Marco Chuquimia. La Paz
La mayoría oficialista impuso su informe en la comisión que investiga el caso Rózsa y recomendó a la Fiscalía investigar a los líderes políticos y empresariales cruceños, además de solicitar la extradición de ciudadanos extranjeros que estuvieron en Santa Cruz. Pese a que la diputada Marisol Abán abogó para que el informe opositor también sea tomado en cuenta, éste fue desechado.
Los masistas piden a la Fiscalía que se investigue a seis dirigentes: Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Cívico; Rubén Costas, prefecto cruceño; Eduardo Paz, presidente de la Cainco; Mauricio Roca, presidente de la CAO; Germán Antelo, candidato a senador, y Guido Nayar, vicepresidente cívico, “por la organización y financiamiento de un grupo paramilitar que en nuestra legislación es tipificado como alzamiento armado”, sostiene el documento final.
Para el diputado Pablo Banegas, miembro de la comisión, este pedido es vacío, ya que no indican por qué deben ser investigados. No establecen ningún vínculo ni motivo para la indagación. Este diario intentó comunicarse con algunos de los mencionados, pero esperan conocer el documento para pronunciarse.
Los oficialistas también solicitaron al fiscal la extradición de los presuntos cómplices de Eduardo Rózsa: Gábor Dudog, Gáspár Daniel, Támas Lajos Nagy, Ivan Pistovcak, Alejandro Hernández Mora, Tibor Révész, “para que sean investigados y respondan ante la justicia boliviana”.
También recomiendan pedir que Alejandro Melgar, Hugo Achá, Luis Hurtado Vaca, Lorgio Balcázar, Alejandro Brown Ibáñez, Rony Hurtado Vaca, Juan Carlos Velarde, Enrique Vaca Pedraza y Orlando Justiniano sean localizados “y conducidos ante la justicia boliviana”.
Para las defensas de los nombrados no pueden ser considerados rebeldes, porque no han sido notificados en sus domicilios procesales.
Los oficialistas también consideran que el fiscal Soza debe convocar a los benianos Alberto Melgar, ex dirigente cívico; Juan Carlos Suárez, ganadero; al asesor del Comité beniano, Soilo Salces; el alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui; al funcionario prefectural Carlos Dellien y a Isaac Shriqui “porque no acudieron a la convocatoria que realizó la comisión cuando investigaba el caso”.
El fiscal de distrito de La Paz, Fernando Ganam, ya adelantó que el informe no será tomado en cuenta porque se basa en las investigaciones del fiscal Soza y sería ilógico que documentos que el investigador envió al parlamento vuelvan a su poder.
Detenidos apuntan a un neomasista
Los ex asesores unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza dijeron, desde sus celdas, que Víctor Hugo Rojas, ex guardaespaldas de la Prefectura que pasó a filas del MAS, estuvo con otros dirigentes en las instalaciones de la Fexpo “pasando instrucción” con Eduardo Rózsa.
De acuerdo con las palabras de Gueder, Rojas era miembro de la Unión Juvenil Cruceñista y en tiempos de la presencia de Rózsa, junto con un grupo de Falange Socialista Boliviana, pasaron instrucción militar.
“Cuando le dije eso al fiscal, él me dijo que no era relevante y no quiso convocar a esa persona, porque me preguntó qué dirigentes estaban en ese grupo y le dije que le preguntara a Víctor Hugo Rojas porque él sabía”, dijo Gueder.
Gueder y Mendoza continúan detenidos en celdas de la Policía Judicial porque no existe ningún juzgado que pueda ejecutar la acción de libertad que obtuvieron en el juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz.
Gueder señaló que en todas las salas donde presentaron esta resolución judicial fueron recusadas por los abogados del Ministerio de Gobierno.
Por otro lado, hoy debe declarar la dragoneante Marylin Vargas Villca, en el proceso que le sigue a tres parlamentarios opositores.
Soza citado a declarar
El fiscal cruceño Jorge Antonio Abella citó a su colega paceño Marcelo Soza por una denuncia presentada por los diputados Bernardo Montenegro, Marisol Abán y Pablo Banegas, por una supuesta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en la investigación del caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz.
Para ello instruye a un investigador citar y tomar declaración a los denunciantes y a los testigos del hecho y al denunciado, así como investigar qué tipos de documentos deben ser requeridos para realizar la investigación.
La demanda fue interpuesta hace dos semanas en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, porque Soza se negó a entregar información a la comisión parlamentaria que investigó los hechos del hotel Las Américas y los atentados en Santa Cruz.
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