Los familiares de los fallecidos y los heridos por la masacre de Porvenir ratificaron ayer la acusación particular contra Leopoldo Fernández y otras 26 personas por los delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves y asociación delictuosa ante los miembros del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentó primero su documento a nombre de todos los afectados, cerca de las 14.30, y dos horas después lo hizo la representación legal de ocho fallecidos y 20 heridos en los hechos del 11 de septiembre de 2008, registrados en la localidad de Porvenir, Pando.
El texto mantiene los tipos penales del Ministerio Público porque los afectados consideran que los acusados fueron responsables de los delitos calificados por la muerte de más de 13 personas y las lesiones de decenas en una emboscada preparada por funcionarios prefecturales y cívicos contra campesinos que viajaban hacia Cobija.
“Sólo hay una diferencia de la visión sobres los hechos, pero eso sucede en el caso de los antecedentes de los sucesos, es decir, cómo vemos lo que sucedió de forma concreta, que es un poco diferente a lo establecido por la Fiscalía”, explicó la abogada de los familiares de tres estudiantes normalistas fallecidos, Mary Carrasco.
La presentación del documento es la culminación de la etapa de acusaciones en la preparación del juicio oral contra Leopoldo Fernández y los otros implicados ante el Tribunal Sexto de Sentencia.
La siguiente etapa tendrá como objetivo que los involucrados sean notificados para que en el lapso de diez días expongan los criterios de su defensa o se sometan a los cargos calificados. Terminado el plazo establecido se realizará el sorteo de los tres ciudadanos que apoyarán a los jueces técnicos en el juzgamiento, una vez que se señale el día y la hora del inicio del proceso penal. Los 27 acusados de manera formal por la comisión material e intelectual de los hechos del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir enfrentarán una posible condena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.
Por su parte, la abogada defensora de Fernández, Sandra Almanza, dijo una vez más que su cliente es inocente porque el día de los sucesos que implicaron la acusación pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía para evitar que haya un enfrentamiento entre los campesinos y un grupo de funcionarios prefecturales y cívicos. “Mi cliente ha convocado, pedido e insistido para que todos se presenten, pero sus solicitudes fueron denegadas en ese momento”.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-11-21&idn=10925