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3.11.09

Bolivia: A más de un año de la Masacre de Pando

Por María Sol Wasylyk

“Más alla de la masacre Porvenir, hubo masacres que no han sido registradas. Desde fines del siglo XIX hubo masacres de indígenas, de campesinos, de gomeros, de siringueros, de familias enteras… y nadie decía nada, .(……) pero lo de Porvenir es poquito para la historia de esta región. Antes, los terratenientes debían saldos a las familias y para no pagarles los hacían desaparecer, a familias enteras,…y nadie reclamaba. Se decía que se perdieron en la selva, que se las comió el tigre, que naufragaron…..Entonces, masacres acá hubo siempre, solamente que ésta, la de ahora, fue registrada…”.

Así comienza el relato Carlos, un indígena de la etnia tacana de la amazonia boliviana, cuando alguien le pregunta porqué ocurrió la masacre de Pando, tal como la denominaron los organismos nacionales e internacionales, en septiembre de 2008. Este episodio posibilitó que la violencia que había en ese momento en el país se aplacara y que Bolivia se reencaminara por la vía democratica. Pero hoy, a más de un año, la justicia no se expidió sobre los responsables de las muertes.

El 11 de septiembre de 2008, en el departamento amazónico de Pando, uno de los sitios de mayor oposición al gobierno de Evo Morales, una decena de campesinos fueron asesinados cuando se dirigían a un congreso organizado por ese sector. En ese entonces, Bolivia se encontraba convulsionada por la toma de decenas de edificios públicos, saqueos y destrucción de organizaciones sociales y entidades no gubernamentales por parte de quienes promovían la autonomía departamental, es decir, opositores al Gobierno.

En esos días fueron asesinados por supuestos opositores al Gobierno: tres estudiantes normalistas que acompañaban la movilización, seis campesinos, un pastor que aparece en filmaciones amenazando con un arma a campesinos rehenes, un conscripto y dos integrantes de la prefectura. A pesar de que muchos sostienen que fue un enfrentamiento, la disparidad de los muertos demuestra lo contrario. Por eso se acuñó el término “masacre” desde los organismos nacionales e internacionales que investigaron los hechos, como la ONU y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Este término ha sido empleado por el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y lo emplea cuando en un mismo hecho se ha asesinado o privado de la vida a tres o mas personas.

Además, en el caso de Porvenir, tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia como la comisión investigadora de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) calificaron los hechos de “crímenes de lesa humanidad” porque los asesinatos que se cometieron fueron en el marco de un ataque generalizado contra la población civil.

Contexto previo

Una semana antes del 11, la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando había convocado a sus diversas regionales para tratar el siguiente temario: análisis social de la problemática departamental, tema combustible, defensa de los recursos naturales y medio ambiente, redistribución de tierras fiscales, análisis de la autonomía regional e indígena originario campesino y asuntos varios. Esta convocatoria fue de urgencia.

Por aquel entonces, Bolivia era escenario de caos. A fines de 2007, el Gobierno había quitado a las prefecturas, es decir, a los gobiernos departamentales o provincias, el 30 por ciento del dinero que recibían por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se cobra a las empresas petroleras operantes en el país. Con esa suma, el presidente instruyó pagar la renta Dignidad, un bono de 30 dólares anuales para personas mayores de 60 años. Según los opositores de Morales, el recorte del IDH significaba “un ataque a la autonomía de nuestros departamentos”. Se tornó complejo el diálogo entre ambas partes. En respuesta, hubo toma de instituciones estatales, organizaciones sociales de campesinos e indígenas y ONG que trabajan con ellos. En Pando eran perseguidos los dirigentes campesinos y en varios casos fueron agredidos.

En este marco, los campesinos de Pando decidieron movilizarse hacia un congreso para hacer frente a esa situación. Nadie imagino lo que se iba a desatar. La principal preocupación se asentaba en el tema tierras, ya que una de las instituciones tomadas por los grupos civicos prefecturales fue el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Entonces, los campesinos convocaron un ampliado. También, para ese momento, además del INRA, ya habían tomado el aeropuerto, la aduana, impuestos nacionales.

Un mes antes de la masacre, en Pando se había finalizado el proceso de saneamiento, más específicamente, la etapa de geo referenciación del territorio, que indica qué parte le correspondía a cada quien. Los campesinos recuerdan que para decir que efectivamente el territorio fue “saneado” debe resolverse la situación de las concesiones forestales de la región que ocupan casi dos millones de hectáreas de las más de seis que tiene el territorio pandino.

Las organizaciones sociales de base tuvieron el rol protagónico en ese desarrollo que se caracterizó por arduas conciliaciones con sectores diversos. El INRA acompañó ese proceso.

Según datos de este organismo, antes de 1996, el 94,7 por ciento de las más de 6 millones de hectáreas del departamento estaban concentradas en pequeñas, medianas y grandes empresas, además de concesiones forestables, maderables y no maderables. Tan solo el 0,5 por ciento había sido tramitada por comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas, mientras que el restante 4,8 por ciento eran tierras fiscales. Con este proceso se regularizó el derecho de propiedad. El 42 por ciento de la superficie departamental se encuentra a favor de comunidades campesinas e indígenas. Esto muestra la perdida de poder de determinados sectores, lo que para muchos motivó lo que pasó el 11.

