La comunidad Sindicato Campesino de Arroyito, situada a 3 kilómetros de Cotoca del departamento de Santa Cruz, fueron agredidos por personeros de la alcaldía de la región, mismos que argumentaron que las tierras son de la alcaldía y que deben desalojar el lugar.
Este hecho se produjo el pasado miércoles, cuando un grupo de personas pertenecientes a la comunidad fue agredida por parte de “unos desconocidos”, supuestamente vinculados al municipio de Cotoca donde se sitúa la comunidad Arroyito.
Esta agresión se dio en el marco de una reunión entre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y los integrantes de la comunidad, debido al proceso de saneamiento que lleva en curso, frente al que se oponen, sin fundamento legal, las autoridades del municipio de Cotoca.
El abogado de la comunidad Tito Pérez Ortiz, manifestó su preocupación ya que los agresores de la alcaldía amenazaron a la gente de la comunidad diciendo que este domingo los irían a enfrentar y los sacarían a la fuerza.
“Son aproximadamente 60 familias que se verían afectadas ante este atropello, donde lo único que quieren es que las 16 hectáreas donde viven desde hace 20 años se les titulen”, puntualizó.
Esta agresión no fue un hecho aislado sino que vienen efectuándose en forma sistemática desde principios de octubre y con la participación del alcalde.
Breve descripción de los acontecimientos:
En noviembre de 2008, la comunidad comienza su solicitud de saneamiento. Fruto de esto, el INRA prioriza ese área para ser saneada determinando la inmovilización de la zona, es decir, que nadie la puede vender ni parcelar ni hacer mejoras por estar en proceso de saneamiento.
En octubre de este año, la comunidad quiere que se agilice el proceso después de que el alcalde les diera a conocer que iban a urbanizar la zona que ellos pretendían que se saneara.
Tiempo después, personeros de la alcaldía fueron a donde se encuentra la comunidad y, sin documentos, amedrentaron a la gente diciendo que las tierras son de la alcaldía y que debían irse.
Esta situación de amenaza llegó hasta la conformación de grupos irregulares de choque con los que la comunidad tuvo que lidiar en varias oportunidades.
Justo antes de hacer las pericias de campo, el alcalde en persona amenazó verbalmente a un abogado del INRA para que no continuara con su trabajo.
Los abogados de la comunidad presentaron una denuncia ante Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se frenen las agresiones.
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