El gobierno boliviano consideró una buena señal la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que falló como procedente una demanda presentada por familiares de las víctimas de la masacre de octubre negro para que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sea juzgado por delitos de lesa humanidad en esa ciudad y abogó por su extradición para que responda en Bolivia por las muertes de la represión que ordenó antes de huir a ese país.
El portavoz presidencial, Iván Canelas, dijo que al gobierno boliviano "le parece bien" esa decisión del juez estadounidense que incluye también al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
Ambos fueron demandados en ese juzgado por Eloy Rojas Madani y Etelvina Ramos Madani, cuya hija de ocho años murió en el dormitorio de la señora Madani, víctima de un disparo que penetró por la ventana del dormitorio, según el periódico Cambio.
Las demandas fueron presentadas bajo el amparo de la ley "Alien Tort Statute" de Estados Unidos y alegan que se cometieron ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos bolivianos en octubre de 2003.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín trataron de frenar ese proceso pero el juez federal Adalberto Jordán desestimó todas las mociones.
El vocero presidencial dijo que el Gobierno espera que Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y otras ex autoridades que acompañaron a ese régimen, y que ahora se encuentran refugiados en distintos países "escapando de la justicia, puedan ser juzgados en Bolivia por jueces bolivianos y que sean ellos quienes tomen una determinación de si son o no responsables de lo que pasó en el año 2003".
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