La organización e instalación del juicio oral por el caso de la masacre de Pando pasó al Tribunal Séptimo de Sentencia por una recusación planteada contra los jueces técnicos de la instancia judicial que conoció primero la acusación formal, Rubén Ramírez Conde y César Portocarrero Cuevas.
La representación legal de tres de los 27 implicados planteó el recurso bajo el argumento de que los administradores de justicia, miembros del Tribunal Sexto de Sentencia, dieron un criterio anticipado sobre los sucesos del 11 de septiembre de 2008 ocurridos en la localidad pandina de Porvenir.
La abogada defensora de Leopoldo Fernández, Sandra Almanza, mencionó que no participó en la recusación porque piensa insistir en que sea aplicado un juicio de responsabilidades contra su cliente por su calidad de ex prefecto del departamento de Pando.
Manifestó que el recurso planteado es una dilación más que afecta a la administración de la justicia, que se suma a las acciones de retraso asumidas por el Ministerio Público y la acusación particular. “La dilación mayor viene de los querellantes porque presentan sus acusaciones ante jueces que no reconocen la ley”, aseveró.
Dijo que existe una manipulación deliberada en el caso de Fernández, porque no se le deja hablar aun como candidato vicepresidencial, con la argucia de que se pida un permiso a un juez cautelar sin competencia alguna en la administración penitenciaria.
Recordó que entre las acciones que pueden beneficiar a su defendido está la aplicación de un amparo constitucional declarado hace poco procedente a su favor, así como una queja planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cuya respuesta dependerá que se conmine al Gobierno boliviano para que cumpla las leyes internas.
Entre tanto, la abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, explicó que el juicio contra Leopoldo Fernández y los otros 26 acusados empezará recién en 2010 y no antes de las elecciones generales del 6 de diciembre.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-11-04&idn=10224