózsa Flores.
En conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, el ex hombre de confianza del prefecto Rubén Costas señaló que toda la estructura prefectural cruceña era parte del grupo (La Torre), que recibía aportes de sectores empresariales para financiar las movilizaciones en contra del Gobierno.
Entretanto, el prefecto Costas, en Santa Cruz, afirmó que el Gobierno debió proteger la vida de Eduardo Rózsa para que se supiera toda la verdad.
“El tema del terrorismo se les ha caído. Para que sepamos con quién ese señor tuvo contacto, quiénes lo financiaron; si fue el propio Gobierno el que lo infiltró, era que lo hayan protegido y dejado vivo por ser un tema fundamental y un principio universal del derecho a la vida”, afirmó.

Ex unionistas se querellan contra Soza y Yañíquez
El hermano de Alcides Mendoza y la esposa de Juan Carlos Guedes presentaron una querella contra la juez séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, y el fiscal Marcelo Soza, en la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, por incumplimiento de una acción de libertad declarada procedente a favor de los dos ex unionistas.
El documento fue presentado por el abogado Tomás Contreras y pide que las autoridades judiciales paceñas sean procesadas por atentado a las garantías constitucionales.
La solicitud se basa en el Artículo 127, inciso I, de la Constitución Política del Estado, que menciona “que los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción serán remitidos por orden de la autoridad que conoció la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal”.
El abogado defensor de los ex unionistas, Denver Pedraza, explicó que la querella fue planteada porque tanto Yañiquez como Soza se negaron a dar cumplimiento a la acción de libertad declarada procedente a favor de sus clientes, quienes debieron ser trasladados nuevamente a Santa Cruz. Recordó también que las autoridades judiciales fueron notificadas el 20 de octubre.
Mencionó que la sentencia del caso fue efectuada por los vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-10-31&idn=10069

Vistas de página en total

Archivo del blog