Las operaciones de la planta hidrometalúrgica de cátodos de cobre (láminas) de Corocoro y la de ácido sulfúrico de Eucaliptus —ambas en el departamento de La Paz— empezaron sin contar con las licencias ambientales respectivas, según lo reconocieron el presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda y el director de Minería, Freddy Beltrán.
Sin embargo, ambas autoridades aclararon que estas licencias ambientales están en pleno trámite. Pero el hecho de operar sin este documento viola las normas (leyes y reglamentos) nacionales.
El coordinador nacional de Investigación y Monitoreo Ambiental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Marco Octavio Ribera, sostiene que la puesta en marcha de la planta de Corocoro sin licencia ambiental se debe a dos fallas. “Una atribuible a Comibol, que ha obviado los procesos, y ha acelerado una planta hidrometalúrgica de relevante nivel de riesgo, sin la aprobación y emisión de la licencia ambiental”. Y la otra que viene de las autoridades ambientales competentes (a nivel central y departamental), que no han desarrollado un seguimiento estricto a ese proceso de inicio público de actividades sin licencia ambiental. “El hecho de que Corocoro inicie actividades sin licencia es pasible de sanción. Si se llegaría a aplicar la Ley del Medio Ambiente con sus reglamentos, incluso debería de paralizarse la obra”, advirtió Ribera.
El ejecutivo de Lidema indicó que las oficinas del Estado, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o Comibol deben hacer mejores esfuerzos para alcanzar un adecuado nivel de sensibilidad y responsabilidad social y ambiental, y no poner en situaciones difíciles al Gobierno, “puesto que su accionar lo lleva a caer en un doble discurso”.
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