En los primeros días de septiembre de 2008, la prefectura pandina barajaba el nombre de un nuevo director del INRA “con el fin de realizar una nueva titulación agraria”, informaba el diario cruceño El Deber de esos días. Los campesinos entendieron que se corría el riesgo de que el proceso territorial se revirtiera. Ante semejante situación convocan a este encuentro, para tomar alguna medida.

El 11

La movilización concentró unos mil campesinos. Movilizarse implica dejar sus chacos, viajar varios días en micros o camiones cargando hijos, bolsos de ropa, comida, más los ancianos o toda la familia a cuestas.

Los campesinos no pudieron llegar al lugar de la convocatoria. En horas de la madrugada del 11 encontraron zanjas de varios metros de profundiad que impedían el paso. Cuando quisieron dialogar, los autonomistas les dijeron que se regresen y posteriormente los persiguieron. El peor momento fue en la plaza central de Porvenir, a donde llegaron los campesinos despues de tapar las zanjas. Despues, comenzó la balacera. La gente escapó por donde pudo, corriendo, nadando, en medio del monte.

Al día siguiente, el Gobierno declaró estado de sitio, el cual duró 72 días. El 16 de septiembre fue detenido el ex prefeco de Pando Leopoldo Fernández quien tendrá que enfrentar un proceso penal ordinario por los delitos de “homicidio, terrorismo, asociación delictuosa, lesiones gravísimas, graves y leves”. La causa implica a otras 26 personas.

Además de los muertos, hubieron cientos de heridos y muchos se convirtieron en desplazados, quienes se dirigieron a La Paz para preservar su seguridad y su vida.

El después

La gente caminó durante días en el monte, descalzos, agotados, sedientos, con hambre, con temor a hacerse atender en los hospitales por miedo a que los denunciaran o los mataran.

Los sobrevientes no volvieron en foma inmediata a sus hogares, muchos tardaron semanas en regresar por miedo. Otros se fueron a La Paz, ayudados por ongs y el Gobierno. Allí brindaron testimonio a funcionarios de la justicia y a los medios. Hicieron vigilia en la puerta de la cárcel para que no se sacara a Leopoldo. Para estar en La Paz debieron dejar sus hogares, algunos a sus familias, sus chacos, el trabajo en las organizaciones a las que pertenecen. Todo eso se detuvo.

El 11, antes del desastre, llevaban bolsos con sus ropas, documentos personales de indentidad, documentos de los procesos de la tierra, dinero. Todo eso quedó en los camiones en los que se transportaban los cuales posteriormente fueron quemados o robados.

Con el paso de los meses, fueron retornando a sus hogares. Como no pudieron atender sus chacos, o chacras, para autoconsumo o ventas, muchos no tuvieron qué vender ni con que sostenerse. A algunas comunidades llegó alguna vez Defensa Civil para repartir algunos kilos de alimentos pero no fue de forma regular. Lo cierto es que la ayuda llegó a gente que no había estado el 11 en la movilización, y quien sí padeció en muchos casos no recibió nada.

Después del 11, muchos campesinos encontraron que sus casas habían sido asaltadas, sus familias amenazadas y a muchos los habían ido a buscar personas encapuchadas, entonces no pudieron retornar a sus hogares. A pesar del estado de sitio, la seguridad no fue percibida en las comunidades, que era de donde provenían la mayor cantidad de campesinos.

Para los campesinos, el descabezamiento de Leopoldo no cambió la estructura de poder, los puestos en las alcaldías y en la prefectura los siguen ocupando muchos de los atacantes del 11.

Además, muchos dirigentes campesinos sufrieron la desconfianza de las bases por la campaña efectuada en su contra que decía que ellos sí sabían lo que iba a pasar el 11 y aun así enviaron al muere a sus compañeros. El hecho de que en los primeros meses el Presidente no los recibiera tampoco ayudó en ese sentido.

Historia de la región

Para muchos el 11 es una herida más que se puede volver a repetir. Esta región de Bolivia era habitada, originalmente, por las etnias tacana, chacobo, cavineña , pacahuara, esse ejjas, entre otras, y recibió a fines del siglo XIX una oleada de trabajadores promovida para el aprovechamiento de la goma por el clan familiar de Nicolás Suárez, que prácticamente gobernó la región con un sistema semi esclavizante de explotación. Descendientes de ese clan y de otros aseguran que sus antepasados “no tuvieron suficientes balas para exterminar a los indígenas de la región”.

Allí existía el sistema de trabajo denominado “el habilito” que consistía en el endeudamiento del trabajador y su familia por consumo de productos que el patrón obligaba a comprar y que debían pagar con la producción de la zafra y otros quehaceres del campo. Los trabajadores resultaban endeudados y eran obligados a pagar inclusive por parte de sus hijos y familia en caso de muerte.

