Conflicto: El domingo hubo enfrentamientos entre campesinos y sus dirigentes que negociaban la compensación por terrenos con Comibol, pero no se reportaron heridos de gravedad. La población recibe el líquido de manera intermitente para su consumo.
La tensión en Corocoro sube. Un grupo de comunarios del lugar cortó el suministro de agua a la planta de explotación y producción de cobre electrolítico que impulsa la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) desde el 26 de octubre.
Además, el domingo 22 de noviembre los campesinos se enfrentaron con un grupo de sus dirigentes que negociaban la compensación a los dueños de los terrenos que fueron afectados por el proyecto.
La comunidad de Sukuipata interrumpió desde ese día el suministro de agua a la planta ubicada en la provincia Pacajes, a 50 kilómetros de La Paz, debido a que la Comibol pudo haber aumentado el caudal del río que alimenta a las poblaciones del lugar para alimentar del líquido a la planta hidrometalúrgica.
La gente del lugar acumuló tierra en el río Puentesuelo, punto de división del agua que se distribuye a Corocoro y Sukuipata.
Para dar continuidad a las operaciones en el emprendimiento sólo se usan las reservas acumuladas en las últimas semanas.
La población también fue afectada, de acuerdo con lo que pudo constatar La Prensa en una visita al lugar. Sin embargo, a pedido de Comibol, se logró que el agua fluyera a la población y no al proyecto. Aun así, el conflicto no fue resuelto porque el líquido llega con intermitencia y no con la regularidad necesaria como ocurría antes.
Los comunarios además observan que el proyecto hubiese iniciado operaciones sin contar con la licencia ambiental y sin la consulta previa a los pobladores y denunciaron efectos negativos en la fauna y flora del lugar.
Según los testimonios recogidos, el domingo en la tarde los campesinos del lugar se enteraron de que en la planta de explotación de cobre Comibol había convocado a una reunión a otro grupo de comunarios dueños de terrenos para negociar una compensación.
Una vez que arribaron al lugar fueron impedidos de ingresar y se libró un enfrentamiento a golpes entre ambos bandos, pero sin heridos de gravedad.
La Prensa verificó ayer que una señora aún tenía las secuelas de los golpes en uno de sus ojos, que estaba morado. El dirigente campesino Rafael Quispe, en declaraciones a Radio Panamericana, denunció que el domingo en circunstancias en las que un grupo de comunarios se dirigía a la planta fueron atropellados por los trabajadores y algunos sufrieron roturas en el cráneo.
Esto, dijo, aparentemente por instrucciones del gerente del proyecto Gustavo Choque y con amenazas del sindicato de que saldrán en defensa de sus puestos de trabajo si continúa la oposición al proyecto.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Guido Mitma, dijo que la organización no recibió el reporte de ningún enfrentamiento en la zona.
El ministro de Minería, Alberto Echazú, señaló que el Gobierno condena la violencia y, si hubo algún problema, se tomará contacto con el sindicato de trabajadores.
La autoridad aseguró que carece de información de heridos, pero anunció que se investigará y pedirá más datos.
“No tenemos información de heridos, es posible, pero condenamos cualquier hecho de violencia o agresión”.
Sin embargo, el titular de Minería criticó el corte en el suministro de agua al proyecto y a la población de la zona. “Nadie puede dejar de tomar agua, el corte es un sabotaje y un acto de terrorismo”. Para el Órgano Ejecutivo todas las denuncias de afectación al medio ambiente, a los animales deben demostrarse a través de una investigación.
Echazú agregó que el proyecto apunta a una remediación por los daños que hubo en años anteriores y una muestra es que el agua que utilizará la planta será procesada y no se la desperdiciará.
Quispe también denunció que efectivos militares arribaron a la zona, pero La Prensa verificó que sólo hubo un pedido del regimiento del lugar para que se les restituya el agua.
Para la FSTMB, algunos “malos dirigentes” de los campesinos pretenden obstaculizar el proyecto a pesar de que ya cuenta con licencia ambiental y apunta a generar desarrollo para la zona.
El emprendimiento fue inaugurado el pasado 26 de octubre por el presidente Evo Morales en su primera fase, en la que se impulsará desde una planta hidrometalúrgica la producción de cobre electrolítico.
Para ese fin, Comibol comprometió una inversión de 18 millones de dólares, fondos que serán recuperados en cinco años.
El yacimiento cuenta con reservas de diez millones de toneladas métricas brutas de mineral de cobre y se espera que en el futuro Bolivia sea el tercer productor mundial.
El Gobierno condenó la interrupción del curso de agua al proyecto.
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