Despues del auge de la goma, la economía se basó en la castaña, de ahí los arboles inmensos de la zona. En los últimos 20 años, la pobreza en el área rural se incrementó de un 60 a un 80 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. El aprovechamiento de la castaña involucra a más de 20 mil familias entre zafreros y quebradoras de almendra que se benefician sólo con el 20 por ciento de los ingresos, mientras que las 20 familias propietarias de las beneficiadoras de almendras y los intermediarios latifundistas se benefician con el resto. Con ese historial, la gente comenzó a organizarse, hartos de los abusos de los patrones y reclamando su derecho a la tierra.

Responsabilidades

A pesar del paso del tiempo, para las víctimas del 11 de septiembre nada cambió. Su situación empeoró aunque en el contexto nacional el caos aminoró: la oposición finalmente se sentó a dialogar con el Gobierno; a mediados de octubre de 2008, el Congreso aprobó el texto que la asamblea constituyente debatió durante meses; el 25 de enero, el 60 por ciento del país aprobó por voto popular el nuevo texto constitucional que le otorga a Evo Morales la posibilidad de ser reelecto el próximo 6 de diciembre.

Para los campesinos, el principal responsable de los hechos fue el ex prefecto Leopoldo Fernández ya que, según relatan, vieron a sus funcionarios disparando y agitando y a las movilidades de las prefectura el día de la matanza. Leopoldo se encuentra detenido en el penal San Pedro de La Paz hace más de un año, tiempo durante el cual aún no fue juzgado ni condenado. La tardanza para que comience el proceso también fue fruto de las numerosas recusaciones de jueces.

Mucha gente en el campo sigue hablando de la desaparición de mujeres y niños, mujeres a las que le rompieron sus vientres y supuestas fosas comunes donde habrían sido enterrados. La justicia no sigue esta pista porque, según dicen, no obtuvo suficientes pruebas. Solo queda la duda, una más.¿Por qué ante semejante balacera solo perecieron hombres adultos?.

Los cívicos “acusan al ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana de haber organizado la movilización”, según señalaba el diario La Razón en aquellos días. Muchos cívicos se encuentran con status de refugiados en Brasil ya que Cobija es ciudad fronteriza.

Cuando se cumplieron los tres meses de la masacre y comenzaba su retorno, se ordenaron detenciones que fueron criticadas por la forma en que fueron efectuadas. Los cívicos señalan que los detenidos son “presos políticos” y que ellos también fueron y siguen siendo perseguidos.

Leopoldo Fernández fue funcionario de varias dictaduras: con Luis García Meza, entre 1980 y 1981; con la “junta militar de gobierno” compuesta por Celso Torrelio y Guido Vildoso, entre 1981-82, fue director del Instituto Nacional de Colonización de Pando y con Hugo Banzer, entre 1997 y 2002, fue parlamentario, prefecto y ministro de Gobierno.

La causa en su contra es un proceso penal ordinario. La defensa de este ex funcionario, que actualmente se postula para ser vicepresidente en las elecciones del 6 de diciembre, hubiese preferido un juicio de responsabilidad que, como se sabe, son muy tardíos.

Interrogantes

Cuando recién había ocurrido la massacre, el diario el Deber de Santa Cruz de la Sierra, muchas veces tildado de “de derecha”, publicaba en una nota de opinión: “Jugar con la necesidad de los oprimidos para conseguir un objetivo político es la peor práctica, pero la más utilizada en nuestro país………..A ambos se les mintió. Los unos marcharon con la seguridad de que sus esfuerzos eran por una causa justa y los otros porque debían obediencia a quienes les ayudaron a tener un ingreso económico para mantener a la familia….. Ahora, ambos comparten el miedo, miedo de volver a ser utilizados y de aceptar ser utilizados, ya que el miedo es el mejor instrumento que se usa contra ellos para seguir sometiéndolos.”

Con el paso del tiempo, surgen interrogantes. “¿Por qué el estado boliviano no intervino si estaban tomando sus instituciones desde hacía varios días antes? ¿Por qué no frenó la oleada de violencia? ¿Por qué, si se sospechaba que las fuerzas de oposición en Pando tomaban las instituciones del Estado no apresó al prefecto y quizás eso frenaba los muertos que hubo? ¿Por qué aún hoy nadie nos escucha y nadie nos ayuda?”, reclaman las voces que tienen nombres y apellidos pero que prefieren aún que no se las mencione. Se presume que si el caos estallaba en Santa Cruz de la Sierra, el episodio hubiese terminado en golpe de Estado.

En hechos como estos hay que recordar que hay diversos tipos de responsabilidades: por acción, pero también por omisión y por dilación o denegacion de la justicia, es decir, cuando no se agotan las líneas de investigación para llegar a la verdad de los acontecimientos.

Ojalá algun dia se llegue a la justicia de verdad para los sobrevivientes, para las viudas, para quienes perdieron a sus hijos, a sus maridos y padres. Ojalá algún día se sepa toda la verdad y pueda ser utilizada para un buen fin, le pese a quien le pese.

http://www.servindi.org/actualidad/18454

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